Condenaron a 18 años a David Acosta Díaz por homicidio de comerciante mexicano en Medellín

Un juez penal de conocimiento dictó una condena de 18 años de prisión contra David Acosta Díaz tras hallarlo responsable del asesinato del comerciante mexicano, Horacio Pérez Ledesma, hecho ocurrido el 30 de junio de 2024 en el sector El Poblado, en la ciudad de Medellín.

La decisión judicial se produjo luego de que el acusado aceptara su responsabilidad a través de un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación.

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El fallo consignó que Acosta Díaz fue declarado culpable de los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones en modalidad agravada.

El proceso penal permitió establecer que el sentenciado coordinó aspectos logísticos y de organización relacionados con el ataque, tras haberse desplazado desde Bogotá hacia Medellín para cumplir ese objetivo.

El crimen tuvo lugar en horas de la tarde, cuando el ciudadano mexicano de 54 años dedicado al comercio de productos tecnológicos, se encontraba en un establecimiento del reconocido sector El Poblado.

Según la reconstrucción de los hechos, fue abordado por personas armadas mientras se hallaba en condición de indefensión, recibiendo varios disparos que le ocasionaron la muerte en el sitio.

El ataque fue ejecutado de forma directa, lo que activó una investigación para identificar tanto a los autores materiales como a los responsables intelectuales y logísticos del homicidio.

Durante la investigación, la Fiscalía recopiló evidencias que vinculan a Acosta Díaz con tareas de coordinación previas al crimen. Entre los elementos probatorios se destacan seguimientos, registros de comunicaciones y desplazamientos que permitieron a las autoridades reconstruir la planeación y ejecución del ataque.

La actuación de Acosta fue considerada clave para facilitar el accionar armado, siendo uno de los articuladores de la estructura sicarial responsable del hecho.

El proceso judicial también ha involucrado a otros implicados. Entre ellos se encuentra Elder José Arteaga Hernández, conocido con los alias El Costeño o alias Chipi, quien enfrenta cargos por su presunta participación en la preparación del homicidio y está además vinculado a un proceso por el magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, quien falleció el 11 de agosto de 2025 tras permanecer más de dos meses en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de la Fundación Santa Fe en Bogotá.

La Fiscalía informó que las investigaciones continúan para esclarecer completamente los hechos y determinar la responsabilidad de todos los involucrados en el crimen ocurrido en Medellín.

Por este caso, ya habían sido sentenciados Antonio Rafael Herrera Escobar y Jhon Fabio Prada Rico a 25 años de prisión cada uno, tras suscribir preacuerdos similares. De igual modo, Anthony Tobar Ponceleón fue condenado a 18 años de cárcel por su participación.

Fiscalía vincula a alias El Costeño con el magnicidio de Miguel Uribe Turbay y el asesinato de empresario mexicano

La aparición de alias El Costeño en ambos casos pone de manifiesto la existencia de una estructura criminal sofisticada, capaz de coordinar atentados contra figuras de relevancia política y empresarial.

Las autoridades consideran que el grupo involucrado en Medellín trasciende el accionar de bandas locales, operando con logística, recursos y contactos suficientes para ejecutar crímenes en distintas regiones del país.

Fuentes judiciales y reportes de prensa han destacado que David Acosta Díaz, ya condenado por el homicidio del empresario extranjero, podría ser un enlace entre estas redes sicariales y las disidencias de las Farc.

Esta presunta relación facilitaría el acceso a armamento y permitiría el despliegue de operaciones entre varias ciudades, reforzando la hipótesis de una organización dedicada a la ejecución de homicidios por encargo.

La Fiscalía continúa con las pesquisas para desmantelar la totalidad de la estructura y determinar las conexiones entre los imputados, los crímenes investigados y posibles nexos con organizaciones armadas ilegales. El caso ha encendido las alarmas por la capacidad de estas redes para atentar contra objetivos de alto perfil y su impacto en la seguridad nacional.