
El cierre temporal de la Liga Colombiana Contra el Cáncer Seccional Bogotá representa una nueva señal de alarma en el sistema de salud del país.
La institución comunicó la suspensión de sus servicios por una crisis financiera que atribuye a la falta de pagos por parte de las aseguradoras, una problemática que afecta a diversas clínicas y hospitales en Colombia.
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La entidad explicó que la decisión responde a la necesidad de proteger su sostenibilidad y garantizar la calidad futura de la atención.
“La IPS atraviesa una situación financiera compleja, originada principalmente por la falta de pagos oportunos correspondientes a los servicios prestados”, detalló Hernán Fernández Ankudowicz, gerente general de la Liga.
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El comunicado, fechado el 30 de abril de 2026, advierte que la medida es temporal y podría revertirse en los próximos meses, siempre que se regularicen los pagos pendientes.
“Esta situación ha generado limitaciones en nuestra capacidad operativa, afectando la sostenibilidad de nuestras actividades. En consecuencia, nos vemos en la obligación de suspender temporalmente la prestación de nuestros servicios”, indicó la Liga Contra el Cáncer
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La suspensión de servicios en la Liga Contra el Cáncer se suma a una cadena de restricciones adoptadas por otras instituciones. Recientemente, el Instituto Nacional de Cancerología (INC) también anunció el cese de atención integral para nuevos pacientes de la Nueva EPS, aunque la decisión fue parcialmente revertida tras negociaciones con las autoridades.
La directora del INC, Carolina Wiesner, detalló que la institución enfrenta una deuda acumulada de $146.000 millones, sin contrato vigente con la aseguradora intervenida desde 2024.
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El problema de la morosidad se ha agravado con el tiempo. El INC pasó de tener una deuda de $36.295 millones en marzo de 2024 a $136.424 millones en febrero de 2026. Además, las cuentas pendientes con más de un año de antigüedad subieron de $6.169 millones a $28.475 millones en ese mismo lapso, reflejando el impacto de la crisis en la viabilidad de las instituciones.
Ante la falta de liquidez, hospitales y clínicas han comenzado a limitar o suspender la prestación de servicios. En Antioquia, 37 hospitales públicos interrumpieron servicios no urgentes por deudas de cerca de $170.000 millones. En Medellín, el Hospital Alma Máter solo atiende urgencias vitales y la Clínica Cardio VID suspendió atención ambulatoria y hospitalaria.
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La crisis también se extiende al Eje Cafetero. El Hospital Santa Sofía de Manizales dejó de atender a más de 500.000 usuarios por una deuda de $21.000 millones, mientras que el SES Hospital Universitario de Caldas adoptó restricciones similares.
Consecuencias inmediatas de la suspensión de servicios
La decisión de la Liga Contra el Cáncer afecta de manera directa a pacientes que requieren atención especializada, quienes deberán esperar la reanudación de actividades o buscar alternativas en otras instituciones. La entidad manifestó que la suspensión es temporal y expresó confianza en poder restablecer los servicios en cuanto se normalicen los pagos pendientes.
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En el contexto actual, la suspensión de servicios en clínicas y hospitales se ha convertido en una constante, reflejando un deterioro acelerado del sistema de salud. El fenómeno se replica en diversas regiones: en Boyacá, varios hospitales suspendieron servicios desde inicios de 2026; en Cali, la Clínica Versalles cerró completamente; en Nariño, el Hospital San Rafael de Pasto terminó contrato con la EPS; y en Casanare, el Hospital Regional de la Orinoquía suspendió atención ambulatoria de forma indefinida.
La crisis financiera, marcada por deudas acumuladas y retrasos en los pagos de las aseguradoras, ha llevado a múltiples instituciones a restringir o cerrar servicios. Esta tendencia muestra que, mientras no se resuelva la falta de liquidez, la continuidad de la atención en salud en Colombia permanecerá en entredicho.
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La posibilidad de que la Liga Contra el Cáncer retome actividades dependerá de la regularización de los pagos, en un escenario donde la incertidumbre financiera sigue condicionando las decisiones de las entidades prestadoras de salud.
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