Candidatos proponen construir megacárceles en Colombia al estilo Bukele: expertos evalúan si es posible y cuánto costarían

En época electoral, la propuesta de construir megacárceles en Colombia comienza a sonar entre diferentes candidatos. En las elecciones para la Alcaldía de Bogotá, el exministro de Defensa Diego Molano propuso esta iniciativa para la capital colombiana.

Las elecciones presidenciales en Colombia también han incluido esta propuesta; candidatos como Enrique Peñalosa, Mauricio Cárdenas, Juan Carlos Pinzón y Abelardo de la Espriella han expresado la intención de construir megacárceles en el país.

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La inconformidad de la población ante la inseguridad en distintas regiones de Colombia, el hacinamiento en las cárceles —según cifras del Inpec, la sobrepoblación carcelaria en el país llegó al 28,6%— y la falta de garantías, entre otros factores, motivan a los candidatos a proponer este tipo de estructuras.

Infobae Colombia consultó a varios expertos para determinar la viabilidad, la efectividad, los costos, el impacto social y las consecuencias a largo plazo de las megacárceles.

Norberto Hernández Jiménez, abogado penalista, magíster en criminología y ejecución penal, y profesor de tiempo completo en la Universidad Javeriana, explicó a este medio que, desde el punto de vista jurídico, es posible la construcción de una megacárcel en Colombia.

Sin embargo, expresó sus críticas a la propuesta y recordó que, según la Constitución, deben primar la dignidad humana y la resocialización, “algo que ya está en entredicho en el sistema actual”, según Norberto Hernández Jiménez.

“Si las megacárceles llegaran al extremo de violar la dignidad humana, como ocurre en El Salvador, eso sería inconstitucional y podría ser impugnado. La Corte Constitucional ha mostrado cierta tolerancia ante las condiciones actuales, pero si una megacárcel implicara una mayor violación de derechos, no debería permitirse”, expresó Hernández Jiménez.

Hugo Acero, exsecretario de Seguridad de Bogotá y quien estuvo a cargo de la gestión de la Cárcel Distrital en la capital, indicó a Infobae Colombia que la construcción de una megacárcel en Colombia es posible si se cuenta con los recursos, aunque señaló que el principal reto consiste en determinar la efectividad y la eficiencia del sistema carcelario.

“Las cárceles como la de Nayib Bukele en El Salvador, el Cecot, están diseñadas para cuarenta mil personas, pero está demostrado que, a partir de dos mil o dos mil quinientos cupos, una cárcel se vuelve inmanejable y se reduce a vigilancia y control”, indicó Acero.

Angélica Beltrán, coordinadora del programa Mujeres en cárceles y libres de la Corporación Humanas, aseveró a Infobae Colombia que la construcción de más cárceles en el país no soluciona el estado de cosas constitucional ni la crisis del sistema carcelario.

“Entre 2000 y 2008, la capacidad carcelaria aumentó en 49% gracias a inversión estadounidense, lo que redujo el hacinamiento en 25,5%. Sin embargo, en 2009, el hacinamiento volvió a superar el 40%. Esta situación se ha repetido varias veces. Por lo tanto, seguir insistiendo en la construcción de prisiones es una medida irresponsable y desconoce la evidencia histórica y científica”, expresó Beltrán.

Angélica Beltrán y Norberto Hernández Jiménez coincidieron en que la declaración del estado de cosas inconstitucional en 1998 y 2013 impulsó la construcción de más cárceles en Colombia, las cuales se llenaron de manera inmediata y no solucionan, según los expertos, los problemas que actualmente enfrente el país.

“En Colombia, a diferencia de El Salvador, existen garantías constitucionales más robustas que limitan la actuación del gobierno en materia penitenciaria. No se puede comparar el margen de acción de un presidente colombiano con el de Bukele. En resumen, el problema no es solo de infraestructura, sino del enfoque de la política criminal”, indicó Hernández Jiménez.

Derechos humanos

El impacto de las megacárceles sobre los derechos humanos genera preocupación entre los expertos. Hernández Jiménez enfatizó que “privar de la libertad en condiciones indignas afecta la salud mental y genera resentimiento en las personas, lo que puede incentivar la reincidencia. La ausencia de luz solar, la falta de intimidad y el trato deshumanizado vulneran los derechos fundamentales”.

En relación a la situación de las mujeres, Beltrán advirtió que la centralización de la población penitenciaria en megacárceles profundiza el desarraigo familiar.

“Existen menos centros penitenciarios para mujeres, por lo que la construcción de megacárceles, que centralizan a un mayor número de personas en un solo edificio y suelen ubicarse en lugares alejados, profundiza el desarraigo familiar. Las mujeres suelen quedar más lejos de sus entornos y familias, dificultando las visitas y el apoyo afectivo. Como hay más centros para hombres, ellos resultan menos afectados por esta realidad”, indicó Beltrán.

Hugo Acero advirtió que la administración penitenciaria tiene la obligación de cumplir con las normas y los derechos de los internos. La omisión de estos deberes puede derivar en investigaciones y sanciones para los responsables.

“Si una cárcel se administra sin respetar los derechos de las personas privadas de la libertad, de las visitas y de los familiares, el funcionario encargado puede ser juzgado por esa vulneración”, aseguró.

Soluciones y alternativas

El abogado penalista y magíster en criminología y ejecución penal sostuvo que “la solución pasa por una política criminal integral. El Estado ha optado por lo que en derecho penal llamamos ‘huida hacia el derecho penal’, es decir, responder a todo con penas privativas de la libertad cada vez más altas, en lugar de abordar las causas sociales de la criminalidad”.

Además, señaló que “mantener a una persona privada de la libertad cuesta alrededor de dos millones de pesos mensuales. Es mejor invertir en la no reincidencia que en el castigo reiterado”.

Hugo Acero propuso que, para enfrentar el hacinamiento y la crisis penitenciaria, las nuevas cárceles deberían ubicarse en zonas accesibles dentro de las ciudades, facilitando el traslado de los internos sindicados a los juzgados y evitando mayores riesgos en los desplazamientos.

El exsecretario planteó que el financiamiento y la gestión de las cárceles podrían realizarse mediante alianzas público-privadas, asegurando recursos suficientes para la operación y el mantenimiento a largo plazo. “Una administración profesional, con personal capacitado y protocolos claros, es fundamental para evitar repetir los errores del pasado”, afirmó.

Angélica Beltrán planteó que las soluciones deben centrarse en revisar la medida de detención preventiva, descongestionar las áreas judiciales y mejorar la eficiencia del Inpec para que quienes ya cumplieron su condena obtengan la libertad. “Mientras no se aborden las causas estructurales, como la desigualdad, la criminalidad seguirá creciendo y cualquier nueva cárcel se llenará rápidamente”.

Las voces consultadas por Infobae Colombia coinciden en que la crisis penitenciaria requiere una transformación estructural de la política criminal, la administración del sistema y el enfoque de derechos humanos, más allá de la ampliación de la infraestructura carcelaria.