Piden prisión para el primer capturado en caso Lili Pink tras operativo en todo el país

El proceso judicial por el caso que involucra a tiendas Lili Pink empezó a mostrar sus primeras definiciones en los estrados. Un juez de control de garantías en Bogotá deberá decidir si envía a prisión a Walter Martínez Martínez, el primer capturado dentro de esta investigación por presunto lavado de activos y contrabando.

La solicitud fue elevada por la Fiscalía General de la Nación ante el Juzgado 68 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá, en medio de un expediente que, según el ente acusador, lleva más de cuatro años en construcción.

En ese contexto, la Fiscalía pidió una medida de aseguramiento privativa de la libertad contra Martínez, al considerar que existen elementos materiales probatorios suficientes para sustentar los delitos que le fueron imputados. Sin embargo, el contenido específico de esas pruebas no ha sido divulgado debido a la naturaleza reservada de la investigación.

El caso tiene su origen en el megaoperativo adelantado el 27 de abril, una intervención de gran alcance que incluyó diligencias en 405 tiendas de Lili Pink en todo el país. Además, las autoridades realizaron acciones simultáneas sobre 40 inmuebles, ocho vehículos y una sociedad vinculada al entramado investigado.

Fue en medio de ese despliegue que se produjo la captura de Martínez en Barranquilla, Atlántico. De acuerdo con la Fiscalía, el señalado habría tenido un rol clave dentro de la estructura, al figurar como representante legal de al menos siete empresas que, presuntamente, funcionaban como fachada para dar apariencia de legalidad a las operaciones económicas de la red.

Las autoridades sostienen que este tipo de esquemas son utilizados para encubrir el origen ilícito de recursos y facilitar la circulación de mercancía ingresada de manera irregular al país. En este caso, las sospechas apuntan a una red que habría combinado prácticas de contrabando con maniobras de lavado de activos.

A Martínez Martínez le fueron imputados los delitos de lavado de activos, concierto para delinquir y contrabando. Pese a la gravedad de los cargos, el procesado no aceptó su responsabilidad y se declaró inocente ante el juez.

La respuesta de Lili Pink

Las investigaciones por presuntos delitos financieros en el sector textil pusieron bajo la lupa a una de las marcas más visibles del mercado colombiano. En medio de ese escenario, el caso relacionado con Lili Pink ha ido tomando fuerza tras el operativo realizado a finales de abril, que abrió una línea de indagación sobre el origen de recursos y la comercialización de productos en distintas regiones del país.

De acuerdo con información revelada por las autoridades, el proceso gira en torno a un supuesto entramado que incluiría prácticas como contrabando, lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Las cifras que se han mencionado dentro de la investigación elevaron la atención pública, se habla de un posible esquema que superaría los 430.000 millones de pesos en enriquecimiento ilícito y cerca de 730.000 millones en operaciones asociadas a lavado de activos mediante la venta de textiles.

El alcance del operativo también da cuenta de la dimensión del caso. Más de 405 establecimientos comerciales en 59 municipios fueron objeto de intervención por parte del CTI de la Fiscalía, en un despliegue que buscaba recolectar pruebas y avanzar en la identificación de posibles responsables dentro de la red investigada.

Sin embargo, desde la defensa de la compañía han insistido en que el proceso aún se encuentra en una fase preliminar. En ese sentido, recalcan que los señalamientos conocidos hasta ahora hacen parte de una etapa inicial de indagación, así como de procesos de extinción de dominio, lo que implica que no hay conclusiones definitivas sobre los hechos.

“La compañía se encuentra vinculada a procesos en etapa de investigación en materia penal y de extinción de dominio, sin que exista a la fecha decisión judicial en firme que establezca responsabilidad alguna”, dijo la compañía en un comunicado.

La empresa también se refirió directamente a las acusaciones de contrabando, uno de los ejes centrales del caso. Según su versión, “no existe declaratoria judicial que los confirme”. Además, aseguraron que “todas las mercancías cuentan con declaraciones de importación y pagos debidamente soportados”.

En la misma línea, la defensa jurídica reiteró que el proceso debe entenderse dentro de los tiempos propios de la justicia. “Los hechos mencionados corresponden a una controversia jurídica en curso y no a conclusiones definitivas”, afirmó el abogado Iván Cancino en el comunicado.

Mientras tanto, las autoridades continúan avanzando en la recolección de pruebas y en el análisis de la información incautada durante el operativo. El caso sigue en desarrollo y se perfila como una de las investigaciones más relevantes en materia de delitos económicos en el país.