El presidente de Colombia, Gustavo Petro, calificó como “el hecho de corrupción más grande de la historia” la reciente captura del senador Wadith Alberto Manzur Imbett, en un caso relacionado con los denominados cupos indicativos del presupuesto nacional.
En el caso de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres -Ungrd-, Olmedo López lo señaló como uno de los presuntos beneficiados con recursos de la entidad para asegurar votos legislativos.
El mandatario ha señalado que esos mecanismos clientelistas están prohibidos en su administración y ha marcado distancia respecto a la gestión de gobiernos anteriores: “Cuando descubrí los cupos indicativos en el gobierno de Pastrana que con códigos secretos encontrados en un computador del DRI, hallé a más de cien congresistas con cupos que llegaron a sumar 250.000 millones de pesos del año 2.000 con contratos ya ejecutados”.
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Petro afirmó, a través de X, que la detención de Wadith Alberto Manzur Imbett representa un punto decisivo en la lucha contra la corrupción en Colombia. Además, sostuvo que, a diferencia de administraciones anteriores donde la asignación de contratos mediante cupos indicativos era una práctica común, en su gobierno está absolutamente vedada esa modalidad, y las investigaciones judiciales avanzan sin interferencias.
El pasado de los cupos indicativos en Colombia
Según el presidente Petro, los cupos indicativos han definido la política pública en Colombia durante décadas, posibilitando la asignación de contratos públicos por acuerdos partidistas.
El presidente indicó que, durante el mandato de Andrés Pastrana, él mismo denunció la existencia de estos mecanismos al encontrar “más de cien congresistas con cupos que sumaban 250.000 millones de pesos del año 2000 y contratos ya ejecutados” gracias a códigos secretos detectados en un computador del fondo DRI.
El mandatario explicó que el fondo DRI sirvió “para garantizar las mayorías parlamentarias en el gobierno de Pastrana”.
Señaló que, pese a su denuncia, la Corte Suprema de Justicia no abrió ninguna investigación, lo que permitió que la práctica continuara en administraciones posteriores, como también habría confirmado Germán Vargas Lleras.
Desde su llegada a la presidencia, Petro aseguró que prohibió terminantemente el uso de cupos indicativos.
Relató que en la primera reunión de su consejo de ministros definió los riesgos de estos mecanismos y advirtió a su gabinete sobre posibles presiones de congresistas tradicionales, instruyendo que no se otorgara ningún cupo en ninguna dependencia de la administración central.
De acuerdo con la Corte Suprema de Justicia, el 11 de marzo de 2026 se ordenó el encarcelamiento de los congresistas Wadith Alberto Manzur Imbett y Karen Astrith Manrique Olarte.
Ambos fueron acusados de cohecho impropio, en un proceso donde se investiga una red de sobornos y manipulaciones de operaciones de crédito público, que terminó en la asignación irregular de contratos a través de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
Las pesquisas judiciales se remontan a diciembre de 2023, cuando Manzur y Manrique, integrando la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, participaron en reuniones coordinadas por el entonces ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla.
La Sala de Instrucción revisó más de 50 documentos y al menos 10 testimonios que apuntan a la utilización de las funciones legislativas para obtener beneficios, favoreciendo adjudicaciones en municipios como Cotorra, Saravena y Carmen de Bolívar.
La investigación evidenció que Karen Manrique aceptó promesas remuneratorias y supervisó la ejecución pactada de proyectos, manteniendo contacto directo con funcionarios de la Ungrd y el Ministerio de Hacienda. En la libreta personal de Olmedo López, exdirector de la Ungrd, quedaron consignadas referencias a los supuestos beneficiarios y sus nexos con los congresistas investigados.
El exsubdirector de la entidad, Sneyder Pinilla, confesó ante la justicia en mayo de 2024 la existencia de un entramado de sobornos donde participaron congresistas y altos funcionarios, suministrando pruebas clave.
Las indagatorias documentaron una serie de comunicaciones y gestiones sobre contratos observados entre enero y febrero de ese año. Tras el llamado a indagatoria, Manzur y Manrique presentaron su renuncia a la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público en diciembre de 2024, mientras nuevas investigaciones continuaban incorporando a otros legisladores y exfuncionarios.
Petro defiende la política anticorrupción de su gobierno
Gustavo Petro reiteró que en su administración está “terminantemente prohibido” asignar cupos parlamentarios a congresistas y advirtió que cualquiera que intente gestionarlos será apartado del cargo, como ocurrió con Olmedo López tras conocerse su involucramiento con la maquinaria clientelista de Santander.
El presidente subrayó que, a diferencia de etapas anteriores, su gobierno actúa de inmediato ante cualquier sospecha de prácticas irregulares en la administración pública.
Petro destacó que todos los proyectos parlamentarios presentados a la Ungrd estuvieron sujetos a este principio, asegurando que ninguno fue ejecutado si surgían dudas sobre su legalidad. De acuerdo con el mandatario, durante su gestión no se ha tolerado ninguna modalidad de corrupción y todos los casos señalados son remitidos a investigación sin interferencias del poder ejecutivo.
En el cierre de su mensaje, Petro insistió en que su mandato coloca la función estatal al servicio de la ciudadanía y no de intereses privados ni de redes de corrupción derivadas del ejercicio parlamentario.
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