La Procuraduría General de la Nación aplicó una dura sanción a una alta funcionaria militar al destituir e inhabilitar durante 10 años a la teniente coronel Heidy Johana Zuleta Gómez, quien hasta el momento ejercía como juez primera de Brigada de la Justicia Penal Militar en Barranquilla.
La medida surge tras una investigación por presunto acoso laboral, en la que los hechos atribuidos a Zuleta Gómez incluyen maltrato y actos de persecución contra una subalterna con rango de mayor.
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La resolución, emitida en primera instancia, detalla que la teniente coronel habría utilizado su posición jerárquica para intimidar a la mayor, recurriendo tanto a burlas sobre su equipo de cómputo como a referencias a aspectos personales de su vida.
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De acuerdo con el análisis sicológico realizado durante el proceso, estas acciones derivaron en ansiedad y depresión en la víctima.
El ente de control considera que tales comportamientos vulneran principios esenciales como el respeto y la dignidad, además de afectar la equidad y el liderazgo que se espera de los miembros del Ejército Nacional.
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La Procuraduría Delegada Disciplinaria de Juzgamiento 3 calificó las faltas de Zuleta Gómez como gravísimas, señalando que se cometieron de manera dolosa. Según el fallo, la exjuez transgredió el deber funcional y el principio de moralidad, lo que repercute negativamente en el servicio público y en la convivencia interna de la institución castrense.
El proceso administrativo también pone en evidencia el compromiso del Ministerio Público con la transparencia y la erradicación de conductas de acoso en el sector oficial.
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Desde la entidad se afirma que “el respeto a los derechos laborales y la promoción de ambientes libres de hostigamiento resultan principios fundamentales para todos los servidores públicos, incluidos quienes tienen funciones en la jurisdicción penal militar”.
La investigación concluyó que la conducta de la teniente coronel no solo transgredió derechos individuales, sino que además comprometió valores institucionales que sustentan el funcionamiento del Ejército.
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La Procuraduría enfatizó que el liderazgo en cargos de mando debe cimentarse en el respeto mutuo, la dignidad y una convivencia sana, condiciones que, según el fallo, no se dieron en este caso.
Con esta decisión, la Procuraduría pretende sentar un precedente en la lucha contra el acoso laboral y fortalecer la integridad dentro de las Fuerzas Armadas, recordando la obligación de todos los funcionarios de garantizar entornos laborales respetuosos y libres de intimidación.
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Procuraduría llamó a juicio disciplinario a teniente coronel de la Policía señalado de acosar sexualmente a una compañera
La Procuraduría General de la Nación inició un proceso disciplinario de alto perfil que involucra a un oficial de la Policía Nacional. La autoridad disciplinaria formuló un pliego de cargos contra el teniente coronel Sergio Arturo Rodríguez Jiménez.
El oficial, quien comandaba la Base Antinarcóticos de San José del Guaviare, enfrenta acusaciones por supuestas conductas de acoso sexual dirigidas a una integrante de la misma unidad. Según la información oficial, la denuncia se refiere a hechos ocurridos el 2 de mayo de 2024 en instalaciones policiales.
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La investigación sostiene que el oficial habría aprovechado su grado y autoridad para ejecutar acciones de connotación sexual, tanto físicas como verbales, en contra de una auxiliar de policía adscrita a la base. Estas conductas, según el expediente preliminar, habrían atentado contra la dignidad y la integridad personal de la víctima.
La formulación del pliego de cargos marca una etapa inicial dentro del Código General Disciplinario, en la cual se precisan las conductas imputadas y su posible calificación jurídica. El Ministerio Público indicó que, en este caso, se investiga si hubo un abuso de posición jerárquica para realizar actos sexuales no consentidos, configurando una falta gravísima.
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El proceso seguirá adelante con las etapas de juzgamiento y decisión de fondo, donde se evaluarán pruebas y argumentos de ambas partes. Si se comprueba la responsabilidad disciplinaria del oficial, la calificación provisional como falta gravísima a título de dolo podría acarrear sanciones de máxima severidad bajo el régimen de la fuerza pública.
No obstante, la Procuraduría aclaró que la decisión definitiva dependerá de la valoración del material probatorio presentado a lo largo del proceso.
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