
El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, anunció la adopción de una nueva estrategia nacional para prevenir y atender la conducta suicida en Colombia, con la entrada en vigor de la Resolución 347 de 2026.
Esta normativa establece protocolos y acciones concretas para optimizar los esfuerzos institucionales en la detección, atención y seguimiento de personas en riesgo de suicidio en el territorio nacional.
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El eje central sobre el cual gira la medida es la implementación del Código Dorado, un protocolo de atención inmediata que permitirá activar de forma prioritaria la respuesta del sistema de salud ante cualquier caso de ideación o intento de suicidio.
El objetivo de esta herramienta es garantizar una “intervención rápida, humanizada y sin barreras”, así como un acompañamiento continuo para los colombianos que se encuentren en situación de riesgo.
En la práctica, la estrategia implica que todos los servicios de urgencias, hospitalización y consulta externa deberán ofrecer atención prioritaria e integral a personas previamente identificadas con riesgo suicida.
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“Con esta estrategia damos un paso decisivo para que ninguna persona en riesgo quede sin atención. El Código Dorado permitirá activar de manera inmediata al sistema de salud y garantizar una respuesta oportuna frente a situaciones de ideación o intento de suicidio”, dijo el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo.
Para este efecto, desde la cartera informaron que en las entidades sanitarias se deberá establecer un “tamizaje obligatorio” con instrumentos especializados, así como la ejecución de sesiones de teleorientación en salud mental a través de canales digitales y el registro nominal y seguimiento de cada caso en el Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública (Sivigila).
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Voceros de la cartera indicaron que por orden gubernamental todas las entidades territoriales y los actores del sistema de salud disponen de cinco meses para adaptar completamente sus protocolos y cumplir con las nuevas directrices establecidas en la mencionada resolución.
Qué otros actores serán parte de la medida
De acuerdo con la comunicación oficial, la nueva estrategia tendrá un enfoque comunitario y territorial, de manera que involucrará el apoyo de líderes comunitarios, organizaciones sociales y religiosas, así como redes de apoyo, para fortalecer el sistema de alerta temprana y garantizar el acompañamiento a ciudadanos vulnerables que requieran ayuda profesional.

Además, a través del Ministerio de Salud, se van a contemplar acciones específicas en instituciones educativas, entornos laborales, escuelas deportivas, artísticas, comisarías de familia, casas de justicia y otros escenarios comunitarios, informaron desde el ministerio.
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En ese sentido, el plan significará una intensificación en la vigilancia sobre las EPS e IPS por parte de la Superintendencia Nacional de Salud, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de la estrategia y la adecuada prestación de los servicios de salud mental.
Incluso, otros actores como las Administradoras de Riesgos Laborales deberán articularse con la iniciativa, por su acceso a sectores educativos y laborales.
El Gobierno nacional busca, con esta iniciativa, responder a los desafíos de la salud mental en Colombia y avanzar hacia un modelo de atención más coordinado, oportuno y centrado en las personas.
Suicidio en Colombia
De acuerdo con los datos publicados por el Instituto Nacional de Salud (INS) en 2025, entre el 1 de enero y el 27 de septiembre, se notificaron 28.290 intentos de suicidio en Colombia.
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De estos casos, el 63% correspondió a mujeres (17.839), mientras que los hombres representaron el 37% (10.451). Este registro, aunque inferior a los 29.730 intentos contabilizados en el mismo periodo de 2024, dejó en evidencia la persistencia del problema.

El análisis del INS geográfico reveló que Bogotá y Antioquia concentraron el 30% de los casos nacionales. Bogotá encabezó la lista con 4.187 intentos, equivalentes al 14,8% del total, seguida por Antioquia (14,6%), Cundinamarca (7,2%), Cali (5,5%) y Santander (4,7%), según el informe publicado por el INS.
Aunque los intentos de suicidio han registrado un descenso del 4,8% en comparación con el año anterior, los datos de 2025 mantienen al tema en el centro de la agenda sanitaria por la magnitud del fenómeno y la vulnerabilidad de segmentos específicos de la población.
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El estudio elaborado por el (Sivigila) indicó que el 36,7% de los intentos de suicidio tiene como causa principal los conflictos familiares, por encima de factores como el conflicto con la pareja o expareja (26,4%), los problemas económicos (10,8%) y los conflictos escolares o educativos (8%).
Otros detonantes identificados incluyeron el maltrato físico, psicológico o sexual (6,3%), la muerte de un familiar o amigo (5,6%), los problemas laborales (5,2%), la presencia de enfermedades crónicas o discapacitantes (3,9%), los problemas jurídicos (2,1%) y el suicidio de un familiar o amigo (1%).
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