La SAE recuperó y reasignó un predio de más de $4.000 millones que perteneció a un narcotraficante extraditado en los 90

El 12 de marzo, la Sociedad de Activos Especiales (SAE) informó el desalojo y recuperación de un predio avaluado en más de 4.000 millones de pesos que en los 90 perteneció a Darío Echeverry Monsalve.

Cabe recordar que Echeverry, nacido en Pereira, fue un narcotraficante encargado de la seguridad de cargamentos de droga enviados a México en barcos pesqueros.

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Se estima que en su momento, la organización desarticulada en los 90 a la que pertenecía este individuo enviaba mensualmente 30 toneladas de cocaína a Estados Unidos y poseía bienes a nombre de varios de sus miembros.

En el comunicado oficial de la SAE, se informó que el procedimiento ejecutado en Cali, Valle del Cauca, tiene como objetivo que el inmueble sea entregado al Colectivo Justicia Racial, una organización de carácter social que trabaja en la promoción de los derechos humanos y el fortalecimiento comunitario.

La propiedad, situada en la vía Cañasgordas dentro del perímetro urbano al sur de Cali, en la zona que conduce al corregimiento de Pance, tiene un avalúo comercial que supera los 4.078 millones de pesos y una extensión de 3.956 metros cuadrados. Forma parte de los bienes afectados dentro de investigaciones por narcotráfico y había estado ocupado de manera irregular desde 2005.

Según los antecedentes judiciales del caso, las investigaciones determinaron que Echeverry Monsalve ocupaba el papel de líder dentro de una organización dedicada al transporte de cocaína, con su base principal de operaciones en Tumaco, Nariño.

Como parte de estas investigaciones, la Fiscalía General de la Nación ejecutó órdenes de allanamiento en Bogotá, Cali y Medellín, como parte de un proceso de extinción de dominio sobre bienes vinculados con actividades ilícitas. La medida de embargo sobre el predio en Cali se inscribió en 2005 y, en 2018, se dictó la sentencia de extinción de dominio que permitió su recuperación.

Catalina Serrano, directora para la Democratización de Activos Inmuebles Urbanos de la SAE, indicó que el inmueble permaneció más de una década en situación irregular antes de que se completara el trámite legal para su recuperación.

Tras este proceso, la SAE asignó el predio al Colectivo Justicia Racial, organización que desarrolla su labor en diferentes regiones del país, en alianza con comunidades, universidades y otras organizaciones sociales. Su enfoque principal está en el acompañamiento de víctimas de violencia estatal y el fortalecimiento de procesos comunitarios.

Como parte de la proyección social del espacio, el Colectivo Justicia Racial plantea la creación de un museo de memoria que documente y visibilice los impactos sociales y jurídicos de las políticas de drogas en diversas comunidades del país.

Este proyecto busca ofrecer un lugar de investigación, reflexión y pedagogía sobre las consecuencias que estas políticas han tenido, así como un espacio para dignificar las voces de las víctimas. La representante legal del colectivo, Camila Mosquera, resaltó a la SAE que la iniciativa se orienta a documentar las afectaciones que históricamente han sido poco investigadas en el contexto colombiano y convertir el lugar en un escenario para la memoria, el diálogo y la generación de oportunidades para quienes han padecido los efectos del conflicto y las políticas antidrogas.

La entidad resaltó que el proceso de recuperación y reasignación del predio se realizó con todos los ítems que tiene la SAE para destinar bienes afectados por actividades ilícitas a proyectos sociales que contribuyan a la reparación y fortalecimiento de las comunidades, con el objetivo de transformar espacios relacionados con el delito en escenarios de construcción social y memoria colectiva.