La Procuraduría General de la Nación sancionó a Isaí Castaño González con inhabilidad de cinco años para ejercer cargos públicos, luego de que se confirmara que actuó como jurado de votación en Puerto Caldas durante las elecciones regionales de 2023 sin informar sobre el parentesco con un candidato local.
Según informó El Ministerio Público, Castaño González omitió reportar que su hermano se encontraba inscrito como aspirante a la Junta Administradora Local (JAL), lo que constituyó un conflicto de intereses grave.
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De acuerdo con la información difundida por la Procuraduría Regional de Juzgamiento de Risaralda, la sanción impide a Castaño González contratar con el Estado colombiano en cualquier modalidad durante el periodo de inhabilitación.
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“La Procuraduría Regional de Juzgamiento de Risaralda sostuvo en fallo de primera instancia que el disciplinado tampoco podrá contratar con el Estado por omitir el conflicto de intereses, pese a conocer objetivamente dicha circunstancia y no dar aviso oportuno a la autoridad competente”, dice la Procuraduría en su comunicado.
Además, la entidad impuso una multa de 25 salarios mínimos mensuales legales vigentes, equivalentes a $29 millones, por no advertir oportunamente a las autoridades sobre el vínculo familiar que podría interferir en su función como vicepresidente de la mesa siete en el corregimiento.
La decisión de primera instancia, reportada por la Procuraduría, sostiene que el ciudadano actuó pese a conocer objetivamente la situación de impedimento y no realizó el aviso correspondiente, quebrantando así los principios de moralidad e imparcialidad exigidos para la función pública, aun cuando su labor fuera transitoria.
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El Ministerio Público subrayó que “con su proceder, Castaño González quebrantó el cumplimiento que debía darle a los principios de moralidad e imparcialidad, independiente de que su servicio público haya sido prestado de manera transitoria, por lo que de manera definitiva calificó su conducta como falta disciplinaria gravísima cometida a título de culpa gravísima”.
La sanción impuesta por la Procuraduría General de la Nación puede ser objeto de recurso ante la misma entidad, según el procedimiento legal colombiano.
La Procuraduría General activó el centro de comunicaciones y logística para reforzar la vigilancia electoral
La Procuraduría General de la Nación anunció la activación del Centro de Comunicaciones y Logística este 8 de marzo para los comicios de Congreso de la República y Consultas, con el objetivo de reforzar la vigilancia electoral a nivel nacional.
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Este dispositivo estará conformado por 101 funcionarios especializados en normativa electoral, ética pública y gestión de la información, que ofrecerán atención ininterrumpida durante la jornada.
El equipo supervisará la trazabilidad de los reportes, el registro de incidentes y brindará respuesta eficiente a los requerimientos en todo el país. Los ciudadanos podrán contactar directamente al Centro de Comunicaciones y Logística utilizando el número +57 (601) 587 8750, seleccionando la opción 1.
En el proceso participarán más de 10.000 funcionarios, distribuidos entre la Procuraduría, la Defensoría y las Personerías, quienes ejercerán la vigilancia en la jornada electoral y en las comisiones escrutadoras en sus diferentes niveles. Además, se realizará seguimiento a 27 Centros de Recepción Telefónica y se garantizará presencia institucional en los Puestos de Mando Unificado.
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Para estas elecciones legislativas, el censo electoral asciende a 41.287.084 ciudadanos habilitados para votar, con 13.746 puestos de votación y 125.259 mesas disponibles en todo el territorio colombiano, según datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil.
El Centro de Comunicaciones y Logística contará con la participación de entidades como la Registraduría Nacional, Personerías, Policía Nacional, Ejército Nacional, Defensoría del Pueblo y un representante del alto comisionado de la ONU.
Este mecanismo recibirá y clasificará quejas o denuncias sobre posibles irregularidades, además de orientar a la ciudadanía y asistir técnicamente a los funcionarios responsables de la vigilancia en las votaciones y el escrutinio.
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