Gustavo Petro anunció la llegada de nuevas máquinas para pasaportes y propuso producir también cédulas: “Se reduce el riesgo de fraude”

El presidente Gustavo Petro presentó este 21 de febrero de 2026 las nuevas máquinas para la producción de pasaportes en la Imprenta Nacional de Colombia.

El mandatario destacó que el Estado cuenta ahora con tecnología de última generación para asumir directamente la fabricación y personalización de pasaportes, y aseguró que esta capacidad podría extenderse incluso a la producción de cédulas de ciudadanía.

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“Ya tenemos máquinas modernas para hacer pasaportes. Si la Registraduría quiere, se pueden hacer las cédulas aquí, ultra modernas. La ventaja es que los datos de los colombianos no quedan en manos de particulares codiciosos y se reduce el riesgo de fraude electoral”, afirmó Petro en sus redes sociales.

Sin embargo, el video publicado mostró con claridad las características técnicas de las nuevas máquinas. Las imágenes difundidas se enfocan principalmente en el transporte y traslado de los equipos, sin que se logre evidenciar en detalle cómo son, cuál es su capacidad instalada o qué tipo de tecnología incorporan.

El anuncio se da después de una controversia nacional que se arrastra desde 2023, cuando fue declarada desierta la licitación para la producción de pasaportes.

En ese momento, Thomas Greg & Sons, empresa que durante años operó la fabricación de estos documentos y que había sido el único oferente habilitado en el proceso, quedó por fuera del contrato.

La decisión derivó en una demanda contra el Estado por más de 100.000 millones de pesos y abrió un intenso debate sobre la concentración de contratos y la necesidad de fortalecer el control estatal en servicios estratégicos.

Para garantizar la continuidad del servicio, el Gobierno implementó un contrato temporal mientras estructuraba un nuevo modelo.

Según la Cancillería, la transición actual se apoya en acuerdos firmados entre el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, la Imprenta Nacional de Colombia y la Casa da Moneda S. A. de Portugal, con el objetivo de asegurar transferencia tecnológica, estándares de calidad y continuidad operativa tanto en el país como en los consulados en el exterior.

No obstante, la Contraloría General de la República ha advertido sobre posibles riesgos administrativos y financieros en el nuevo esquema. En un informe de vigilancia fiscal, el organismo señaló la ausencia de un análisis financiero detallado que permita estimar con claridad los costos del modelo.

En particular, cuestionó la falta de precisión sobre los valores que la Cancillería deberá reconocer a la Imprenta Nacional por la fase de personalización de los pasaportes, considerada una de las etapas más costosas y sensibles en la producción de documentos oficiales.

La Contraloría también alertó sobre el riesgo de pasar de un sistema adaptado a la demanda real a un modelo que establece una cantidad mínima anual de producción.

Según el ente de control, este cambio podría desalinearse de la dinámica real de solicitudes y generar impactos económicos significativos para el Estado. Además, advirtió que si los convenios no se ajustan adecuadamente a las variaciones en el flujo de usuarios —tanto en Colombia como en los consulados— podrían presentarse interrupciones en la expedición de pasaportes.

Frente a estos señalamientos, la ministra de Relaciones Exteriores, Rosa Villavicencio, solicitó a la Gerencia de la Imprenta Nacional revisar las observaciones y adoptar las recomendaciones necesarias para asegurar que el proceso se mantenga conforme a la normativa vigente.

La Cancillería reiteró que la prioridad es evitar cualquier afectación a los ciudadanos y mantener la expedición activa y continua.

En materia de tarifas, el Ministerio aclaró que no se contemplan incrementos extraordinarios. “Cualquier ajuste estará ligado estrictamente al Índice de Precios al Consumidor (IPC)”, señaló la entidad, destacando que en los últimos dos años los precios se han mantenido estables para evitar sobrecostos a los usuarios.

El Gobierno ha defendido que el nuevo modelo no solo busca resolver una coyuntura contractual, sino consolidar una política de mayor control estatal sobre la producción de documentos estratégicos.

Petro insistió en que la gestión directa y la adopción de tecnología avanzada permitirán reforzar la protección de datos personales y reducir riesgos asociados a la tercerización del servicio.