
El Gobierno nacional publicó un proyecto de decreto que ordenaría trasladar más de $25 billones desde las cuentas de ahorro individual administradas por los fondos privados hacia Colpensiones, lo que generó preocupación en el gremio Asofondos, que alertó sobre posibles efectos legales, fiscales y pensionales.
De acuerdo con el gremio, el borrador fue divulgado por el Ministerio de Trabajo y obligaría a las administradoras privadas a girar esos recursos en un plazo de 15 días una vez se expida el decreto.
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Estos dineros pertenecen a afiliados que decidieron trasladarse de régimen pensional aprovechando la denominada “ventana de oportunidad”, establecida en la reforma pensional aprobada en 2024.
Actualmente, esos recursos —que suman más de $25 billones y corresponden a más de 118.000 afiliados— permanecen en las cuentas individuales administradas por los fondos privados.

Según Asofondos, la normativa vigente establece que dichos ahorros deben mantenerse allí hasta que cada persona consolide su derecho a pensión, momento en el que deben ser transferidos a un fondo público de ahorro pensional.
Ese fondo, según la reforma, será administrado por el Banco de la República y tendrá como objetivo garantizar la financiación de las pensiones del nuevo sistema en el largo plazo. Por esta razón, el gremio considera que el traslado anticipado directamente a Colpensiones podría alterar el diseño financiero previsto por el legislador.
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El presidente de Asofondos, Andrés Velasco, afirmó que el proyecto de decreto implicaría un cambio sustancial en el manejo de estos recursos. Según explicó, la iniciativa “busca que las AFP giren a Colpensiones más de $25 billones de pesos, para usarlos de manera contraria a lo que ordena la Ley, lo cual implica que se liberarían recursos del presupuesto general de la nación por un monto equivalente”.

El dirigente agregó que esta medida podría afectar el principio de ahorro que se estableció como base de la reforma pensional. “Se generaría una afectación del ahorro pensional que se quiso preservar en la reforma, agravando aún más la sostenibilidad futura de esa reforma y de las finanzas públicas”, señaló.
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El debate se centra en el artículo 76 de la reforma pensional, que creó la oportunidad de traslado para personas cercanas a la edad de retiro o que ya la cumplieron, siempre que cumplieran requisitos mínimos de semanas cotizadas. Esta disposición permite que los afiliados se trasladen entre el régimen público y el privado, pero establece reglas específicas sobre el manejo de sus ahorros.
Según el gremio, la ley es clara en señalar que los recursos de quienes se trasladan deben permanecer en los fondos privados hasta que se consolide el derecho pensional. Solo entonces pueden ser transferidos al fondo público de ahorro que respalda el nuevo esquema pensional.
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Asofondos también recordó que este artículo se mantiene vigente, incluso después de que la Corte Constitucional suspendiera parcialmente la implementación de la reforma pensional, lo que significa que la ventana de traslado continúa produciendo efectos jurídicos.

Para el gremio, el eventual decreto podría modificar en la práctica lo dispuesto por la ley, lo que abre interrogantes sobre su alcance jurídico y sus implicaciones para el sistema pensional. La organización hizo un llamado al Gobierno y a las autoridades competentes para revisar la iniciativa y evaluar sus posibles consecuencias.
El proyecto de decreto aún no ha sido expedido oficialmente y se encuentra en fase de comentarios. Sin embargo, su publicación ya generó reacciones en el sector pensional, debido al volumen de recursos involucrados y al papel que estos cumplen en el financiamiento futuro de las pensiones.
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El debate ocurre en un momento clave para la implementación de la reforma pensional, una de las principales apuestas del Gobierno en materia social y fiscal. El manejo de los recursos provenientes de los traslados entre regímenes es considerado un elemento central para garantizar la sostenibilidad del nuevo modelo.
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