El Pacto Histórico confirmó que sí postulará sus testigos electorales y auditores de sistemas para la jornada electoral del 8 de marzo de 2026, tras los ajustes y explicaciones presentadas por el Consejo Nacional Electoral (CNE) sobre la plataforma tecnológica dispuesta para ese proceso.
El anuncio fue realizado por el representante a la Cámara Alirio Uribe, al término de una reunión técnica celebrada en Bogotá el viernes 20 de febrero.
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La determinación se produce luego de que el movimiento radicara una solicitud formal ante la Registraduría Nacional del Estado Civil, en la que pidió ajustes inmediatos en los contenidos de capacitación dirigidos a jurados de votación y autoridades electorales, en relación con la entrega de los tarjetones de consulta interpartidista durante la jornada electoral.
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En el documento, el Pacto Histórico señaló que “se estaría promoviendo la entrega de la tarjeta de consulta de manera automática o general a los votantes, sin que medie solicitud expresa por parte del elector. Esta práctica, de mantenerse, podría constituir una forma de inducción al ejercicio de un mecanismo de participación que por su naturaleza jurídica es estrictamente voluntario”.

La colectividad expuso que, de acuerdo con la información socializada en espacios de capacitación, la tarjeta correspondiente a la consulta podría estar siendo entregada sin requerimiento previo del ciudadano. En ese sentido, citó la Sentencia C-490 de 2011 de la Corte Constitucional, en la que se estableció el carácter voluntario de estos mecanismos de participación.
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En la petición se indicó: “el elector debe manifestar libremente su intención de participar en la consulta, sin que exista presión, inducción o estímulo institucional que lo conduzca a hacerlo de manera automática o por inercia procedimental”. Asimismo, el movimiento sostuvo que la entrega no solicitada podría incidir en la voluntad del votante y comprometer la libertad del sufragio.
Entre las solicitudes formuladas a la Registraduría se incluyó el ajuste inmediato de los contenidos de capacitación a jurados, la emisión de una directriz nacional que unifique el procedimiento sobre la entrega de la tarjeta electoral de consulta y la adopción de medidas pedagógicas urgentes para corregir cualquier instrucción que no refleje el carácter voluntario de la participación.
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Mesa técnica y revisión de la plataforma

Después de la radicación de la petición, se llevó a cabo en Bogotá una mesa técnica sobre la Plataforma de Postulación y Acreditación de Actores Electorales, dirigida a delegadas y delegados del Pacto Histórico. En el encuentro participaron representantes del Consejo Nacional Electoral y de la Procuraduría General de la Nación, así como integrantes de la Misión de Observación Electoral (MOE).
Durante la jornada se abordaron inquietudes relacionadas con la protección de datos personales, el funcionamiento tecnológico del sistema y las condiciones de seguridad, integralidad y confidencialidad de la información de los ciudadanos que sean postulados como parte del ejercicio de vigilancia electoral.
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Según lo informado, el CNE expuso el funcionamiento de la plataforma y puso a disposición de los actores políticos herramientas de soporte técnico para garantizar una postulación oportuna de testigos electorales, observadores electorales y auditores de sistemas.
Al finalizar la reunión, el representante a la Cámara Alirio Uribe manifestó: “La decisión a partir de esta reunión es que el Pacto Histórico, ojalá hoy mismo, iniciaremos a hacer la carga de testigos tanto a nivel nacional como a nivel internacional. El presidente del CNE y los expertos de la plataforma, han atendido nuestras recomendaciones y nos vamos satisfechos con esta reunión. Esperamos que la Plataforma cumpla con la función de darle transparencia a este proceso electoral y garantizar que todas las colectividades políticas puedan cargar sus testigos y puedan hacer la observación electoral el próximo 8 de marzo”.
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Por su parte, el director de Vigilancia e Inspección Electoral del CNE, José Antonio Parra, afirmó: “Ningún partido, movimiento político ni magistrado podrá acceder a los datos privados de los actores electorales que participen en la jornada electoral, asegurando así la transparencia y la seguridad de la información y el respeto por la autonomía de cada agrupación política”.
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