El dirigente del partido Creemos, Simón Molina, comunicó a través de su cuenta oficial de X que presentará una denuncia penal por presunto concierto para delinquir agravado contra el presidente Gustavo Petro y varios integrantes de su círculo cercano.
El anuncio, realizado el 23 de febrero de 2026, involucra también a Iván Cepeda, Roy Barreras y Armando Benedetti como parte de los señalados en la acción judicial.
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Molina, exconcejal de Medellín y exsecretario privado de la Alcaldía de Medellín, precisó que la denuncia se fundamenta en hechos recopilados en su libro próximo a publicarse, titulado “Petro, presidente ilegítimo e ilegal: fraude, trampas y pactos para llegar al poder… y nunca dejarlo”.
Según el dirigente, el texto documenta una serie de presuntas irregularidades detectadas durante la campaña presidencial de 2022 y en el ejercicio de funciones posteriores.
Entre los hechos relatados se encuentran una supuesta violación de topes electorales, triangulación de recursos, pactos con estructuras criminales, uso de dineros de origen ilegal y campañas de desprestigio contra opositores.
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De acuerdo con Molina, la denuncia no se basa en hechos aislados, sino que apunta a una supuesta coordinación sistemática para acceder y mantenerse en el poder vulnerando las reglas democráticas.
El exfuncionario agregó que existen antecedentes judiciales y supuestos registros de corrupción y debilitamiento institucional que, según él, refuerzan la hipótesis de una coordinación con roles definidos en beneficio del grupo señalado.
El dirigente enfatizó la importancia de la actuación de los organismos judiciales y solicitó formalmente a la Fiscalía General de la Nación, la Corte Suprema de Justicia y la Comisión de Acusaciones del Congreso que avancen en investigaciones profundas y sin demoras.
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“Colombia atraviesa un momento decisivo. No podemos quedarnos en silencio… Hoy se necesita valentía cívica y compromiso real con la democracia. Es ahora o nunca”, afirmó Molina en su publicación.
El libro citado por el exconcejal incluye un análisis sobre los denominados “Petrovideos”, donde se describen estrategias de desprestigio contra adversarios políticos, así como confesiones sobre el uso de recursos de origen ilícito.
Molina sostuvo que estos elementos, junto con los hechos de corrupción y la supuesta captura del poder por estructuras ilegales, forman parte de lo que describe como una “estructura criminal” que habría operado desde 2022.
La denuncia, que será radicada en los próximos días, se suma a la tensión entre sectores de la oposición y el Gobierno nacional, y pone bajo observación la legitimidad de la campaña presidencial que llevó a Gustavo Petro a la Casa de Nariño.
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Las otras personas mencionadas por Molina son Armando Benedetti, ministro del Interior; Roy Barreras e Iván Cepeda, candidatos a la Presidencia de Colombia.
¿Qué son los ‘Petro videos’?
Los ‘Petro videos’ corresponden a una filtración de grabaciones de reuniones internas de la campaña presidencial de Gustavo Petro durante 2022 en Colombia. Según información publicada por Semana, los videos muestran estrategias discursivas y políticas entre integrantes del equipo de campaña del actual presidente. El contenido de este material audiovisual incluye conversaciones sobre tácticas para debilitar a los rivales políticos y coordinaciones de acciones comunicacionales.
La filtración, entregada por una fuente anónima, fue recibida por Semana a través de mecanismos encriptados, en vísperas de la segunda vuelta presidencial. En las grabaciones participaron figuras como Roy Barreras, Sebastián Guanumen, además de asesores y aliados del entonces candidato. El Colombiano reportó que el propio presidente Petro declaró ante la Fiscalía de Colombia por este caso, alegando haber sido víctima de interceptaciones ilegales.
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El País Cali y otros medios nacionales han detallado que los videos exponen discusiones sobre financiación de la campaña, visitas a extraditables y el uso de redes sociales para atacar a adversarios. La Fiscalía anunció investigaciones sobre posibles irregularidades, aunque hasta la fecha no se ha comprobado ningún delito según los comunicados oficiales. La publicación y el análisis de los ‘Petrovideos’ han generado debate en la opinión pública y dentro del sistema judicial colombiano.
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