El exfiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, afirmó que la divulgación de la historia médica de Kevin Acosta constituye un delito conforme al Código Penal. Su pronunciamiento surge tras la difusión pública de información clínica del menor fallecido por parte de la Nueva EPS y su utilización por parte del presidente Gustavo Petro en un acto público.
A través de sus redes sociales, Barbosa expresó que la Nueva EPS no debió entregar la información médica, al considerar que dicha acción vulnera el derecho a la privacidad del menor y su familia. El exfiscal citó el artículo 269F del Código Penal, que sanciona la divulgación de datos personales sin autorización, y recordó que la ley contempla penas de prisión de cuarenta y ocho a noventa y seis meses y multas de 100 a 1000 salarios mínimos legales mensuales vigentes para quienes incurran en esta conducta.
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En su mensaje, Barbosa enfatizó que la protección de los datos personales es un principio fundamental en el país y que, en este caso, “revelar la historia médica del menor fallecido Kevin Acosta es un delito”. Además, subrayó que la responsabilidad de la Nueva EPS resulta ineludible al haber entregado la información clínica, ya que solo puede ser compartida bajo circunstancias excepcionales y con la debida autorización.
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El uso de la historia clínica en la alocución presidencial
La polémica se intensificó después de que el presidente Gustavo Petro leyó públicamente fragmentos del expediente médico de Kevin Acosta durante un evento multitudinario. Petro justificó la lectura argumentando que pretendía contrarrestar las versiones que responsabilizan al Gobierno nacional por el fallecimiento del menor, quien padecía hemofilia y murió en Bogotá tras complicaciones derivadas de un accidente.
El mandatario detalló que el niño sufrió un accidente y fue remitido a un hospital en Palestina, Huila, donde posteriormente fue trasladado a Pitalito ante la gravedad de las lesiones. Según la versión presidencial, en ese centro médico se recomendó una intervención quirúrgica, pero la madre de Kevin Acosta habría rechazado el procedimiento y solicitado priorizar el tratamiento clínico. El menor fue llevado finalmente a Bogotá, donde falleció.
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Petro señaló que existe un documento firmado por la madre del menor, fechado el 8 de febrero, en el que habría manifestado su negativa a la intervención quirúrgica. El presidente explicó que su intención al compartir esta información fue desmentir las acusaciones de negligencia estatal y aclarar que la familia recibió el medicamento necesario para el tratamiento hasta diciembre.
Debate sobre responsabilidad y acceso al medicamento
En su alocución, el presidente también afirmó que el menor había recibido por última vez el medicamento correspondiente para su tratamiento el 14 de diciembre. Señaló que, debido a un traslado de la familia, no se entregó la dosis correspondiente al mes de enero.
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De acuerdo con la versión oficial, fue durante ese período cuando el niño sufrió la caída que desencadenó las complicaciones médicas que derivaron en su fallecimiento.
El mandatario defendió su decisión de revelar el contenido del expediente médico argumentando que lo hizo para contrarrestar versiones que responsabilizaban al Gobierno nacional de la muerte del menor.
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“No mentimos anoche. No estamos tapando algo con otra cosa. No hacemos lo que hacen aquí con los miles de niños que han muerto por falta de agua potable. Aún hay que investigar más”, expresó, al tiempo que aseguró que aún deben adelantarse investigaciones para establecer responsabilidades, si las hay.
Reacciones en redes y críticas al Gobierno
Las declaraciones del presidente y del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, generaron una fuerte reacción en redes sociales. Usuarios cuestionaron la exposición pública de información médica sensible y señalaron que se habría vulnerado la privacidad de la familia.
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Para Barbosa, la divulgación de la historia clínica no solo es jurídicamente reprochable, sino que también afecta derechos fundamentales. En su pronunciamiento insistió en que la protección de datos personales, especialmente tratándose de menores de edad, es un deber legal y constitucional.
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