Condenaron a soldado del Ejército que vendió fusil a un grupo delincuencial en Medellín: “Su actuación fue grave”

Voceros de la Justicia Penal Militar y Policial aseguraron que hay un cabo de la misma brigada que facilitó la comercialización del arma

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Los hechos ocurrieron en la sede de la Cuarta Brigada de la Séptima División del Ejército, en Medellín - crédito captura de pantalla Google Maps
Los hechos ocurrieron en la sede de la Cuarta Brigada de la Séptima División del Ejército, en Medellín - crédito captura de pantalla Google Maps

Voceros de la Justicia Penal Militar y Policial de Colombia confirmaron la condena ejemplar contra el soldado Juan Daniel García Carvajal, que recibió una pena de 13 años y dos meses de cárcel tras admitir que vendió un fusil del Ejército a un grupo delincuencial que opera en Medellín, Antioquia.

De acuerdo con la confesión de García Carvajal, la venta del arma de fuego ocurrió en febrero del año en curso, dentro de las instalaciones del cantón militar de la Cuarta Brigada (BR4), localizadas en la capital antioqueña.

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Allí, el uniformado abandonó su puesto de centinela y accedió al armerillo de seguridad—las cajas fuertes para guardar armas—de su unidad para sustraer el fusil que, posteriormente, fue entregado a un particular vinculado a organizaciones armadas ilegales en el departamento.

Una comisión halló más de 4.000 cargadores de fusil M16 reportados como destruidos, pero almacenados en buen estado - crédito Colprensa
Los jueces compulsaron copias a la Fiscalía Penal Militar y Policial para investigar la posible implicación de un cabo de la brigada, que habría colaborado en el encubrimiento del delito - crédito Colprensa

De acuerdo con la versión oficial, tras un mes de proceso judicial, el juez a cargo determinó la condena en virtud del impacto social de la conducta: “Se debe tener en cuenta la gravedad de la actuación del soldado, pues esa arma pasará indudablemente a los actos de los grupos delincuenciales, que lo emplearán para asesinar integrantes de la Fuerza Pública y ciudadanos aumentando la desazón de esta comunidad y sociedad colombiana”.

Funcionarios de la Fiscalía 2223 Penal Militar y Policial llevaron adelante la investigación, y determinaron que el soldado pagará por los delitos de fabricación, posesión y tráfico ilegal de armas de fuego, municiones y explosivos, así como por el delito del centinela. El soldado aceptó los cargos.

Además de los 13 años y dos meses de prisión, el fallo contra el uniformado significará la privación de derechos y funciones públicas durante el mismo periodo y la separación absoluta de la fuerza pública.

En paralelo, los jueces compulsaron copias a la Fiscalía Penal Militar y Policial para investigar la posible implicación de un cabo de la brigada, que habría colaborado en el encubrimiento del delito. Las autoridades insisten en que la investigación continuará hasta esclarecer si existieron apoyos internos adicionales.

Denuncian inacción del personal médico al no atender a un soldado herido en hospital de Arauca - crédito Ejército Nacional
El soldado reconoció que le vendió el fusil a un particular asociado a grupos criminales de Medellín - crédito Ejército Nacional

Oficial en retiro de la Cuarta Brigada fue condenado por aceptar irregularidades en contratos, pero devolvió el dinero

De manera paralela, se conoció que un oficial en retiro del Ejército Nacional fue condenado a 3 años, dos meses y 15 días de cárcel tras admitir su responsabilidad en múltiples irregularidades contractuales durante su gestión en la Cuarta Brigada del Batallón de Servicios Número 4 Yariguíes, de Medellín.

Desde la Fiscalía General de la Nación formalizaron un preacuerdo con el procesado, que aceptó catorce delitos de interés indebido en la celebración de contratos y dos de peculado por apropiación. La reducción de la condena se justificó por la devolución total del dinero involucrado antes de la audiencia de imputación.

Información confirmada por las autoridades indicó que la investigación demostró que el exoficial facilitó información anticipada y modificó requisitos técnicos para favorecer a las empresas Distrilogística S.A.S. e Ingecodi S.A.S. en procesos de adjudicación.

Como contraprestación, los contratistas asumieron gastos personales del entonces comandante y su familia, y cubrieron conceptos como tiquetes aéreos, servicios públicos y consumos en restaurantes por un monto de 151,3 millones de pesos.

La Corte Suprema de Justicia de Colombia avaló los despidos por romances laborales cuando estos afectan la moral o violan códigos internos - crédito Lina Gasca/Colprensa
La condena contra el excomandante fue emitida en la Corte Suprema de Justicia de Colombia - crédito Lina Gasca/Colprensa

El expediente también documentó el uso irregular de órdenes de compra con la empresa Subatours S.A.S. para obtener pasajes privados, por un valor de 18,6 millones de pesos.

El condenado reintegró en su totalidad los 170,01 millones de pesos comprometidos en los hechos, lo que fue validado por la Fiscalía y considerado en el fallo. Además de la pena de prisión, el exoficial deberá pagar una multa económica y enfrenta una inhabilitación para ejercer cargos públicos por 49 meses.

La autoridad judicial declaró cumplida la pena de cárcel, considerando el tiempo que el sentenciado permaneció detenido durante el proceso y la redención de pena por actividades laborales.