El tema de la convocatoria a una nueva asamblea nacional constituyente provocó una serie de opiniones encontradas entre los actores políticos colombianos; esta vez, el enfrentamiento ocurrió entre la congresista Catherine Juvinao y el director de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos y Desastres (Ungrd), Carlos Carrillo, tras las declaraciones del ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, en Medellín.
Sanguino estuvo en la ciudad para promocionar la recolección de firmas que apoyen la propuesta de una asamblea constituyente. En su discurso, destacó que la convocatoria no es una iniciativa del Gobierno nacional, sino un esfuerzo ciudadano.
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De hecho, el jefe de la cartera destacó la importancia de contar con una reforma constitucional que aborde temas como la justicia, los estatutos laborales y el ordenamiento territorial. Para él, la nueva Carta Magna busca “completar la obra democrática de la Constitución de 1991”.
No obstante, la representante a la Cámara Cathy Juvinao, del Partido Verde, no tardó en expresar su rechazo, por lo que por medio de su cuenta en la red social X compartió un mensaje en el que dejó clara su postura.
“Sigan jugando con la idea de una Asamblea Nacional Constituyente y verán que en menos de nada nos devuelven a 1886. Están más que advertidos. Sigan haciendo politiquería y manipulando electores con este asunto y verán hasta a dónde nos podemos regresar. Irresponsables (sic)”.
Para Juvinao, la Constitución de 1991 es un logro crucial para la democracia colombiana y su propuesta de reforma no es más que un riesgo de retroceder en los avances sociales y políticos alcanzados.
La respuesta de Juvinao no quedó sin contestación, porque Carlos Carrillo, en un acto que sorprendió a muchos, intervino en el debate con una pregunta directa: “¿Cuántos votos tuvo la elección de la Asamblea Nacional Constituyente en 1990?”.
Esta interrogante hacía referencia a uno de los momentos más importantes en la historia de Colombia, que fue la movilización popular de la llamada “Séptima Papeleta”, que impulsó la creación de la actual Constitución.
Y es que el director de la Ungrd recordó cómo, en 1990, más de 2 millones de colombianos apoyaron la propuesta de una Asamblea Constituyente mediante una papeleta adicional en las elecciones, lo que obligó al gobierno de Virgilio Barco a tomar medidas.
La movilización popular culminó con la elección de los delegados a la asamblea, que contó con una representación plural de diferentes sectores políticos, sociales y hasta entonces guerrilleros del M-19.
Además, en diciembre de 1990, se eligieron a los 70 delegados de la Asamblea Constituyente, que fue un espacio plural con representantes de diversos sectores: conservadores, liberales, guerrilleros del M-19, indígenas y movimientos sociales. Álvaro Gómez Hurtado, Horacio Serpa y Antonio Navarro Wolff encabezaron la Asamblea, al reflejar la diversidad política de la época.
El 4 de julio de 1991 se promulgó la Constitución de 1991, que transformó a Colombia: se creó la acción de tutela, se reconoció la diversidad étnica y cultural, se establecieron instituciones clave como la Corte Constitucional y la Defensoría del Pueblo.
El cambio que trajo para Colombia la Constitución de 1991
La Constitución de 1886 fue una carta política altamente centralista, en la que el poder estaba concentrado en el gobierno central, con un sistema de soberanía nacional que recayó sobre la nación misma; este enfoque limitaba la autonomía de las regiones y mantenía un estado confesional, donde la Iglesia Católica tenía un papel preeminente en la vida pública y el Estado.
Además, el modelo político era de democracia representativa, donde los ciudadanos ejercían su poder a través del sufragio sin una participación directa en la toma de decisiones. Por su parte, la Constitución de 1991, tras un proceso de renovación impulsado por el pueblo, cambió radicalmente el enfoque político del país, al favorecer un modelo descentralizado que otorga mayor autonomía a las regiones.
También instauró la soberanía popular, en la cual el poder reside en el pueblo, y promovió una democracia participativa con mecanismos como el voto, el plebiscito y la consulta popular.
Además, transformó al Estado en uno laico, lo que garantizó la libertad de cultos y separó la Iglesia del poder político.
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