La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) decidió remitir el expediente penal sobre el general (r) José Leonardo Gallego Castrillón a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA).
Esto se produce tras la negativa del oficial a aceptar responsabilidad en los crímenes atribuidos al caso de la periodista Jineth Bedoya Lima y a hechos violentos registrados en la cárcel La Modelo de Bogotá. Si el proceso avanza y se demuestra culpabilidad, la sanción podría alcanzar los 20 años de prisión, informó la JEP.
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La JEP tomó esta decisión porque, luego de recopilar pruebas y testimonios tanto en la jurisdicción transicional como en la justicia ordinaria, Gallego Castrillón rechazó cualquier responsabilidad sobre los hechos investigados.
Esta resolución da paso a un proceso adversarial en la UIA, abriendo así la posibilidad de una acusación formal y un eventual juicio penal para determinar su implicación en delitos graves cometidos durante el periodo de violencia carcelaria y las agresiones sufridas por Bedoya Lima.
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Investigación por el caso Jineth Bedoya Lima y cargos imputados
El expediente incluye delitos como secuestro extorsivo agravado, tortura, acceso carnal violento agravado y concierto para delinquir agravado cometidos contra Jineth Bedoya Lima el 25 de mayo de 2000, según Caracol Radio.
Ese día, Bedoya fue engañada para presentarse en la puerta de La Modelo, donde fue secuestrada y posteriormente trasladada por la ruta Bogotá-Villavicencio, sufriendo torturas y violencia sexual.
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La periodista investigaba entonces violaciones a los derechos humanos y redes delictivas dentro del penal, lo que la puso en riesgo frente a amenazas y hostigamientos por parte de líderes armados, según las pesquisas de la JEP.
El general (r) Gallego Castrillón fue vinculado formalmente por la Fiscalía el 5 de septiembre de 2025 en relación con estos hechos. Durante las diligencias del 3 de febrero y del 5 de marzo de 2026, negó toda implicación, según los registros de las tres emisoras mencionadas.
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Tras su negativa y al valorar el conjunto de pruebas, la JEP resolvió que el caso debe tramitarse mediante la vía adversarial. Este mecanismo permitirá precisar la responsabilidad judicial del compareciente y atender las exigencias de verdad y reparación para las víctimas.
Violencia carcelaria y control paramilitar en La Modelo
La medida de la JEP abarca igualmente los hechos violentos ocurridos entre 1999 y 2003 en la cárcel La Modelo de Bogotá, en medio de un contexto de enfrentamientos entre guerrillas y grupos paramilitares, según la JEP.
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De acuerdo con las investigaciones, la magistratura identificó que el control paramilitar generó masacres, torturas, desapariciones forzadas y asesinatos selectivos, causando al menos 101 víctimas entre 1999 y 2001.
Diversos testimonios citados obtenidos por la JEP y replicados por medios nacionales ubican presuntamente al general Gallego Castrillón en reuniones dentro del pabellón de alta seguridad del penal con jefes paramilitares como Miguel Arroyave y Ángel Gaitán Mahecha.
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Estos relatos también lo ligan al ingreso irregular de armas y otros objetos con el fin de fortalecer el control ilegal sobre la población interna.
La llegada de jefes paramilitares alteró el equilibrio interno en La Modelo, lo que desembocó en una escalada de violencia, documentada en su momento por Jineth Bedoya Lima, según El Tiempo.
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Así, la dinámica carcelaria se caracterizó por controles ilícitos y negociaciones de poder entre internos, hechos que derivaron en graves violaciones de derechos humanos.
Implicaciones judiciales y contexto internacional
La decisión de la JEP se fundamenta en un contexto judicial más amplio, que incluye condenas a paramilitares entre 2016 y 2019 y las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El proceso se apoya en la obligación del Estado colombiano de investigar y sancionar los crímenes cometidos en escenarios de violencia carcelaria y sexual, así como en garantizar el acceso a la justicia y la reparación de las víctimas.
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Esta remisión representa la primera ocasión en la que los expedientes de los casos 08 y 11 —relacionados con crímenes de la fuerza pública y violencia de género— llevan conjuntamente a un compareciente a la Unidad de Investigación y Acusación, puntualizó Caracol Radio.
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