Nueva medida del Gobierno que obligará a los bancos a invertir donde diga Petro no atacaría el bolsillo de los ahorradores

El Gobierno de Gustavo Petro volvió a hablar de inversión forzosa en el sector bancario. El presidente Gustavo Petro hizo oficial la propuesta, que implicaría a aproximadamente 38 millones de titulares de depósitos en el país, según estimaciones de exministros de Hacienda.

La medida será comunicada formalmente por el ministro de Hacienda, Germán Ávila, a los principales bancos el lunes 23 de febrero en Bogotá. El objetivo, de acuerdo es que las entidades financieras destinen parte de los ahorros del público a sectores definidos como estratégicos. Tanto el sector financiero como expertos económicos advirtieron sobre riesgos asociados, entre ellos la posible reducción del crecimiento económico, el aumento de las tasas de interés y afectaciones sobre los ahorros privados.

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y es que la inversión forzosa funciona como un mecanismo regulatorio implementado en Colombia desde 1962. Obliga a los bancos a asignar un porcentaje de los depósitos captados —como cuentas de ahorro y CDT— al financiamiento de sectores prioritarios. Dichos destinos, determinados por el Gobierno, suelen incluir áreas como agricultura, vivienda y turismo. La figura se materializa por medio de la compra de títulos de deuda pública o la concesión de créditos subsidiados a tasas inferiores al mercado.

Los fondos utilizados bajo el esquema provienen de los ahorradores, no de recursos propios de la banca. Un ejemplo vigente son los títulos de desarrollo agropecuario (TDA), empleados para financiar el sector rural. Analistas advierten que estos mecanismos pueden suponer riesgos para el ahorro privado y reducir la rentabilidad de los productos financieros.

Por qué no afecta a los ahorradores

El Gobierno justifica la reactivación de la inversión forzosa al invocar la emergencia climática, la transición energética y la seguridad alimentaria. El presidente Gustavo Petro, el 22 de febrero, justificó en X que “la inversión forzosa es ley desde 1962, y no toca a los ahorradores. Jamás un ahorrador sabe qué hacen los banqueros con su ahorro”. Explicó que la llamada “cartera sustitutiva”, que maneja el 92% de la inversión forzosa, en la actualidad está bajo control de la banca privada.

“Quiero devolver ese derecho a la banca pública y eso no toca a los ahorradores para mal. Solo restituye el sentido de la ley, y lo hace para bien del país”, apuntó.

De igual manera, argumentó que, bajo la administración privada, estos recursos se destinaron, sobre todo, a grandes productores, lo que, según él, incrementó la desigualdad y dirigió el crédito a actividades ineficientes o perjudiciales, como la ganadería en la selva amazónica y la siembra de palma africana y caña de azúcar para biocombustibles.

Remarcó en la red social que “la mayor parte del ahorro, en la inversión forzosa a través de la cartera sustitutiva, se llevó a créditos para ganadería en la selva amazónica, ayudando al lavado de dólares y a destruir el tercer pilar climático del planeta”.

Críticas a enfoque en la producción de agrocombustibles

Además, cuestionó el enfoque tradicional en la producción de agrocombustibles. “Hoy la palma africana y su aceite tienen restricciones mundiales por deforestación de selvas, se produjo etanol en exceso, guardado en bodegas que suma más de tres veces la producción de un año”, agregó. Petro defendió de manera enfática el objetivo social de la ley al decir que “una inversión forzosa debe pagar a la banca pública gradualmente, para darle el objetivo de la ley: crédito para alimentos para el ser humano en las tierras más fértiles del país y para pequeños y medianos productores”.

Asimismo, remarcó que la reorientación de los recursos permitiría bajar los precios de los alimentos, aumentar la generación de empleo y fortalecer la riqueza nacional. “Así bajarían los precios de los alimentos, para mejorar el bienestar y el nivel de vida de toda la colombianidad y aumentamos sustancialmente nuestras exportaciones alimenticias al mundo. La generación de puestos de trabajo sería mayúscula y el incremento de la riqueza nacional”, dijo.

Encarecimiento de los créditos

Desde el sector financiero y académico, la iniciativa fue recibida con inquietud. El presidente de Asobancaria, Jonathan Malagón, había afirmado con anterioridad que “una medida así termina afectando a los colombianos vía encarecimiento de los créditos y no necesariamente garantiza un mayor crédito en los sectores que se desean impulsar”.

