Ser jurado de votación es una función central para la democracia colombiana. Para las elecciones del 8 de marzo de 2026, la Registraduría Nacional del Estado Civil designó a más de 862.000 ciudadanos como jurados, seleccionados entre entidades públicas, empresas privadas, instituciones educativas y agrupaciones políticas.
El proceso contó con la vigilancia de organismos de control, Fuerza Pública y autoridades municipales, asegurando la transparencia en la conformación de las mesas.
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El servicio como jurado es obligatorio. Quienes no se presenten o abandonen el puesto sin justificación enfrentan sanciones severas: los servidores públicos pueden ser destituidos de sus cargos y los particulares, multados con hasta diez salarios mínimos mensuales legales vigentes (aproximadamente $20.000.000 en 2026). Incluso, no firmar las actas correspondientes puede acarrear una sanción equivalente.
Sin embargo, el Estado reconoce el compromiso cívico de los jurados otorgando beneficios laborales. El más relevante es el día compensatorio de descanso remunerado, al que tiene derecho toda persona que cumpla esta función, tanto en el sector público como en el privado. Este día debe disfrutarse dentro de los 45 días hábiles siguientes a la elección, como incentivo para quienes contribuyen a la transparencia electoral.
¿Cómo solicitar el día compensatorio por ser jurado de votación?
El procedimiento es claro y está respaldado por la normatividad de la Registraduría Nacional y el Ministerio de Trabajo:
- Certificado de jurado: al finalizar la jornada electoral, el ciudadano debe conservar y presentar el certificado original de jurado de votación. Este documento es expedido por la Registraduría y constituye la prueba para acceder al beneficio.
- Presentación ante Recursos Humanos: el certificado debe ser entregado al área de Recursos Humanos o al jefe inmediato en la empresa, entidad pública o institución educativa donde labora el jurado.
- Acuerdo de fecha: aunque el día de descanso es un derecho irrenunciable, la fecha exacta debe acordarse con el empleador, para no afectar la prestación del servicio o el funcionamiento de la empresa. El descanso debe tomarse dentro de los 45 días hábiles posteriores a la elección.
- No es pago en dinero: la legislación prevé el descanso efectivo, no la compensación monetaria si el empleado no toma el día.
- Obligatoriedad: el empleador no puede negarse a otorgar el día de descanso ni descontar salario por el mismo. Si el empleador desconoce el derecho, el trabajador puede acudir a la oficina del Ministerio de Trabajo para recibir asesoría y presentar una queja formal.
Medio día adicional por votar
Un beneficio complementario, vigente para todo ciudadano que vote (incluidos los jurados), es el derecho a media jornada de descanso remunerado. Este permiso debe ser concedido dentro del mes siguiente a la jornada electoral, también en acuerdo con el empleador. Para acceder, el trabajador debe presentar el certificado electoral que acredita su participación en las urnas.
¿Se pueden acumular los permisos?
Sí. Si una persona fue jurado y también ejerció su derecho al voto, acumula ambos beneficios: un día de descanso por ser jurado y media jornada adicional por votar, para disfrutar en fechas acordadas y dentro de los plazos legales. No se permite acumular permisos de diferentes jornadas electorales; cada uno debe solicitarse en el plazo correspondiente.
Obligaciones adicionales del empleador
Además de los descansos por voto y por servicio como jurado, el empleador debe conceder licencia remunerada para asistir a la capacitación obligatoria previa a la jornada electoral. Esta capacitación es parte del proceso formativo exigido por la Registraduría, y la ausencia del empleado debe ser justificada y no descontada de su salario.
Resumen práctico
- Si solo fue jurado: tiene derecho a un día de descanso remunerado dentro de los 45 días hábiles posteriores a la elección.
- Si solo votó: media jornada de descanso dentro del mes siguiente.
- Si fue jurado y votó: suma ambos beneficios: un día y media jornada.
Estos permisos son irrenunciables, remunerados y de obligatorio cumplimiento para el empleador, quien debe otorgarlos sin exigir compensación en tiempo de trabajo ni deducirlos del salario. Ante cualquier dificultad, el trabajador puede acudir al Ministerio del Trabajo para proteger sus derechos y exigir el cumplimiento de la ley.
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