En la tarde del jueves 12 de marzo, la congresista Karen Astrith Manrique Olarte llegó a las instalaciones de la Dijín de la Policía en Bogotá, luego de ser trasladada vía aérea desde el departamento de Arauca, en cumplimiento de la orden de captura emitida por la Corte Suprema de Justicia dentro del proceso relacionado con presuntas irregularidades en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
De acuerdo con información conocida sobre el procedimiento, Manrique permaneció inicialmente bajo custodia en las instalaciones de la Dijín y posteriormente, fue trasladada al búnker de la Fiscalía General de la Nación. Allí deberá permanecer mientras se adelantan los procedimientos judiciales correspondientes derivados de la medida de aseguramiento dictada en su contra.
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La llegada de la congresista a Bogotá se produjo un día después de que decidiera presentarse voluntariamente ante las autoridades. La senadora electa se entregó el miércoles 11 de marzo ante la Policía Nacional en el municipio de Tame, Arauca, luego de conocerse la decisión de la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema.
Sin embargo, esa misma noche Manrique quedó momentáneamente en libertad debido a que la orden de captura aún no había sido formalmente notificada, por lo que las autoridades no podían hacer efectiva la medida en ese momento.
Orden de captura y traslado a Bogotá
La situación cambió luego de que se hiciera efectiva la orden de captura emitida por la Corte Suprema de Justicia, tanto contra la congresista Karen Manrique como contra el también congresista Wadith Manzur, vinculados al mismo proceso judicial.
En el caso de Manzur, el congresista ya se encuentra en una celda del búnker de la Fiscalía en Bogotá. Desde allí, ha mantenido comunicación permanente con su abogado defensor, mientras se espera que el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) determine el establecimiento carcelario al que será remitido.
Entre las posibilidades mencionadas se encuentra el pabellón R-sur de la cárcel La Picota, en Bogotá, donde actualmente se encuentran recluidos varios funcionarios y exsenadores capturados en diferentes procesos judiciales.
Solicitud de la defensa por amenazas
En medio de este procedimiento, el abogado defensor de Karen Manrique, Andrés Garzón Roa, presentó una solicitud formal al director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, coronel Daniel Fernando Gutiérrez Rojas, relacionada con el lugar de reclusión de su cliente.
En una comunicación enviada al Inpec, el abogado pidió que, al momento de definir el establecimiento carcelario, se tengan en cuenta las amenazas de muerte que, según la defensa, ha recibido la congresista en los últimos meses. En la solicitud se indica que estas situaciones ya habrían sido puestas en conocimiento de la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia mediante un memorial fechado el 20 de octubre de 2025, así como ante la Fiscalía General de la Nación.
Dentro de los argumentos presentados por la defensa se incluyeron capturas de pantalla de mensajes en redes sociales y otras comunicaciones que, según el abogado, contienen amenazas dirigidas contra la congresista.
Entre los anexos también se mencionan registros de un chat de WhatsApp enviado por personas que se identificarían como alias Richard Santos, señalado como segundo comandante del Frente Décimo de las Farc. De acuerdo con la defensa, estas comunicaciones evidenciarían el contexto de riesgo que enfrentaría la congresista.
El abogado también sostuvo que las amenazas se habrían intensificado luego de declaraciones públicas relacionadas con el caso de la Ungrd. En ese sentido afirmó en la comunicación enviada al Inpec: “No puede pasarse por alto que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia -FARC- ya han amenazado en redes sociales a mi poderdante por ser ‘elena’; calificativo que se dio por las mentiras que el señor Olmedo de Jesús López Martínez manifestó en reiteradas ocasiones ante los medios de comunicación”.
Además, la defensa argumentó que la solicitud busca garantizar los derechos fundamentales de la congresista durante su eventual reclusión. En ese sentido, el documento señala: “Existe un conjunto de derechos que no pueden ser objeto de restricción como, por ejemplo, los derechos a la vida, a la integridad personal, a la libertad de conciencia o a la salud, tal como es el caso de la doctora Manrique Olarte, quien es objetivo militar declarado por parte de grupos al margen de la ley”.
Por esa razón, el abogado reiteró la petición al Inpec para que se adopten medidas especiales de seguridad en el establecimiento donde eventualmente sea recluida.
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