La Procuraduría informó en la mañana del 17 de marzo de 2026 que inició proceso disciplinario contra tres funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) por su posible implicación en irregularidades durante la liberación de Francisco Javier Zuluaga Lindo, alias Gordo Lindo, ocurrida en noviembre de 2022 en la cárcel La Picota de Bogotá.
La entidad determinó que existían antecedentes judiciales y órdenes activas contra el interno cuando salió de la cárcel el 29 de noviembre de 2022.
Entre los funcionarios bajo investigación se encuentran el exdirector de la cárcel La Picota, Horacio Bustamante, el funcionario del área jurídica Fabián Solano y el guardián Wiliam Salas. La Procuraduría sostiene que los implicados autorizaron la excarcelación sin haber revisado de manera rigurosa las bases de datos judiciales, omisión que constituye un paso obligatorio antes de conceder la libertad a cualquier recluso.
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El pliego de cargos apunta a que, pese a los antecedentes y requerimientos judiciales activos contra Zuluaga Lindo, los funcionarios no cumplieron con el procedimiento para verificar su situación legal. La información aportada por la Fiscalía General un día antes de la excarcelación advertía sobre una boleta de detención por el delito de tráfico de estupefacientes agravado, lo que reafirmaba la obligación de mantener al interno bajo custodia.
La revisión del expediente confirmó, además, que un habeas corpus presentado en favor de Zuluaga Lindo había sido rechazado por un juez penal. Por tanto, no existía respaldo judicial para su liberación inmediata, lo que descarta cualquier fundamento legal para la excarcelación ocurrida en el Complejo Carcelario y Penitenciario de Bogotá – La Picota.
La Procuraduría consideró que la conducta de los funcionarios podría constituir una falta disciplinaria gravísima, cometida bajo la figura de culpa gravísima. Según la entidad, estas acciones facilitaron o permitieron la liberación irregular de una persona que debía permanecer privada de la libertad, lo que representa un riesgo para la confianza ciudadana y el buen funcionamiento del sistema penitenciario.
El Ministerio Público destacó que el objetivo de la investigación es preservar la legalidad, la moralidad administrativa y la confianza de la sociedad en las instituciones encargadas de la custodia penitenciaria, así como asegurar que las decisiones judiciales se ejecuten de manera efectiva.
En síntesis, la Procuraduría abrió el pliego de cargos tras detectar que los procedimientos obligatorios para la excarcelación no se cumplieron, a pesar de las advertencias y documentación judicial existente. La investigación sigue en curso y busca determinar las responsabilidades disciplinarias de los funcionarios implicados.
Francisco Javier Zuluaga Lindo, conocido como Gordo Lindo, salió de prisión en Bogotá en noviembre de 2022, luego de que una resolución judicial considerara saldada su condena. A pesar de esto, seguía vinculado a más de 50 procesos penales y tenía una medida de aseguramiento vigente.
Su excarcelación se produjo por vacíos y descoordinación entre instancias judiciales y administrativas, de acuerdo a declaraciones del director del sistema penitenciario, Daniel Gutiérrez.
Zuluaga Lindo, nacido en Cali en 1970, inició su actividad delictiva en la década del noventa, consolidando su propia red de exportación de cocaína a Estados Unidos y lavado de dinero. Cambió varias veces de identidad para evadir a la justicia y estableció alianzas con grupos paramilitares como las Autodefensas Unidas de Colombia, aportando recursos a cambio de protección para sus cargamentos.
En 2005, participó en la desmovilización paramilitar presentándose como combatiente, pero investigaciones posteriores demostraron que sólo pagó para figurar en ese proceso, buscando evitar la extradición.
La inclusión fraudulenta de narcotraficantes en la desmovilización generó divisiones dentro de las AUC y, según algunas versiones, influyó en el asesinato de Carlos Castaño. Tras ser excluido de Justicia y Paz, Zuluaga fue extraditado a Estados Unidos por narcotráfico y, luego de cumplir su condena, regresó a Colombia en 2018, siendo encarcelado nuevamente.
En 2022, un juez autorizó su liberación, aunque seguía enfrentando numerosos procesos. La liberación de Gordo Lindo refleja las debilidades del sistema judicial y penitenciario colombiano, donde la falta de coordinación y los vacíos legales permitieron su excarcelación pese a su historial y causas pendientes.
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