Advirtió que establecer una recaudación de inversiones forzosas por $35 billones podría incrementar las tasas de colocación entre 50 y 100 puntos básicos (pb) y aumentar los tipos hasta 45 puntos porcentuales (pp). La situación impactaría en toda la economía, generando una reducción del crédito disponible de noventa décimas y contrayendo el crecimiento del PIB en tres décimas.

Malagón resaltó que “hoy somos el tercer país de la región con mayor represión financiera, por cuenta de la existencia de la tasa de usura, de la inversión forzosa en títulos agropecuarios, las restricciones para costos financieros y el límite restrictivo en el tiempo de permanencia de información en los burós de crédito”. Agregó que la medida reduciría los recursos disponibles para créditos en sectores no priorizados y limitaría la intermediación financiera.

Impedimento al proceso de intermediación

Por su parte, la presidenta del Consejo Privado de Competitividad, Ana Fernanda Maiguashca, excodirectora del Banco de la República, también expresó dudas sobre la medida.

Recordó que “las inversiones forzosas son un instrumento que en Colombia se utilizó por muchísimos años y que lo que nos enseñó es que impedía ese proceso de intermediación, que es muy importante”. Explicó con un ejemplo cotidiano: “Cuando una persona busca un crédito, por ejemplo para comprar una vivienda, cambiar de auto o pagar una matrícula, la existencia de inversiones forzosas puede elevar las tasas y dificultar el acceso”.

Maiguashca enfatizó en que en el momento que se hace una inversión forzosa, se está diciendo: “No, esos depósitos de nosotros, de nuestro ahorro, se van a utilizar para otras cosas cuyo retorno social ignoramos y que en el pasado nos mostró que no permitía que se usaran de la manera más eficiente las formas de crecer que tienen las personas”. Señaló que estas cargas adicionales se reflejan en el costo del crédito y afectan la capacidad de pago de los ciudadanos.

Ante estas críticas, Gustavo Petro reiteró que la banca privada no consideró el cambio global en la transición energética y recalcó que, según las conferencias internacionales del clima, no se debe financiar actividades con alta emisión de dióxido de carbono, como los biocombustibles derivados del etanol y el biodiésel. Para el mandatario, transferir de manera gradual el control de la “cartera sustitutiva” a la banca pública devolvería al Estado la capacidad de orientar estos recursos hacia la generación de empleo, el abaratamiento de los alimentos y el fortalecimiento de las exportaciones alimentarias de Colombia.

Limitaciones de eficiencia

En el plano técnico, exministros y expertos coinciden en que el uso pasado de la inversión forzosa evidenció limitaciones de eficiencia. Las tasas subsidiadas, en lugar de democratizar el acceso al crédito, tienden a elevar los costos para el público general y a disminuir los incentivos para la intermediación financiera.

El consenso entre economistas y exministros señala que la intervención obligatoria del ahorro limita la autonomía de los bancos para evaluar riesgos y dirige recursos hacia actividades cuyo impacto social y económico puede ser incierto o insuficiente. Esta situación puede resultar en una menor rentabilidad para los ahorradores y debilitar la solidez del sistema financiero frente a eventualidades.

Reunión clave entre Gobierno y bancos

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, convocó a los presidentes de las principales entidades bancarias para el lunes 23 de febrero en Bogotá, donde se formalizará la aplicabilidad del decreto sobre inversiones forzosas. El objetivo inmediato es recaudar $8 billones destinados a necesidades urgentes de financiación —en especial por la ola invernal y la emergencia climática—. A mediano plazo, el plan del Gobierno contempla alcanzar los $35 billones para nutrir nuevas líneas de crédito estratégicas, recursos que serían canalizados a través de organismos como Bancóldex y Findeter mediante tasas compensadas y con la priorización de sectores clave.

En su dimensión ambiental y social, el Gobierno espera que redirigir los recursos beneficie al sector agrícola, la transición energética y la protección del medioambiente. Petro aseguró que el anterior modelo dirigió la mayor parte del ahorro a actividades con alto costo ambiental: “Se llevó el crédito a los grandes productores, a actividades ineficientes y depredadoras que en nada benefician a la sociedad colombiana ni a los ahorradores”. El presidente advirtió sobre la acumulación de etanol en bodegas y las restricciones internacionales sobre la palma africana como consecuencias directas de políticas previas.

Informó que la meta es “bajar los precios de los alimentos, para mejorar el bienestar y el nivel de vida de toda la colombianidad y aumentamos sustancialmente nuestras exportaciones alimenticias al mundo”. Bajo este enfoque, el Gobierno busca restituir el sentido original de la ley y orientar los ahorros nacionales a iniciativas que promuevan la equidad social, la seguridad alimentaria y la sustentabilidad ambiental.