El Ejército ordenó restricción al porte de armas en Bogotá y Cundinamarca: cuándo aplica la medida

En la antesala de la jornada de elecciones legislativas que se llevará a cabo el domingo 8 de marzo de 2026, la Décima Tercera Brigada del Ejército Nacional anunció mediante un comunicado la suspensión temporal de los permisos especiales para el porte de armas de fuego y armas traumáticas en Bogotá, Cundinamarca, y algunos municipios de Meta.

A raíz de los comicios que definirán las curules al Congreso de la República (tanto en Senado como en Cámara de Representantes).

La medida, establecida mediante la Resolución 00001844 de 2026, regirá desde las 6:00 a. m. del sábado 7 de marzo hasta las 6:00 a. m. del lunes 9 de marzo de 2026.

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La restricción aplica en la ciudad de Bogotá, en los municipios de San Juanito y Calvario (Meta), y en todo el departamento de Cundinamarca, con excepción de las poblaciones de Medina y Paratebueno.

La disposición contempla excepciones para entidades como la Fiscalía General de la Nación, Procuraduría, Contraloría, Inpec (Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario), Migración Colombia, la Unidad Nacional de Protección, la Dirección Nacional de Inteligencia, empresas de vigilancia y seguridad privada, y misiones diplomáticas acreditadas en Colombia.

También se mantienen las excepciones establecidas en la Directiva 0005 de 2024, que incluyen al personal activo y veteranos de la Fuerza Pública, así como a los profesionales oficiales de la reserva, entre otros casos específicos.

La medida busca contribuir a la seguridad y normal desarrollo de la jornada electoral en la región.

Policía Nacional también respalda la jornada de elecciones al Congreso de Colombia del domingo 8 de marzo

En la previa de las elecciones legislativas, la Policía Nacional, a través de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín), puso en marcha el Equipo Especial Contra los Delitos Electorales (Ecode), una estrategia integral orientada a prevenir y combatir cualquier conducta que atente contra la transparencia y la legitimidad del proceso electoral en Colombia.

El despliegue institucional abarca cuatro ámbitos: prevención, inteligencia, investigación criminal e integridad institucional. Estas acciones buscan anticipar, mitigar y reaccionar frente a delitos electorales, consolidando la gestión de la Policía Nacional para salvaguardar la voluntad popular.

La Dijín implementó la Ruta de Garantías Electorales, un dispositivo que articula capacidades institucionales e interinstitucionales para mitigar el riesgo de delitos electorales.

Este mecanismo incluye un sistema de atención permanente 24/7 para la recepción, verificación y análisis de posibles incidentes, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, la Dirección de Inteligencia Policial, el Mecanismo URIEL y la Línea Anticorrupción 157.

La información recibida se canaliza y analiza técnicamente, permitiendo su radicación formal ante la Fiscalía y la activación de procedimientos ante la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República. Este proceso garantiza la trazabilidad de cada denuncia y fortalece el control institucional.

Reacción judicial y persecución penal

En materia de reacción, la Policía Nacional cuenta con 120 investigadores y 12 despachos delegados de la Dirección Especializada Contra la Corrupción en el nivel central, y 150 investigadores y 35 despachos fiscales seccionales en el nivel desconcentrado.

Con corte al 5 de marzo de 2026 existen 14 macroprocesos investigativos en curso a nivel nacional, orientados a desarticular estructuras o redes que buscan afectar el libre ejercicio del voto.

La estrategia contempla puestos y puntos de control en vías nacionales y zonas priorizadas, coordinados con la Dirección de Tránsito y Transporte (Ditra), la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) y el componente de Infraestructura Estratégica.

Además, se utilizan equipos K9 especializados en la detección de divisas para prevenir la financiación ilícita de campañas y la compra de votos.

La Dijín aplica un modelo basado en 14 variables técnicas que permitió priorizar 272 entidades territoriales con posibles riesgos para la transparencia electoral y la seguridad. Este modelo integra información de la Defensoría del Pueblo, la Misión de Observación Electoral (MOE), la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf), el Mecanismo URIEL, inteligencia policial y fuentes abiertas.

Línea Anticorrupción 157: canal para denuncias ciudadanas

La Línea Anticorrupción 157, activa desde el 18 de febrero de 2026, ha recibido 57 reportes relacionados con delitos electorales, principalmente en departamentos como Santander, Atlántico, Tolima, Bolívar, Cesar, Antioquia, Risaralda, Bogotá D.C., Meta y Nariño.

Los delitos más reportados incluyen constreñimiento al sufragante, corrupción al sufragante y ocultamiento, retención o posesión ilícita de cédula.

Al final, desde la Policía Nacional se reafirmó el compromiso con la legalidad y la transparencia, asegurando que cada denuncia será investigada con rigor y que quienes intenten vulnerar el proceso democrático enfrentarán consecuencias penales.