Pese a que los congresistas están concentrados en sus actividades de campaña para lo que serán las elecciones legislativas del 8 de marzo de 2026, varias iniciativas sigue su trámite con la que se espera su aprobación y sanción en el último periodo legislativo.
Se trata del proyecto de ley que busca reemplazar el actual impuesto al valor agregado (IVA) de 19% por un impuesto al consumo con tarifa de 8%, con la intención de aliviar la carga fiscal de los hogares de menores ingresos y los pequeños negocios, y cerrar la brecha de evasión tributaria.
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La iniciativa, liderada por el senador Alejandro Chacón (Partido Liberal) ya cuenta con ponencia positiva y será discutido en la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes, a partir del 16 de marzo, una vez se culmine el receso legislativo por la campaña electoral.
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El proyecto de ley presentado por Chacón señala que bajo el actual esquema de IVA, los hogares más pobres destinan una mayor proporción de su ingreso al pago de este tributo.
El senador asegura que, por la manera en la que funciona el sistema de beneficios y exenciones, “las familias más pobres pagan proporcionalmente más IVA que las más ricas, mientras que los mayores beneficios del sistema actual se concentran en los hogares de mayores ingresos”, según explicó el legislador a los medios de comunicación.
En que consiste la iniciativa
Entre los argumentos centrales de la propuesta está la simplificación del sistema tributario. De acuerdo con Chacón, cerca del 90% de los beneficios asociados al IVA descontable se concentran en menos del 1% del tejido empresarial, principalmente en las grandes compañías, lo que deja fuera a micro y pequeñas empresas.
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La sustitución por un impuesto al consumo del 8% busca precisamente establecer reglas simples, una carga más baja y ampliar la base contributiva.
La iniciativa también plantea medidas concretas de destinación del recaudo. El 0,5% del total obtenido se asignaría al sector salud y otro 0,5% al sector educativo. Del monto correspondiente a educación, el 40% sería dirigido a la educación superior pública, según consta en la propuesta citada por Semana.
Uno de los ejes argumentativos más contundentes que se recogen en la ponencia es la actual ineficiencia en la recaudación del IVA en Colombia. Según cifras de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde), el país solo recauda 39 de cada 100 pesos potenciales del IVA, en parte debido a la complejidad del sistema y el nivel de evasión existente. En 2024, Colombia habría dejado de percibir más de 32 billones de pesos por este concepto.
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La propuesta argumenta que, al hacer más simple la estructura del tributo y reducir su porcentaje, se facilitaría el cumplimiento y se ampliaría la base de contribuyentes.
Además, el proyecto mantiene que, aunque la tarifa planteada es menor que la actual, los ingresos fiscales podrían mantenerse o incluso aumentar, ya que la evasión disminuiría y se lograría incluir a un mayor número de aportantes formales a la economía.
“La idea es proteger a las clases más necesitadas y apoyar a los pequeños negocios, para que sea más efectivo el recaudo tributario sin que se vean afectados los ingresos de la Nación”, declaró Chacón en diálogo con Semana.
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De acuerdo con el documento oficial, el nuevo esquema, inspirado en el modelo estadounidense Sales Tax, busca “simplificar de manera sustancial el sistema tributario colombiano, eliminar uno de los mecanismos más complejos del Estatuto Tributario (impuestos descontables) y unificar las reglas de tributación sobre bienes y servicios”.
El esquema similar al Sales Tax estadounidense prescinde de la metodología descontable, lo que ha demostrado en otros países mayor transparencia y facilidad de administración. Además, la reforma busca fortalecer la productividad nacional y equilibrar una carga fiscal que, según sus impulsores, ha sido históricamente desigual.
De ser aprobado en el legislativo, supondría una de las reformas tributarias más relevantes de los últimos años en Colombia por su impacto en la redistribución de la carga tributaria y la modificación estructural de uno de los principales impuestos del país.
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