CNE radicó ratificó sanción contra la campaña Petro Presidente en 2022: negaron recursos de la defensa por violación de topes

La decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de mantener la sanción por más de 5.000 millones de pesos contra los directivos de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022 marca un nuevo episodio en la vigilancia del financiamiento electoral colombiano.

Este miércoles 4 de marzo, los magistrados Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada formalizaron su postura al radicar una ponencia que rechaza los argumentos de la defensa y ratifica la resolución original.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El 27 de noviembre de 2025, la sala plena del CNE decidió, con una votación de seis a tres, sancionar a los responsables de la campaña por violar los topes de gasto permitidos. La defensa, encabezada por representantes legales de Ricardo Roa Barragán, actual presidente de Ecopetrol y gerente de la campaña política, intentó revertir la sanción mediante recursos judiciales.

Sin embargo, la nueva ponencia presentada por los magistrados Ortiz y Prada no aceptó los planteamientos de nulidad ni las solicitudes de corrección por supuestas irregularidades administrativas.

La resolución del CNE establece que no se accederá a las peticiones de la defensa, y solicita que se remitan copias del caso a la Comisión de Acusación e Investigación de la Cámara de Representantes.

Sanciones y consecuencias para la campaña de Gustavo Petro

La sanción afecta directamente a tres figuras clave: Ricardo Roa Barragán, en su calidad de gerente de campaña; Lucy Aydee Mogollón, quien ofició como tesorera; y María Lucy Soto Caro, auditora interna durante la primera vuelta presidencial. Para esta etapa, la multa asciende a 2.252 millones de pesos.

El CNE también impuso una sanción solidaria a los mismos funcionarios por otros 2.447 millones de pesos por violaciones detectadas en la primera vuelta. Además, para la segunda vuelta presidencial, la multa sumó otros 627 millones de pesos por financiación prohibida y 596 millones de pesos adicionales por exceso en los topes.

En síntesis, la campaña del presidente Gustavo Petro en 2022 enfrenta sanciones administrativas por más de 5.000 millones de pesos tras comprobarse el incumplimiento de los límites legales de financiación, tanto en la primera como en la segunda vuelta.

Las autoridades confirmaron que los recursos judiciales presentados para anular o modificar la sanción no prosperaron, por lo que la medida queda en firme y debe ser acatada por los responsables.

Situación legal de Ricardo Roa y respuesta de los sancionados

Para Ricardo Roa, actual presidente de la petrolera estatal, el panorama judicial se complica. El directivo enfrenta dos llamados de la Fiscalía a imputación de cargos: uno, asociado al manejo financiero de la campaña de Gustavo Petro, y otro, relacionado con presunto tráfico de influencias y la adquisición de un lujoso apartamento en el norte de Bogotá.

La defensa de Roa, junto con la de los otros directivos de la campaña, continuó argumentando que no existió violación de topes electorales. Sin embargo, el CNE desestimó dichas justificaciones, y la sanción administrativa fue ratificada.

Por su parte, el movimiento político Colombia Humana, fundado por Gustavo Petro y también sancionado en noviembre de 2025, optó por una vía distinta. La secretaria general y representante legal, Andrea Camila Vargas de la Hoz, comunicó formalmente al CNE el desistimiento del recurso de reposición y la aceptación del acto administrativo sancionatorio. Así, Colombia Humana renunció a los términos procesales, allanándose a la sanción y facilitando el pago correspondiente.

Implicaciones políticas y futuro de Colombia Humana

La aceptación de la sanción por parte de Colombia Humana allana el camino para su fusión con la coalición Pacto Histórico. Según confirmó la representante legal, el cumplimiento de la sanción administrativa permite que los candidatos inscritos a la Cámara por ese movimiento no enfrenten riesgos de doble militancia, despejando posibles obstáculos legales para su participación electoral.

El caso también implica consecuencias para el Partido Político Unión Patriótica, sancionado junto con los directivos y el movimiento Colombia Humana. Todos los mencionados quedaron notificados y sujetos a las resoluciones adoptadas por el CNE.

Compartir nota: