
La muerte de Kevin Arley Acosta Pico, un niño de siete años que padecía hemofilia A grave, sigue causando indignación a lo largo y ancho del país, y todo por lo que habría sido la atención del menor, que murió el 13 de febrero en el Hospital La Samaritana de Bogotá.
A lo anterior, se suma la divulgación de su historia clínica por parte del presidente de la República, Gustavo Petro, y del titular de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, en un Consejo de Ministros.
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Precisamente por este último hecho, la familia del menor radicó denuncias formales contra el jefe de Estado y el miembro del gabinete ante la Comisión de Acusaciones y la Fiscalía, respectivamente, por la apertura pública de documentos médicos reservados y lo que sería presunta negligencia médica atribuida a la Nueva EPS, entidad encargada de suministrar el medicamento al menor, y que según el relato de la madre, Yudy Pico, dejó de hacerlo, lo que habría empeorado su estado.
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Entre los hallazgos en este caso, el abogado Manuel Villanueva, representante legal de la familia, detalló a Infobae Colombia que el traslado de Kevin a un centro especializado demoró 24 horas tras una hemorragia intracraneana, un lapso que, según sus palabras, resultó definitivo.
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“Con un cuadro clínico así ya no hay nada que hacer. El niño perdió el sentido a las ocho o nueve horas y de ahí en adelante ya no se supo más del menor”, afirmó.
Villanueva precisó que ya radicaron la denuncia ante la entidad cameral, la única facultada para investigar al primer mandatario. El proceso, explicó el jurista a Infobae Colombia, también involucra al ministro de Salud, que a su juicio es sobre el que recae mayor responsabilidad, pues como médico conocía el deber de mantener la reserva de las historias clínicas y, no obstante, ambos hicieron la lectura pública de esos documentos, lo que calificó como una irregularidad.
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Los fundamentos legales con los que la familia de Kevin Acosta denunció a Gustavo Petro
El abogado fundamentó la acusación en la protección de la historia clínica, que no es de dominio público. “Nosotros consideramos que se incurrió en la divulgación de documentos reservados, artículo 194 del Código Penal. Eso ampara ese tipo penal: los documentos que están sometidos a reserva”, expuso Villanueva, que sostuvo que esta confidencialidad se mantiene incluso después del fallecimiento del menor, porque la ley extiende la protección por tratarse de un niño.
La controversia creció después de que el presidente Petro y el ministro Jaramillo relacionaron el desenlace con los riesgos de la actividad física en personas con hemofilia: en específico, en que Kevin estuviera montando bicicleta cuando se produjo el trauma que derivó, según explicó el letrado, en la falta de atención oportuna a la lesión sufrida; pues el traslado del niño desde Palestina Huila, en donde estaba, tardó más de lo debido.
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Villanueva añadió que la familia aún espera el resultado oficial del análisis forense, en el que se determinen las causas del deceso de Acosta y, con base en este informe, se proceda con acciones legales en defensa de la memoria del menor. “Nosotros ya radicamos los derechos de petición para que, por lo menos en una semana, nos digan cuáles son las causas de muerte exactamente. No nos han contestado”, afirmó el letrado a Infobae Colombia.
En consecuencia, la defensa valorará la pertinencia de una denuncia formal contra el interventor de la Nueva EPS, Luis Óscar Gálves y la decisión final dependerá de obtener y analizar las historias clínicas completas, según afirmó Villanueva. “Todavía no tenemos consolidados los hechos hasta que no tengamos las historias clínicas en la mano y podamos mirar dónde está la deficiencia en la prestación de ese servicio y la omisión por parte del funcionario”, puntualizó.
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La familia exige justicia: abogado de la familia anunció que irá hasta las últimas consecuencias penales e hizo vital petición
Según expresó el abogado defensor, los motivos para emprender las acciones legales contra el jefe de Estado está motivado en la indignación por la exposición pública de los datos de su hijo y por las circunstancias en que ocurrieron los hechos. “Lo único que pide ella es justicia. Ella no tiene ninguna otra intención de decir: ‘Venga, es que yo quiero...’, no. Justicia”, expresó Villanueva a esta redacción, con lo que dio luces de las pretensiones de la familia.
El caso avanza en la Fiscalía 51 de Vida de Bogotá, por lo que el letrado pedirá el reconocimiento de la familia como víctima, lo que permitirá intervenir activamente en las etapas del proceso penal. “Podemos solicitar pruebas, e inclusive, en la audiencia de imputación, solicitaríamos medidas de aseguramiento”, destacó. Dijo también que la jurisprudencia actual confiere a las víctimas un papel más activo dentro del proceso, por lo que la familia buscará que se examine la posible imputación de funcionarios de la Nueva EPS por presunta omisión.
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Es válido decir que la familia denunció que la Nueva EPS suspendió el suministro del medicamento vital Emicizumab desde diciembre de 2025, lo que hizo especialmente vulnerable a Kevin en caso de accidente. En respuesta, la entidad promotora de salud argumentó que el retraso respondió a trámites administrativos, aunque aseguró que el tratamiento estaba programado para entregarse al niño.
A raíz de lo sucedido, el abogado Villanueva insistió en la urgencia de que el Estado atienda a las hermanas menores de Kevin, que podrían estar en riesgo. “Nunca se les ha hecho una valoración médica y genética para saber si ellas tienen el mismo gen. Pueden ser portadoras, pero ellas ni siquiera lo saben. Aspiramos a que la próxima semana les hagan una valoración genética”, indicó el abogado a Infobae Colombia.
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El caso de Kevin Acosta sería el reflejo, de acuerdo con la defensa, de las falencias del sistema de salud colombiano, en particular en el acceso a medicamentos de alto costo y en la atención oportuna a pacientes con enfermedades raras. Asi pues, los procesos legales avanzan mientras la familia, representada por Manuel Villanueva, reclama justicia y el reconocimiento de las fallas estatales e institucionales que terminaron con la vida del menor.
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