Pulso por el gas en Colombia: Gobierno ordena devolver $150.000 millones y empresas amenazan con ir a tribunales

La polémica por las tarifas del gas natural en Colombia sigue abierta. Aunque el Gobierno anunció que los usuarios recibirán descuentos en sus próximas facturas tras detectar cobros indebidos, las empresas encargadas de transportar el gas niegan que haya existido algún sobrecosto y advierten que podrían acudir a los tribunales si se insiste en obligarlas a devolver dinero.

Por ahora, la discusión gira alrededor de una pregunta clave: ¿quién asumirá los cerca de 150.000 millones de pesos que, según el Ejecutivo, deberían regresar a los usuarios?

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El origen del conflicto está en un indicador técnico que tiene impacto directo en el valor del servicio: el Wacc, sigla en inglés para la tasa de descuento del costo de capital. Este indicador define la rentabilidad que el regulador permite a las empresas de infraestructura por las inversiones realizadas en gasoductos.

En la práctica, ese porcentaje influye en la tarifa final. Cuando el Wacc aumenta, también lo hacen los ingresos autorizados para las empresas transportadoras y, en consecuencia, los costos que terminan reflejándose en las facturas de los hogares y negocios.

La controversia comenzó en 2023, cuando la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) expidió la Resolución 102 002. Con esa medida, el regulador elevó el Wacc de 10,94% a 11,88%. Ese ajuste permitió a las transportadoras incrementar el valor del componente de transporte dentro de la tarifa del gas. Dicho incremento fue trasladado a los distribuidores, las empresas que llevan el servicio hasta los hogares, y terminó impactando el valor que pagan los usuarios.

Fue precisamente ese punto el que generó el desacuerdo. Las empresas distribuidoras presentaron recursos de reposición ante la Creg al considerar que el aumento no debía aplicarse mientras no estuvieran definidos los nuevos cargos tarifarios definitivos. Tras analizar los recursos, la comisión decidió revertir el incremento. La Creg ordenó regresar el Wacc a 10,94% y dispuso la devolución de los valores cobrados en exceso desde 2023.

Según los cálculos del Gobierno, esa medida implicaría reintegrar cerca de 150.000 millones de pesos a los usuarios del servicio. El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, respaldó la decisión y aseguró que el objetivo es proteger a los consumidores. “Aquí estamos defendiendo a los usuarios. No es aceptable que los hogares colombianos hayan asumido un sobrecosto en el transporte de gas. La decisión es clara: esos recursos deben devolverse y las tarifas deben reflejar condiciones justas y transparentes”.

El Gobierno también explicó que la devolución no se hará mediante transferencias directas de dinero. En cambio, la Creg definirá un mecanismo para que esos montos se reflejen como descuentos en las facturas del servicio durante los próximos meses. Sin embargo, las empresas transportadoras tienen una lectura completamente distinta del caso.

Las cinco compañías involucradas Promigas, TGI (filial del Grupo Energía de Bogotá), Promioriente, Transmetano y Transoccidente rechazaron las acusaciones y sostienen que actuaron conforme a la regulación vigente. “Las Compañías Transportadoras reiteramos que hemos aplicado de manera estricta la regulación vigente y no hemos generado ni trasladado a los usuarios sobrecostos en el transporte de gas y, por lo tanto, no habría lugar a devoluciones”, señalaron en un comunicado conjunto.

Además, las empresas afirmaron que, hasta el momento, no recibieron notificación oficial de una decisión administrativa que ordene el reintegro de esos recursos. “Una vez se conozcan oficialmente los actos administrativos correspondientes, se procederá a analizar su contenido y alcance con el rigor técnico y jurídico que corresponde”, indicaron. En medio de la disputa, las transportadoras también mencionaron un reciente laudo arbitral que consideran clave para respaldar su posición.

El 11 de febrero de este año, un tribunal de arbitramento resolvió una controversia entre Transmetano y Empresas Públicas de Medellín (EPM) relacionada con la tasa de descuento aplicable al transporte de gas. En su decisión, el tribunal concluyó que Transmetano había actuado de acuerdo con la regulación vigente y que aplicó correctamente la tasa correspondiente.

Para las empresas transportadoras, ese fallo representa un precedente jurídico importante. Aunque el laudo solo vincula a las partes involucradas en ese proceso, las compañías consideran que su razonamiento podría servir de referencia para otros casos similares.

Mientras tanto, el pulso entre el Gobierno y las transportadoras continúa. De un lado, el Ejecutivo insiste en que los usuarios deben recibir compensaciones en sus facturas. Del otro, las empresas mantienen su postura y no descartan acudir a instancias judiciales para defender su interpretación de las normas.