
Para millones de personas en Bogotá, moverse por la ciudad se convirtió en una prueba diaria de paciencia. El tiempo que antes se destinaba al trabajo, a la familia o al descanso termina muchas veces atrapado entre filas interminables de vehículos. La discusión sobre movilidad, que suele parecer técnica o distante, en realidad toca de forma directa la rutina de quienes cruzan la capital cada mañana.
Ese impacto cotidiano volvió a ocupar el centro de la conversación en el Concejo de la ciudad. Durante una sesión de control político, concejales y funcionarios del Distrito revisaron cifras y decisiones que hoy marcan la forma en que se transita por las calles. Lo que quedó claro es que la congestión no es un problema menor, se trata de una situación que influye en la calidad de vida de los ciudadanos y en el funcionamiento económico de la capital.
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Las estadísticas presentadas durante el debate reflejan la dimensión del desafío. De acuerdo con los datos expuestos, cerca del 70% de la red vial de Bogotá registra congestión cada día. En la práctica, eso significa que una gran parte de los desplazamientos diarios se realiza a una velocidad reducida, con efectos acumulativos en el tiempo y en los costos de transporte.
La sesión fue citada bajo el título ‘Bogotá colapsada y el recaudo disparado’, iniciativa del concejal Julián Forero, conocido como “Fuchi”. Durante su intervención, el cabildante sostuvo que la ciudad enfrenta una crisis estructural de movilidad que termina afectando tanto la productividad como el bienestar de quienes viven y trabajan en la capital.
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Uno de los datos que más llamó la atención tiene que ver con la velocidad promedio de circulación. Según lo presentado en el debate, los vehículos se desplazan a unos 15 kilómetros por hora.
En hora pico, recorrer apenas cinco kilómetros puede tomar hasta 40 minutos. Para quienes dependen del carro o del transporte público, esto implica salir cada vez más temprano de casa y llegar más tarde al final de la jornada.
El impacto económico tampoco pasa desapercibido. Forero señaló que los trancones generan pérdidas cercanas a los 12 billones de pesos al año. Además, calculó que un conductor podría perder en promedio hasta seis días completos al año atrapado en congestiones. Detrás de esa cifra hay horas de productividad, tiempo familiar y bienestar que se diluyen en medio del tráfico.
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Parte del debate se centró en algunas medidas que, según el concejal, priorizan el recaudo sin resolver el problema de fondo. Entre ellas mencionó el programa de pico y placa solidario, un mecanismo que permite pagar para circular en días de restricción vehicular. De acuerdo con las cifras citadas, cerca de 30.000 vehículos utilizan esta opción diariamente y el sistema habría generado ingresos cercanos a un billón de pesos entre 2024 y 2025.
También se discutió el papel de las zonas de parqueo pago, que en algunos sectores, según los cuestionamientos planteados, podrían estar contribuyendo al aumento del tráfico. Otro punto crítico fue el estado de la red semafórica de la ciudad. De aproximadamente 1.700 intersecciones semaforizadas, 1.257 habrían registrado fallas durante 2024, pese a que entre 2023 y 2025 se destinaron más de 87.000 millones de pesos a su mantenimiento.
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El concejal agregó que en Bogotá se aprobaron más de 11.000 planes de manejo de tránsito asociados a obras viales. Sin embargo, advirtió que no siempre se realiza una evaluación integral del impacto que esas intervenciones generan sobre la movilidad diaria. Desde la administración distrital, la secretaria de Movilidad, Claudia Díaz, defendió las decisiones adoptadas. Según explicó, parte del malestar ciudadano se relaciona con la gran cantidad de obras que actualmente se ejecutan en la ciudad.
De acuerdo con la funcionaria, Bogotá cuenta hoy con más de 1.200 frentes de obra activos. En los últimos dos años se han entregado 28 proyectos de infraestructura, además de implementar 45 medidas de gestión del tráfico y 886 acciones de mejora vial.
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En materia de seguridad vial, Díaz destacó la instalación de resaltos parabólicos conocidos popularmente como “policías acostados”, los cuales contribuyeron a reducir en 45% el número de personas lesionadas en siniestros. Sobre el pico y placa solidario, la secretaria aseguró que representa menos del 4% del total de vehículos que circulan en la ciudad y que los recursos obtenidos se destinan a financiar el sistema de transporte público.
A su turno, el director del Instituto de Desarrollo Urbano, Orlando Molano, explicó que la actual administración recibió 76 proyectos de infraestructura con retrasos que superaban los 10 billones de pesos y demoras que, en algunos casos, alcanzaban hasta seis años.
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Molano aseguró que varias de esas obras lograron avanzar. Como ejemplo mencionó la troncal de la avenida 68, que ya alcanza cerca del 80 % de ejecución. Además, indicó que otros 20 proyectos de infraestructura están previstos para entregarse en 2026.
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