Exlíderes de Farc aceptaron finalmente su responsabilidad en el reclutamiento de menores y abusos sexuales durante el conflicto armado

Los exlíderes de la antigua guerrilla de las Farc reconoció el reclutamiento forzado de más de 18.000 menores y admitió la comisión de abusos sexuales durante la época del conflicto armado colombiano.

Así lo reconocieron en una carta y un video dirigido a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), revelado por El Espectador, donde asumen su responsabilidad total y piden perdón público a las víctimas.

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La misiva fue firmada el 27 de enero de 2026 en la que los exintegrantes del grupo armado admiten el reclutamiento forzado de 18.677 niños, niñas y adolescentes entre 1996 y 2016, así como la comisión de delitos sexuales y de género sobre quienes estuvieron bajo su control.

Los firmantes son Rodrigo Londoño Echeverry, conocido como ‘Timochenko’, Pastor Alape Lascarro, Julián Gallo Cubillos (alias Carlos Antonio Losada), Milton de Jesús Toncel Redondo, Pablo Catatumbo Torres, Rodrigo Granda Escobar y Jaime Alberto Parra Rodríguez.

Estos siete exjefes fueron señalados como máximos responsables dentro del caso 07 de la JEP, proceso liderado por la magistrada Lily Andrea Rueda Guzmán.

“Manifestamos que reconocemos de manera clara la ocurrencia de todos los hechos y conductas que se nos atribuyen”, se lee en el documento revelado por el diario mencionado.

Reclutamiento de menores y abusos sexuales reconocidos por las Farc

La JEP documentó que la antigua guerrilla ejecutó cinco patrones criminales: reclutamiento y utilización de menores, malos tratos y homicidios dentro de las filas, violencia reproductiva, violencia sexual y delitos motivados por prejuicio hacia la orientación sexual o identidad de género.

De los 18.677 menores reclutados, al menos el 28% se encuentran desaparecidos. Además, un 30% de las víctimas eran menores de 15 años al momento de su captura forzosa.

Así mismo, la entidad sostiene que el 24% de los sobrevivientes afirmó ser víctima de violencia de género y el 35% de las mujeres denunciaron abusos sexuales. Estas cifras muestran la magnitud de los crímenes reconocidos y el impacto en las víctimas.

El escrito deja sin efecto las observaciones previas de los exjefes, quienes en julio de 2025 habían puesto reparos sobre la tipificación de algunos delitos, especialmente los relacionados con la violencia sexual y de género.

El documento establece expresamente que ya no existe ninguna restricción al reconocimiento de los hechos y que cualquier afirmación anterior queda sin validez.

Compromiso ante la justicia transicional

En la comunicación, los exdirigentes se presentan como “máximos responsables en nombre del conjunto de la antigua organización guerrillera” y subrayan que su reconocimiento es total, con el objetivo de aportar a la verdad, la justicia y la reparación.

Los firmantes manifiestan estar dispuestos a responder las preguntas de víctimas y representantes, y a dialogar con la sociedad y la justicia transicional acerca de los hechos reconocidos.

Expresan la voluntad de aclarar asuntos jurídicos pendientes, en particular respecto a la diferencia entre los patrones de violencia sexual y violencia basada en prejuicio, aunque insisten en que esto no condiciona su admisión de los actos cometidos.

“Ni desconocemos ni ponemos en duda la ocurrencia de hechos de violencia sexual en el contexto del conflicto armado ni de reclutamiento de menores, por lo que no manifestamos ningún condicionamiento del reconocimiento ya expresado. Manifestamos respetuosamente una preocupación en relación con la diferenciación entre los patrones IV y V, en la medida en que ambos se refieren a violencia sexual”, propusieron.

El documento señala la apertura a ampliar detalles o ajustar declaraciones si la JEP o las víctimas lo consideran necesario, con lo que buscan contribuir de manera activa al esclarecimiento de la verdad.

Este reconocimiento, definido como histórico, marca un punto clave en el proceso de justicia y reconciliación en Colombia. Los exjefes afirman que mantendrán su participación y colaboración con las autoridades y las víctimas para avanzar en la reparación de los daños sufridos.

La carta concluye con el compromiso de los firmantes de adaptarse a los requerimientos de la justicia y la sociedad, mostrando voluntad de clarificar y ajustar su versión todas las veces que sea necesario dentro del proceso de paz.

“Reiteramos nuestro ánimo constructivo y nuestra disposición para realizar cuantas claridades y ajustes a nuestro reconocimiento resulten necesarias, siempre con la debida celeridad que reclama la sociedad colombiana”, concluyeron.