El buque Ocean Mariner, bajo bandera de Liberia, zarpó desde Colombia a inicios de febrero de 2026 transportando combustible, y fue interceptado por la guardia costera de Estados Unidos tras una alerta sobre un posible desvío ilegal a Cuba.
Este episodio detonó una investigación federal que examina no sólo el cumplimiento de sanciones estadounidenses a la isla; también señala un posible contrabando de diésel subsidiado, en una operación con un valor superior a USD 6,9 millones, más de 25.000 millones de pesos colombianos.
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Aunque ante las autoridades y los medios se asegura que la transacción fue legal, el destino declarado por los documentos oficiales era República Dominicana, pero el carguero modificó su ruta después del incidente y terminó descargando el combustible en Bahamas, donde fue vendido a la multinacional Trafigura Group PTE Ltda., señaló un informe del diario El Tiempo.
En la negociación figuran hasta ahora tres empresas identificadas: ISM Ingeniería Servicios, Montaje, Estaciones de Servicios SAS (vendedora), Monarch Security Latin America Inc. (intermediaria) y Trafigura Group (compradora). Una cuarta firma habría intervenido, pero su nombre aún no ha sido revelado.
La operación fue inspeccionada antes de autorizar la partida del Ocean Mariner
Por lo anterior, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) y un funcionario de Ecopetrol participaron en el proceso, aun cuando el buque ya estaba bajo sospecha de Washington por llevar ayuda humanitaria desde México a Cuba, acción que contraviene las advertencias estadounidenses, añadió el mismo medio local.
La advertencia clave vino de un alto funcionario del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, quien informó a la Dian sobre la posibilidad de que el cargamento consistiera en diésel subsidiado de contrabando, no en fueloil –combustible utilizado para generación de energía y maquinaria pesada– como se había declarado oficialmente.
Esta sospecha forma parte de un expediente reservado que el FBI indaga como parte de su escrutinio a operaciones que puedan burlar las sanciones impuestas durante la administración de Donald Trump a Cuba.
El papel de intermediarios y viejos vínculos en la industria de hidrocarburos
A la luz de la polémica, surgió el nombre de Felipe de la Vega Vergara como posible intermediario de la operación.
De la Vega, señalado por el diario colombiano por actores con conocimiento directo de la negociación, es un conocido broker en el sector hidrocarburífero.
Especulaciones sobre su intervención se remontan a sus vínculos pasados con la empresa Trenaco SAS, donde en su momento figuraba Carlos Gutiérrez Robayo –concuñado del presidente Gustavo Petro–.
Este entramado de relaciones cobró notoriedad en 2016, cuando Álex Saab dejó a la vista su interés en Trenaco, mientras Estados Unidos ya investigaba a Saab como presunto testaferro de Nicolás Maduro Moros.
Consultado por el medio colombiano, De la Vega negó cualquier relación con la venta bajo sospecha: “No tengo idea de quién es o por qué me estén mencionando. Como ya manifesté, no fui yo quien intermedió esta venta ni tampoco ofrecí ese producto a ninguna otra compañía o comprador”, declaró.
El empresario admitió haber sido broker para operaciones de Conquers International en Colombia y precisó: “Yo no exporto ni importo, presento posibles compradores o vendedores a diferentes compañías del sector, tanto en Colombia como a nivel internacional. Y asesoro en temas de logística. Esto es con muchas compañías. No he trabajado con países o con productos sancionados”.
En relación con Gutiérrez Robayo, el bróker dijo que desde hace once años no mantienen contacto.
Obstáculos legales, pruebas y posiciones oficiales
El capitán del Ocean Mariner, John Paul Lamis Fojas, logró la autorización para zarpar porque la Dian no encontró motivos legales para retener el barco.
Además, el 1 de febrero, el Ministerio de Minas y Energía remitió una carta indicando que, de acuerdo con la información técnica y aduanera disponible, los productos transportados correspondían a fueloil.
Según el comunicado, este producto está exento del régimen de estabilización del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), lo que dispensa a la operación de requerir autorización o certificación previa de la cartera.
A su vez, voceros del Ministerio de Minas puntualizaron al mismo periódico que la carta fue respuesta a un requerimiento de la Dian y que la presencia del ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, en Barranquilla, ese día obedeció a compromisos previos relacionados con anuncios sobre el precio de la gasolina, no a vínculo alguno con la exportación.
Tanto la Polfa como la Dian rehusaron emitir comentarios oficiales sobre el operativo. Una de las entidades confirmó que al cierre de la edición aún no estaba disponible el resultado del análisis de laboratorio al combustible, realizado en Reficar, la refinería de Ecopetrol.
Por su parte, ISM, a través de su apoderado, sostuvo que el cargamento era fueloil, que se cumplió con todos los requisitos legales exigidos y que, bajo la modalidad Free On Board (FOB), su obligación finalizó al momento del zarpe del barco.
La firma Camin Cargo Control Inc., responsable de la inspección rutinaria de carga, contestó al mismo medio local que la identificación del producto es función de vendedores o compradores: “Nosotros no le ponemos el nombre al contenido. Eso lo hacen los vendedores o compradores. No tenemos otro comentario al respecto”.
Las repercusiones en el entorno político de Álex Saab
En relación con Álex Saab, allegados precisaron como respuesta al mismo medio de comunicación que no se encuentra detenido en el Helicoide de Caracas.
En paralelo, el gobierno interino venezolano en cabeza de Delcy Rodríguez apartó de su cargo a Camilla Fabri, esposa de Saab, quien se desempeñaba como viceministra para Comunicación Internacional.
Al fina, fuentes del diario colombiano aseguraron que, mientras persiste la controversia internacional, todos los empresarios y actores involucrados insisten en la legalidad de la operación y en que ninguna autoridad ha requerido explicaciones adicionales hasta el momento.
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