El presidente Gustavo Petro respondió al magistrado y expresidente de la Corte Constitucional José Fernando Reyes, que durante un foro académico afirmó que el país estaría atravesando un proceso de “erosión constitucional” asociado al manejo del poder presidencial y al uso reiterado de decretos derivados de estados de excepción.
Las declaraciones de Reyes se dieron durante un foro organizado por la revista Cambio sobre los límites jurídicos del poder presidencial. En ese espacio, el exmagistrado analizó las implicaciones constitucionales de acudir a estados de excepción para resolver crisis que, según señaló, corresponderían a problemas estructurales del país.
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Tras conocerse estas declaraciones, el presidente Gustavo Petro reaccionó a través de su cuenta en la red social X, donde respondió directamente al exmagistrado.
“Señor Reyes: el estado de derecho se superó en 1991 con el concepto de Estado Social de derecho. Este gobierno construye un estado social derecho que el magistrado Reyes en funciones quiso detener”, escribió el mandatario.
Y es que hasta el 5 de marzo de 2026, el gobierno de Gustavo Petro ha decretado tres estados de Emergencia Económica, Social y Ecológica, amparados en el artículo 215 de la Constitución Política.
El primero fue declarado en 2023 para enfrentar la crisis humanitaria y de acceso al agua en La Guajira. El segundo estado de emergencia fue expedido en diciembre de 2025 mediante el Decreto 1390, con el objetivo de atender un déficit fiscal estimado en 16,3 billones de pesos tras el hundimiento de la Ley de Financiamiento en el Congreso.
Y el tercer estado de emergencia fue declarado en febrero de 2026 mediante el Decreto 0150 para enfrentar los efectos de la crisis invernal en ocho departamentos del país, entre ellos Córdoba, Antioquia, La Guajira y Chocó.
Bajo esta última declaratoria, el Ejecutivo expidió cinco decretos legislativos —del 0173 al 0177 de 2026— que incluyen medidas como la creación de un impuesto temporal al patrimonio para empresas con activos superiores a 10.400 millones de pesos, contribuciones adicionales para el sector energético, autorizaciones de contratación directa en zonas afectadas y disposiciones para agilizar la compra de tierras destinadas a campesinos damnificados.
Debate sobre el control constitucional
Durante su intervención en el foro, José Fernando Reyes defendió la posibilidad de que la Corte Constitucional suspenda normas que estén bajo revisión, incluidos decretos legislativos o decretos que declaran estados de excepción.
Según explicó, esta facultad busca evitar que disposiciones contrarias a la Constitución produzcan efectos antes de que el tribunal adopte una decisión definitiva. “No podemos permitir que se burlen de la Constitución”, afirmó el exmagistrado.
Reyes explicó que, aunque la facultad de suspensión provisional no aparece expresamente en la Constitución, el alto tribunal reinterpretó sus competencias a partir de varios artículos constitucionales, entre ellos uno que establece que en caso de incompatibilidad entre normas prevalece la Constitución.
De acuerdo con el exmagistrado, esta interpretación permitió que la Corte aceptara suspender decretos mientras se estudia su constitucionalidad: “Esto no se lo inventó la Corte Constitucional colombiana ni es un abuso. Es la única forma de detener la erosión constitucional en la que estamos”, afirmó.
En ese sentido, señaló que, a su juicio, el país estaría atravesando un proceso progresivo de debilitamiento institucional. “Asistimos todos los días al cercenamiento de la vida del Estado de Derecho, a la rebaja del tono del derecho a la libertad de expresión. Todo el que opina en contra de quien regenta el gobierno tiene su trino y su persecución. Pero, además, ese proceso de erosión constitucional se enmarca en el irrespeto a la Corte, en el franco debilitamiento de la Corte y en el alegato de bloqueos institucionales”, dijo.
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