Sicariato se dispara en Bogotá y ya domina los homicidios: la mitad de los asesinatos serían por encargo, según cifras recientes

En Bogotá, detrás de muchos homicidios no hay discusiones espontáneas ni hechos aislados: hay pagos, órdenes y estructuras criminales operando. Las cifras más recientes muestran que el sicariato ganó terreno en la capital y hoy explica una porción alarmante de los asesinatos cometidos en la ciudad.

Entre enero y marzo de este año se registraron 265 homicidios, de los cuales 134 fueron catalogados como asesinatos por encargo, según datos de la Policía Metropolitana. En otras palabras, el 50,5% de los casos tuvo características asociadas a esta modalidad delictiva. El dato no solo preocupa por su magnitud. También evidencia una transformación del crimen urbano: matar dejó de ser un acto marginal para convertirse en una actividad contratada dentro de redes ilegales cada vez más organizadas.

Hace pocos años el panorama era distinto. Antes de la pandemia, este tipo de homicidios representaba cerca de tres de cada diez casos, explicó Andrés Nieto, director del Observatorio de Seguridad de la Universidad Central. Incluso en 2018, de los 1.064 homicidios reportados, solo 161 correspondieron a sicariato, es decir, el 15%.

Laura Suárez, directora del área de seguridad urbana de ProBogotá, señaló para El País que seguir la evolución exacta del fenómeno no siempre es sencillo, debido a que la publicación sistemática de estos datos se redujo. Sin embargo, un informe divulgado en junio de 2025 por el concejal Julián Espinosa, con base en información obtenida a través de derecho de petición a la Dijín, confirmó la tendencia.

Ese reporte mostró que en 2022 hubo 431 casos de sicariato, equivalentes al 42% de los homicidios de ese año. En 2023 la cifra fue de 437 casos, con una participación del 40,3%. Para 2024 el salto fue mayor: 606 asesinatos por encargo, casi la mitad de los 1.214 homicidios totales registrados en la ciudad. Para Suárez, el crecimiento refleja una instrumentalización de la violencia ligada a disputas criminales. Según se explicó, varias bandas compiten por zonas estratégicas que funcionan como corredores para droga y otras economías ilícitas.

No se trata, advirtió, de una sola organización dominante, sino de múltiples estructuras con capacidad financiera y armada. Esa fragmentación intensifica los conflictos y multiplica los ataques selectivos. El fenómeno también se conecta con dinámicas nacionales. El fortalecimiento de grupos armados y el aumento de rentas ilegales en distintas regiones han irrigado recursos hacia redes urbanas. Más dinero circulando en el crimen termina traduciéndose en más armas, más reclutamiento y operaciones más sofisticadas.

Así, el sicariato opera como una especie de tercerización criminal. Quien ordena el crimen no necesariamente dispara, y quien dispara no siempre conoce a fondo a quien pagó. Esa distancia complica las investigaciones judiciales y dificulta identificar a los responsables intelectuales.

A esto se suma la facilidad para conseguir armamento ilegal. Según Nieto, en sectores como San Bernardo se alquilan armas desde 15.000 pesos por media hora, con tarifas mayores si se trata de un arma sin historial delictivo. Esa disponibilidad alimenta la violencia y reduce barreras para cometer homicidios.

El origen de ese mercado, añade, está relacionado con rutas de contrabando que ingresan por fronteras como Venezuela y Ecuador, desde donde se abastece a estructuras delincuenciales urbanas. Mientras tanto, la capacidad institucional enfrenta limitaciones. Bogotá, con más de 8 millones de habitantes y 470 kilómetros cuadrados de área urbana, tiene hoy una de las tasas más bajas de pie de fuerza policial entre capitales del país: 206 uniformados por cada 100.000 habitantes.

Nieto cuestionó que el crimen urbano no figure como prioridad nacional. A su juicio, persiste una visión enfocada en territorios con presencia visible de grupos armados, mientras estructuras metropolitanas con enormes ingresos ilegales quedan en segundo plano. Como ejemplo menciona el caso de alias Camilo, señalado cabecilla de Los Camilos, organización desarticulada en 2021 y que, según investigaciones, movía más de 2.600 millones de pesos mensuales mediante microtráfico.

Aunque no atacaba estaciones ni protagonizaba acciones de alto impacto mediático, manejaba rentas criminales superiores a las de varios grupos armados regionales. El problema también tiene geografía definida. Localidades como Santa Fe, Los Mártires, Usme y Ciudad Bolívar concentran buena parte de estos hechos. Allí, factores como deterioro urbano, baja presencia institucional y conflictos territoriales crean condiciones favorables para la expansión del delito.