Presidente de Fedegán alertó sobre presuntas invasiones ilegales: advirtió que la ANT podría expropiar tierras

La Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán) lanzó una alerta sobre las implicaciones del Decreto 0174 de 2026, promulgado por el Gobierno nacional, el cual faculta a la Agencia Nacional de Tierras (ANT) a actuar como una “policía administrativa”.

Este decreto le otorga a la ANT la posibilidad de intervenir, ocupar temporalmente, adquirir e incluso expropiar propiedades privadas, todo ello bajo el pretexto de atender situaciones de desastre y calamidad pública.

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A través de una carta enviada a la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, el presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie, expresó su preocupación por los efectos potenciales de este decreto sobre la propiedad rural y, específicamente, sobre el sector ganadero.

Según Lafaurie, uno de los riesgos más graves es que este decreto pueda ser interpretado de manera errónea y termine fomentando las ocupaciones ilegales de tierras.

En su misiva, el gremio ganadero señaló que las “invasiones ilegales” de terrenos, que violan la ley y afectan a los propietarios legítimos, se convirtieron en una amenaza en muchas zonas rurales del país.

De acuerdo con la carta, estas prácticas no solo son ilegales, sino que generan graves conflictos en las comunidades rurales y afectan la paz y la convivencia en el campo: “Las invasiones ilegales que infringen la ley y afectan a los legítimos propietarios de los predios son un elemento bastante nocivo que afecta la paz y la convivencia en la ruralidad, como lo ha vivido el sector ganadero estos últimos años”.

“Es indudable que buena parte de la seguridad jurídica reposa en los jueces de la República y sus decisiones. Por ello, eliminar su competencia para conocer asuntos como el que se comenta, a nuestro juicio, fractura dicha seguridad jurídica y potencialmente puede vulnerar el derecho a un debido proceso”, expresó José Félix Lafaurie en su comunicado.

El presidente de Fedegán resaltó que este tipo de medidas no solo afectaría a los propietarios de tierras, sino que comprometería la estabilidad de las relaciones sociales y productivas en las zonas rurales del país.

Lafaurie recordó que las invasiones ilegales ya son un problema serio para el sector ganadero, que sufrió múltiples afectaciones debido a la toma de predios por parte de grupos ajenos a la ley. En su carta, el líder ganadero enfatizó que este fenómeno de ocupación ilegal podría escalar si el decreto es interpretado de forma errónea o aplicado de manera inapropiada.

“Las invasiones ilegales afectan gravemente la paz y la convivencia en las zonas rurales. Estas invasiones han sido una constante en el sector ganadero, donde los productores se ven despojados de sus tierras sin ningún tipo de proceso judicial claro”, indicó el líder gremial.

Fedegán pide revisión urgente de medidas del Gobierno nacional

Fedegán resaltó que los procedimientos judiciales son fundamentales para asegurar el respeto a los derechos de propiedad y que cualquier modificación en estos procesos podría tener consecuencias devastadoras para los productores: “La ocupación de predios sin un proceso formal, y sin el respaldo de una decisión judicial clara, podría despojar a los propietarios de su derecho a la propiedad”.

Además de las preocupaciones sobre el Decreto 0174, Fedegán también compartió su inquietud por los efectos de la Resolución 2057 de 2025, que reajustó los avalúos catastrales en varias zonas rurales del país. Según el presidente del sindicato, esta resolución provocó incrementos desproporcionados en los avalúos, al llegar a aumentar hasta un 1.000% en algunas regiones.

“Este reajuste en los avalúos catastrales representa un duro golpe a la productividad de las actividades en el campo colombiano. Los pequeños ganaderos, que constituyen el 82% del sector, se verán gravemente afectados por esta medida”, comentó Lafaurie en su misiva.

Los pequeños productores enfrentan ya numerosas dificultades, como la falta de seguridad, el acceso limitado a servicios públicos y la infraestructura deficiente; además, este incremento de los avalúos podía poner en peligro su capacidad de mantener sus tierras.

Aunque el tema de los avalúos no corresponde directamente al Ministerio de Agricultura, Fedegán instó a la ministra Carvajalino a intervenir, puesto que el ajuste en los avalúos catastrales afecta directamente a los productores rurales y a la estabilidad del sector agropecuario.

En la carta se puede leer que Fedegán solicitó que se revise la aplicación de ambos instrumentos legales para evitar que se sigan dando interpretaciones erróneas que puedan fomentar la ocupación ilegal de tierras. Asimismo, instó a la ministra Carvajalino a interceder para frenar los reajustes desmesurados en los avalúos catastrales que, según el gremio, solo perjudicarán a los productores rurales más vulnerables.

“Es urgente que el Gobierno actúe con responsabilidad para evitar que estas medidas, lejos de beneficiar a la ruralidad, terminen agudizando la crisis de seguridad y afectando a los productores rurales que ya atraviesan grandes dificultades”, concluyó Lafaurie en su carta a la cartera que lidera Carvajalino.

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