La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos advirtió sobre la escalada de violencia ejercida por grupos armados no estatales en el Cauca y Valle del Cauca, perpetrando ataques directos e indiscriminados entre el 24 y el 27 de abril de 2026.
Estos hechos dejaron un saldo de al menos 20 personas muertas y más de 30 heridas, lo que la entidad calificó como graves vulneraciones de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario.
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En un mensaje dirigido tanto a los grupos armados como a las autoridades, la oficina del alto comisionado solicitó el fortalecimiento de la coordinación entre los gobiernos nacional y locales para proteger a la ciudadania y prevenir la repetición de estos ataques.
La entidad especificó que “la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos llama a los gobiernos nacional y locales a fortalecer la coordinación de sus acciones, para proteger a la población civil y prevenir nuevos ataques por parte de grupos armados no estatales, aunando esfuerzos y superando las diferencias”.
El pronunciamiento, divulgado el 29 de abril, reiteró la prohibición expresa sobre los ataques indiscriminados y dirigidos contra la población y sus bienes, así como contra la misión médica. Según la ONU, estos actos constituyen infracciones graves al Derecho Internacional Humanitario y requieren una respuesta pronta y coordinada de las instituciones estatales.
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La entidad señaló que “están prohibidos los ataques indiscriminados, los ataques contra la población civil y sus bienes y los ataques a la misión médica, entre otros, y que estos ataques constituyen graves infracciones del Derecho Internacional Humanitario”.
Las marchas que se realizaron el martes anterior en el Cauca, bajo el lema de la paz y el respeto de los derechos humanos, recibieron el respaldo de la oficina local de ONU Derechos Humanos, que expresó su esperanza de que “el clamor por el cese de la violencia sea escuchado y respaldado por amplios sectores de la sociedad en Colombia”.
La ONU exige investigación y justicia en el Cauca y el Valle del Cauca tras los ataques
En su Informe Anual, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos destacó la necesidad urgente de implementar la política de desmantelamiento del fenómeno criminal. Esta hoja de ruta recoge cinco buenas prácticas internacionales: inversión social, acceso a la justicia, combate a la corrupción, lucha contra el lavado de activos y refuerzo en las acciones de desmantelamiento.
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Adicionalmente, el organismo internacional recomendó la ejecución de la política de seguridad, defensa y convivencia ciudadana, que incorpora obligaciones estatales de protección y prevención. “ONU Derechos Humanos insta al Estado a fortalecer las labores de inteligencia del Estado como herramienta fundamental de prevención, a fin de evitar que vuelvan a repetirse ataques en contra de la población civil, y reitera la importancia de la presencia integral del Estado en todo el territorio”.
La oficina reiteró el llamado a todas las autoridades judiciales a garantizar investigaciones efectivas sobre los ataques recientes y a promover justicia para todas las víctimas. Además, instó a brindar atención humanitaria y psicosocial pertinente a las personas afectadas. La entidad reconoció la labor inmediata de los organismos de socorro y de salud para atender la emergencia, así como las acciones de las autoridades locales y nacionales al realizar consejos de seguridad para enfrentar la gravedad de los hechos.
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La ONU resaltó la relevancia de la Mesa de Diálogo Social del Norte del Cauca, como espacio donde sociedad civil y gobierno trabajan para abordar conflictividades y avanzar en la realización de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, así como en la prevención de la violencia. Además, el organismo renovó su recomendación de implementar el Pacto Territorial Cauca y de fortalecer iniciativas donde participen sectores comunitarios, el sector privado y el público.
La oficina concluyó manifestando solidaridad con las víctimas, sus familias y todas las personas cuyas garantías están amenazadas por los ataques de actores armados no estatales en el Cauca y el Valle del Cauca.
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