Petro habría dado un “mensaje grave” con los nuevos impuestos a pagar en Colombia: los almacenes y los supermercados se quejaron

La expedición de decretos de emergencia económica hechos por el Gobierno de Gustavo Petro, que modifican reglas fiscales en Colombia, generó críticas sobre los efectos, la legalidad, la transparencia y la inversión de estos. Y es que las normativas generan cargas tributarias y amplían la discrecionalidad en el manejo de recursos públicos, en medio de un escenario electoral que concentra la atención en el fortalecimiento de los controles institucionales.

Las principales preocupaciones de los gremios empresariales recaen sobre el incremento del impuesto extraordinario al patrimonio, la imposición de un impuesto al consumo del 16% en juegos de azar en línea y la flexibilización de mecanismos de vigilancia y transparencia. Advirtieron estos que las medidas ponen en riesgo la estabilidad de las empresas y la confianza en la inversión extranjera.

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Dentro del paquete normativo se resalta el Decreto 0240 de 2026, que amplía el impuesto extraordinario al patrimonio a los establecimientos permanentes y sucursales de empresas extranjeras en Colombia.

La preocupación del sector empresarial trasciende el ámbito tributario. El presidente de la Federación Nacional de Comerciantes Empresarios (Fenalco), Jaime Cabal, hizo un llamado de atención sobre la cascada de nuevos decretos y de impuestos que amenazan la estabilidad de las empresas y también la transparencia y el manejo de los recursos públicos.

Según dijo, “ya el impuesto al patrimonio es confiscatorio, pero, adicionalmente, el impuesto sobre las empresas extranjeras con sucursales en Colombia amenaza la posibilidad de atraer más inversiones y, adicionalmente, la discrecionalidad del Gobierno para manejar recursos al dedo asignando contratos, pues obviamente deja por fuera la Ley de Garantías. Y finalmente, muy peligroso que el Gobierno pueda discrecionalmente asignar recursos en esta época electoral”.

De acuerdo con el dirigente, la combinación de mayores cargas tributarias y una mayor inestabilidad regulatoria afecta de manera directa la llegada de inversión extranjera y limita el desarrollo de nuevas actividades productivas.

Transparencia y discrecionalidad en el uso de recursos públicos

Más allá de los ajustes fiscales, los gremios focalizaron la crítica en la reducción de estándares de transparencia y vigilancia sobre los recursos públicos:

• Decreto 0245 de 2026: permite otorgar transferencias monetarias extraordinarias, cuyo criterio de selección de beneficiarios será determinado luego por el Departamento de Prosperidad Social, sin que exista publicidad previa sobre estas decisiones.
• Decreto 0243 de 2026: autoriza a alcaldes y gobernadores a modificar presupuestos y contratar créditos de tesorería sin la habitual revisión de concejos y asambleas. Incluso suspende temporalmente la supervisión sobre los recursos del Sistema General de Participaciones.
• Decreto 0244 de 2026: habilita subsidios y garantías para créditos productivos sin mecanismos claros de transparencia para identificar beneficiarios ni seguimiento suficiente sobre el uso del dinero.

Frente a este panorama, Jaime Cabal, sostuvo que la flexibilización de reglas para subsidios, presupuesto territorial y ejecución de programas con recursos estatales configura un escenario de alto riesgo para la confianza institucional y la integridad en el uso del dinero público.

Además, enfatizó en que “el mensaje es grave: más discrecionalidad para asignar recursos y menos controles para vigilar su uso”. De acuerdo con el líder gremial, el debilitamiento de los instrumentos de vigilancia y control resulta preocupante en época electoral, cuando deberían reforzarse.

“En conjunto, estas medidas evidencian un uso expansivo de las facultades excepcionales, con cambios estructurales en materia tributaria, presupuestal y administrativa sin el debido debate democrático en el Congreso. La atención de la crisis no puede servir de justificación para debilitar controles esenciales, afectar la seguridad jurídica ni comprometer la confianza institucional”, concluyó el presidente de Fenalco, Jaime Cabal.

El presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), Bruce Mac Master también había manifestado su preocupación. Señaló que las normativas reproducen disposiciones adoptadas y después suspendidas durante la emergencia económica de diciembre de 2025.

“Estas medidas reproducen sustancialmente algunas que ya habían sido decretadas por el gobierno en la emergencia económica de diciembre de 2025, pero que fueron suspendidas por la Corte Constitucional al pretender suplantar al Congreso en su rechazo al proyecto de ley financiamiento”, agregó.

Llamados al control constitucional y político

Bruce Mac Master consideró que el nuevo decreto supone una afrenta a la democracia participativa y al principio de que no puede haber impuestos sin representación, además golpea la inversión productiva, la seguridad jurídica y la confianza inversionista.

Por eso, solicitó a la Corte Constitucional estudiar la suspensión provisional de los decretos 173 y 240 de 2026 antes de que los contribuyentes resulten afectados de manera irreversible. Remarcó que “una medida de suspensión provisional es más beneficiosa para la democracia porque devuelve la discusión sobre los impuestos a su escenario natural: el Congreso de la República”.

Insistió, al igual que Cabal, en la necesidad de que el Congreso ejerza sus competencias de control político y jurídico para recuperar el equilibrio entre poderes y restituir el debate sobre los tributos en el órgano legislativo.