Investigan supuestas irregularidades en el manejo de armamento en batallón del Ejército

Funcionarios de la Fiscalía Penal Militar y Policial adelantaron una inspección al Batallón de Artillería de Defensa Antiaérea No. 2 Nueva Granada en Barrancabermeja, en el departamento de Santander, para esclarecer posibles irregularidades en el almacenamiento de material de guerra en la instalación militar.

Según informó la institución castrense en un comunicado, el procedimiento se realizó el jueves 12 de marzo de 2026, con el objetivo de revisar inventarios, estado y custodia del material de guerra, para determinar si su manejo se ajustó a los protocolos establecidos o si, por el contrario, existieron posibles irregularidades administrativas o disciplinarias.

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Durante la diligencia, según el Ejército Nacional, parte del material inspeccionado correspondía a elementos de vigencias anteriores en estado de deterioro o en desuso, los cuales fueron sometidos a verificación.

“Durante el desarrollo de la diligencia fueron verificados algunos elementos que se encontraban almacenados en la unidad militar, varios de los cuales corresponderían al parecer a vigencias anteriores y presentaban condiciones de deterioro o desuso. Dichos elementos fueron puestos a disposición de la autoridad competente para los procedimientos de verificación correspondientes”, señaló el Ejército en el comunicado.

Así mismo, el cuerpo militar reportó que no se han producido capturas ni existen militares formalmente vinculados a la investigación; además, detalló que en otros casos bajo estudio de la justicia penal militar, se han iniciado investigaciones para esclarecer la pérdida o custodia de armamento dentro de guarniciones.

Por último, el Ejército Nacional de Colombia reiteró su disposición para colaborar con las autoridades y llamó a la ciudadanía y los medios de comunicación a obtener información a través de canales oficiales para evitar la circulación de datos no verificados.

“El Ejército Nacional reitera su permanente disposición de colaborar con las autoridades judiciales en el marco de las investigaciones que se adelanten. Los procedimientos judiciales derivados de operaciones militares que dejan resultados como capturas o incautación de material de guerra se realizan con el acompañamiento de autoridades de policía judicial, quienes adelantan las actuaciones correspondientes conforme a la ley (...) la institución adelantará las investigaciones correspondientes, con el propósito de esclarecer las circunstancias relacionadas con estos hechos y adoptar las medidas a que haya lugar conforme a la normatividad vigente”, puntualizaron.

Robo de armas en batallón en Barranquilla

Esta es la segunda vez que una guarnición militar fue inspeccionada por funcionarios judiciales a raíz de una denuncia por supuesto mal uso de armamento.

La primera se registró a principios del 2026, cuando una comisión especial de la Inspección General del Ejército Nacional fue desplazada a Barranquilla tras la desaparición de 48 armas de fuego en el batallón de Apoyo y Servicios para el Combate de la Segunda Brigada.

El hallazgo del robo se produjo el 18 de diciembre de 2025, cuando un inventario reveló la ausencia del arsenal durante la entrega de cargo del encargado de almacén.

Las medidas disciplinarias ante la gravedad del hecho incluyeron la suspensión de los permisos de diciembre para todos los militares vinculados al manejo de las armas, con el objetivo de evitar fugas de información o responsables, según fuentes militares citadas por Semana.

El material sustraído comprende cuatro escopetas, cinco pistolas y 39 revólveres, todos identificados con sus respectivos seriales, y abarca marcas como Indumil, Harrington, Zoraki, Browning, Mauser, Llama, S&W, Colt y Taurus que, según las fuentes del citado medio de comunicación, provenían de decomisos realizados a grupos armados y bandas delincuenciales del Atlántico. Por este hecho, un mayor fue capturado, permaneciendo bajo custodia en la guarnición mientras avanza la investigación interna.

Tanto la Fiscalía General de la Nación como la Policía Nacional trabajan de manera coordinada para esclarecer el origen y destino de las armas, mientras la comisión especial recopila pruebas y testimonios para delimitar responsabilidades.

Las hipótesis iniciales de las autoridades apuntan a la posible complicidad de bandas criminales del Caribe colombiano, lo que ha generado preocupación ante el uso de este arsenal en nuevos actos delictivos.