Alerta máxima en Catatumbo y sur del Cesar: Defensoría advierte riesgo inminente por guerra entre grupos armados

La Defensoría del Pueblo encendió una nueva alerta sobre la situación de seguridad y humanitaria en el nororiente del país. Según la entidad, comunidades del Catatumbo y del sur del Cesar enfrentan un riesgo inminente por la intensificación de la confrontación entre grupos armados ilegales y la disputa por el control territorial.

Ante este panorama, el organismo emitió la Alerta Temprana de Inminencia (ATI) 006 de 2026, dirigida a los municipios de Ocaña y Ábrego, en Norte de Santander, así como a Río de Oro y González, en el departamento del Cesar. La advertencia se produce tras el agravamiento del conflicto armado que comenzó a intensificarse desde enero de 2025 en esta región estratégica del país.

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El análisis fue elaborado por el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría, que identificó varias dinámicas de disputa entre grupos armados ilegales que buscan ampliar su presencia en el territorio y controlar economías ilícitas.

Una de las principales tensiones se relaciona con el recrudecimiento de la confrontación entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias del Frente 33, estructuras que hacen parte del autodenominado Estado Mayor de Bloques y Frente (Embf). En medio de esta disputa, la Defensoría advirtió sobre posibles reconfiguraciones y alianzas entre actores armados que podrían derivar en nuevas incursiones territoriales. Entre los escenarios que generan preocupación está una eventual articulación entre el Frente 33 y la estructura criminal conocida como Pelusos.

El panorama también se complejiza con la expansión de otros grupos armados. Según el informe, las autodenominadas Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (Acsn) estarían extendiendo su influencia hacia el sur del Cesar y zonas cercanas a Ocaña y Río de Oro. De acuerdo con la Defensoría, el interés de estas estructuras se concentra en el control de corredores estratégicos, como la Ruta del Sol, así como en economías ilegales relacionadas con el narcotráfico y la minería ilícita, que representan una importante fuente de financiación.

La entidad también advirtió sobre una tercera dinámica de riesgo, la posible urbanización de la confrontación armada en zonas cercanas a los límites entre Ocaña y Río de Oro. En ese contexto, podría intensificarse una disputa entre las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada y el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), especialmente en el corregimiento Agua de La Virgen.

El trabajo de campo realizado por el Sistema de Alertas Tempranas permitió identificar varios sectores donde la población civil enfrenta mayores amenazas. En Ocaña, la alerta incluye a los corregimientos Cerro de las Flores, Quebrada La Esperanza, La Floresta, Aguas Claras, Agua de La Virgen, Buena Vista, Mariquita, Otaré y La Ermita, además de las comunas 1, 5 y 6 del casco urbano.

En el municipio de Ábrego, el riesgo se extiende a la cabecera municipal y a los corregimientos La Unión Campesina, Capitán Largo, Playoncitos y La Paz. En el Cesar, el municipio de Río de Oro concentra varias de las zonas señaladas por la Defensoría, entre ellas el casco urbano y los corregimientos El Salobre, El Gitano, Sanín Villa, Los Ángeles, Montecitos, el centro poblado El Marqués, Once Reces, Cruce de Patiño y Diego Hernández. En el municipio de González, el riesgo se concentra en la cabecera urbana.

Más allá de la presencia armada, el informe advierte sobre graves consecuencias humanitarias para las comunidades. En varios territorios, los grupos ilegales ejercen control sobre la población mediante retenes en vías secundarias, requisas a civiles y la imposición de normas de conducta que restringen la movilidad y las actividades económicas. La Defensoría también alertó sobre una creciente estigmatización digital contra lideresas sociales y mujeres, quienes han sido señaladas en redes sociales como supuestas colaboradoras de grupos armados rivales. Según la entidad, estas acciones buscan intimidarlas y limitar su participación en espacios comunitarios y políticos.

El informe también documenta infracciones graves al derecho internacional humanitario. Entre ellas, el uso de drones acondicionados con explosivos en zonas rurales de Ocaña, especialmente en los sectores de Cerro de las Flores y Quebrada La Esperanza, lo que ha generado daños a bienes civiles y temor entre la población.

Además, se registraron atentados con vehículos cargados con explosivos, como el ocurrido contra el Batallón de Infantería 15 en Ocaña, así como la instalación de artefactos explosivos en vías nacionales que conectan esta ciudad con Ábrego y Cúcuta. El impacto del conflicto también se refleja en las cifras de violencia. Durante 2025, Ocaña registró un incremento significativo de homicidios, en un contexto en el que Norte de Santander cerró el año con 774 muertes violentas.

La crisis también se evidencia en el desplazamiento forzado. Solo en los primeros meses de 2025, Ocaña atendió a 18.538 personas desplazadas, equivalentes a 4.851 familias que huyeron de distintos puntos del Catatumbo.

Entre los grupos más vulnerables se encuentran niñas, niños y adolescentes, expuestos a riesgos de reclutamiento forzado, utilización por parte de grupos armados y violencia sexual. Uno de los casos documentados ocurrió en el corregimiento Los Ángeles, en Río de Oro. Las mujeres y lideresas sociales también enfrentan amenazas, persecución y violencia basada en género en medio de la disputa territorial. Asimismo, comerciantes, ganaderos y transportadores se enfrentan a riesgos permanentes de secuestro y extorsión por parte de las estructuras armadas.