Paloma Valencia, candidata presidencial del Centro Democrático y que hará parte de La Gran Consulta por Colombia, que elegirá aspirante único de la centro-derecha, acusó al Gobierno nacional de minimizar los riesgos de seguridad que enfrentan el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, tras la cancelación de un evento en la central hidroeléctrica Hidroituango, que debía efectuarse el lunes 2 de marzo.
La alerta, generada por la detección de drones no identificados y la posible presencia del Frente 36 de las disidencias de las Farc, activó protocolos que incluyeron la suspensión de la visita, en la que participarían alrededor de 100 periodistas. Sobre el particular Valencia sostuvo que el país está “tomado por los grupos violentos” y señaló una falta de acción y transparencia por parte del Ejecutivo ante amenazas comprobadas contra líderes políticos nacionales.
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Las cifras presentadas por la política caucana reforzarían la gravedad de los hechos mencionados en su denuncia. “Hay cinco secuestros en la carretera Popayán-Cali Express todos los días”, denunció Valencia, que hizo eco en la percepción de crisis de seguridad en Colombia. Del mismo modo, recordó el asesinato del senador Miguel Uribe Turbat como parte de una sucesión de situaciones violentas que, según ella, la administración de Gustavo Petro prefiere ignorar.
El 2 de marzo, los equipos de seguridad del alcalde Gutiérrez y el gobernador Rendón detectaron drones merodeando la zona donde se iba a realizar una rueda de prensa en Hidroituango, según narró Valencia. “Lo que está pasando en Antioquia es muy grave, porque el día de ayer los equipos de seguridad del alcalde y el gobernador lo que vieron fueron drones circulando por el sitio y se averiguó de quién eran los drones y nadie sabía, no eran de nadie conocido”, afirmó.
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Y añadió en sus declaraciones que uno de los frentes de Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá, cabecilla de las Farc capturado anteriormente y liberado por orden oficial, opera en la región.
Controversia por el pronunciamiento del Ejército del presunto plan para asesinar a los mandatarios de Antioquia
De esta manera, la senadora y aspirante al primer cargo de la nación se mostró extrañada por lo dicho por el Ejército Nacional, que a través de un comunicado aseguró no haber emitido alertas oficiales para el evento suspendido. En su declaración, Valencia rechazó el intento de deslegitimar las preocupaciones de los mandatarios locales y apuntó a la administración Petro como la que estaría detrás de estas descalificaciones a lo dicho por los gobernantes.
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“Que no sea descarado el Gobierno, que ante las amenazas que detectan los equipos de seguridad de dos mandatarios de oposición salgan a decir que no está pasando nada”, precisó la candidata, que dio entera credibilidad a lo expresado por el burgomaestre y el mandatario seccional, que temen ser blanco de acciones que puedan atentar contra sus integridades y generar un clima de zozobra en esta región del país, en vísperas de los comicios.

Tanto Gutiérrez como Rendón han sido blanco de planes estructurados con los que buscarían sus asesinatos. En enero de 2025, información de inteligencia vinculó al Bloque Magdalena Medio de las FARC en un intento de asesinato contra Rendón en Medellín y, en agosto de 2025, la Fiscalía recibió denuncias sobre la destinación de USD 50.000 para asesinar a líderes de derecha, entre ellos los dos funcionarios y figuras como Álvaro Uribe y María Fernanda Cabal.
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A los ataques con drones se suman antecedentes de violencia en la región. En los días previos a la suspensión de la agenda en Hidroituango, explosivos lanzados desde drones provocaron muertes de al menos tres civiles en el municipio de Segovia. A esto, se suma la denuncia de interceptaciones telefónicas ilegales al gobernador y su gabinete durante agosto de 2025, catalogadas como atentados contra la intimidad y la democracia.
Para Valencia, la gestión de la seguridad pública por parte del Ejecutivo se encuentra en crisis- “La Paz Total es la prueba de que ustedes trabajan y le sirven es a los violentos de Colombia”, dijo la senadora que señaló al Gobierno de mantener una política permisiva ante el fortalecimiento de los grupos armados ilegales. Y remarcó que los esfuerzos oficiales no han contenido el avance de los frentes insurgentes ni el aumento de delitos como el homicidio y el secuestro.
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