La Junta Directiva de Ecopetrol habría enviado un extenso cuestionario a la Fiscalía General de la Nación sobre el estado judicial de Ricardo Roa, presidente de la principal petrolera estatal de Colombia.
El envío del documento se habría dado previo a la nueva imputación prevista para el 8 de abril e incluye dudas sobre el impacto de los procesos penales en la gobernanza de la empresa, según información conocida por El Tiempo.
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La junta directiva solicitó a la Fiscalía claridad sobre las investigaciones que involucran a Ricardo Roa y los riesgos que estas podrían representar para la estabilidad y reputación de Ecopetrol.
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Entre los puntos tratados en el cuestionario, destacarían la petición de detalles sobre los delitos imputados, posibles restricciones legales que puedan afectar la operación internacional de la compañía y los eventuales riesgos para sus inversiones y contratos con filiales, según informaron fuentes de la Fiscalía al diario nacional.
Entre las preguntas formuladas se encontraría el número de procesos abiertos contra el directivo, los tipos de delitos ya imputados o pendientes de imputación, el estado procesal de cada caso y si Roa figura como indagado, imputado o acusado.
Sin embargo, fuentes del ente acusador indicaron a El Tiempo que parte de la información solicitada por la junta directiva no será respondida debido a la confidencialidad de las investigaciones.
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“Parte de esta información goza de reserva”, señalaron desde la Fiscalía, entre otras, porque la junta también habría pedido conocer si hay riesgo de medidas de aseguramiento, embargos, restricciones para viajar fuera del país o cualquier situación que pueda limitar la gestión de Roa como presidente de la empresa.
Investigación penal contra Ricardo Roa y proceso de imputación
La imputación por tráfico de influencias se relaciona con el presunto direccionamiento de contratos en Ecopetrol y la compra del apartamento 901, realizada cuatro meses antes de que Roa asumiera la presidencia de la estatal. Este inmueble pertenecía a una empresa vinculada al inversionista Serafino Iacono.
El expolicía Juan Guillermo Mancera habría actudo como intermediario y habría pagado el inmueble a través de otra de sus compañías. Además, se investiga la relación entre empresas ligadas a Mancera y procesos de contratación en filiales como Hocol.
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La Fiscalía ha programado para el 8 de abril una nueva imputación contra Roa por violación de límites de gasto electoral durante la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022, cuando Roa ejerció como gerente.
Las inquietudes de la junta directiva incluyen posibles efectos sobre filiales clave como Hocol y proyectos como Sinú-9. El cuestionario enviado a la Fiscalía buscaría precisar si existen investigaciones sobre contratos específicos del Grupo Ecopetrol y su relación con compañías vinculadas a Mancera y Iacono.
La junta plantea la necesidad de evaluar si Roa debería tener restricciones en el acceso a la información corporativa, si es preciso resguardar documentación interna y si se requieren medidas para evitar la posible destrucción de pruebas.
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Además, existe preocupación por eventuales sanciones internacionales —especialmente en Estados Unidos— para los integrantes de la junta en caso de omitir los deberes de vigilancia sobre la gestión de Roa.
Respuesta de Ricardo Roa e impacto entre inversionistas
La defensa de Ricardo Roa, encabezada por el penalista Juan David León, insiste públicamente en que demostrará la legalidad de las actuaciones del presidente de Ecopetrol y rechaza cualquier irregularidad.
Tras la última imputación, Roa anunció en una sesión extraordinaria de la junta que buscará responsabilidades penales contra Luis Enrique Rojas, expresidente de Hocol y denunciante de presiones para favorecer a empresas ligadas a Mancera.
Tanto Mancera como Iacono han rechazado los señalamientos y defendido la transparencia de sus actividades empresariales. Roa ha reiterado que no interfirió en los contratos de Ecopetrol ni de sus filiales y que la adquisición del apartamiento 901 se realizó de manera regular.
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