Las irregularidades en los contratos de Juliana Guerrero con la Universidad Industrial de Santander y que salpican a su hermana

En el centro de las sospechas sobre los contratos entre Juliana Guerrero y la Universidad Industrial de Santander (UIS), emergen interrogantes sobre la transparencia y la rigurosidad en la contratación pública.

Parte de lo que se investiga son las actividades contratadas entre Guerrero y la UIS, calificadas como “satisfactorias” por los supervisores Luis Eugenio Prada y Diego Fernando Jaimes, que incluyen compromisos como el acompañamiento a protestas sociales, la socialización del Sistema Nacional de Convivencia para la Vida y la entrega de informes sobre conflictividad social.

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No obstante, los entregables presentados por Guerrero consistieron en listas de asistencia con una participación mínima, donde en ocasiones solo figuraban cinco personas, entre ellas la propia contratista y su hermana, Verónica Guerrero.

La denuncia, hecha pública por la congresista Jennifer Pedraza y respaldada por una alerta de la Contraloría, señala la ausencia de productos verificables que acrediten el cumplimiento de las actividades pactadas.

La revisión del expediente conocida por El Colombiano halló coincidencias entre las alertas de la Contraloría y las observaciones de Pedraza, confirmando que las evidencias aportadas se limitaban a documentos como listas de asistencia y archivos de Excel, sin respaldo documental de los informes requeridos ni material gráfico que sustentara la participación en actividades de campo.

Según el organismo de control fiscal, “esta situación limita la trazabilidad y la verificación objetiva del cumplimiento del principio de planeación, así como la debida motivación de la selección del contratista, aun tratándose de un proceso de contratación directa”. La Contraloría advirtió que, de persistir la falta de documentos que respalden los informes, podría configurarse un presunto daño fiscal.

La congresista Pedraza, tras varios derechos de petición a la UIS, obtuvo acceso a los contratos que generaron las alertas. El primero, suscrito el 1 de noviembre de 2023 por un valor de $9.000.000, exigía la prestación de servicios de gestión territorial en temas de convivencia y seguridad ciudadana.

El pago se realizó en tres desembolsos, contra entrega de informes marcados como “cumplidos”. Sin embargo, los informes no se adjuntaron como soporte, y en su lugar solo se anexaron listas de asistencia, una de las cuales correspondía a una reunión el 12 de noviembre de 2023 con cinco asistentes, entre ellos Juliana y Verónica Guerrero.

En otro caso, el informe de gestión fechado el 15 de noviembre de 2023, presentado como prueba de monitoreo territorial, consistía únicamente en un archivo de Excel. Pedraza cuestionó públicamente la validez de estos documentos al señalar: “Que en uno de los contratos de la @UIS —sí, el más alto, de nueve millones— la misma Juliana Guerrero puso a su hermana a firmar una planilla de asistencia y pasó eso como evidencia de trabajo”.

El segundo contrato, firmado en enero de 2024 por $3.000.000, replicó las obligaciones del anterior y fue pagado en una sola cuota tras la entrega de un informe de actividades. Aunque en los anexos se afirma que Guerrero acompañó procesos de monitoreo y soporte a entidades territoriales, la carpeta de evidencias remitida por la UIS no incluye los informes sobre conflictividad social requeridos. Las únicas imágenes aportadas muestran a miembros de las Juntas de Acción Comunal (JAC), pero no a Guerrero en actividades de campo fuera del Ministerio del Interior.

A pesar de la ausencia de soportes documentales, los informes fueron avalados por los supervisores y los pagos ejecutados en su totalidad. La Contraloría señaló que la UIS utilizó una ambigüedad contractual al describir a Guerrero como “persona natural y/o profesional”, lo que dificultó la verificación de requisitos y productos.

Paralelamente a estas investigaciones, la Fiscalía General tiene previsto imputar cargos a Juliana Guerrero por fraude procesal y falsedad ideológica en documento público, en relación con presuntas irregularidades en los títulos académicos presentados para su posesión como viceministra de Juventudes.

Según la fiscal delegada Deicy Jaramillo Rivera, los documentos presentados por Guerrero ante la Universidad San José y registrados en el Sistema de Información y Gestión de Empleo Público (Sigep) no cumplirían los requisitos legales, ya que, según la investigación, no habría asistido ni presentado las pruebas Saber Pro.