El asesinato de Enrique Cumbalaza, líder indígena de Cumbal (Nariño), a manos de varios hombres encapuchados y armados, en una zona del resguardo indígena El Gran Cumbal, desató una ola de rechazo e indignación en sus habitantes.
El hecho ocurrió hacia el mediodía del martes 17 de febrero de 2026, cuando sujetos armados dispararon contra Cumbalaza, reconocido defensor de los derechos territoriales y figura clave del Pueblo de los Pastos.
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La Alcaldía Municipal de Cumbal expresó sus condolencias por el fallecimiento del líder indígena, con un mensaje encabezado por el alcalde Héctor Andrés Tapie Alpala y la gestora social Doris Tapie, al enfatizar que “la protección de la vida es un principio fundamental que debe garantizarse sin excepción ni discriminación alguna”.
Su hermana también fue víctima de la violencia
El crimen adquiere mayor gravedad al conocerse que hace cuatro años la hermana de la víctima, Carmen Ofelia Cumbalaza, también fue asesinada en circunstancias similares que, hasta la fecha, permanece sin esclarecerse y sin que los responsables hayan sido judicializados, lo que incrementa la preocupación ante la persistencia de la impunidad en la región.
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Durante más de 30 años, Enrique Cumbalaza se destacó por su trabajo en el fortalecimiento de los procesos organizativos del Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia (Aico) desde su territorio ancestral. Diversas organizaciones sociales y la comunidad del municipio de Cumbal han exigido a las autoridades la identificación y judicialización tanto de los autores materiales como de los intelectuales del crimen, así como la implementación de garantías efectivas de protección colectiva y mayor presencia institucional en el territorio indígena.
La familiaridad de la violencia se evidencia en la denuncia pública de Damaris Cumbalaza, que reclamó acciones inmediatas, eficaces y verificables para que las autoridades capturen y judicialicen a los responsables, advirtiendo que la impunidad prolongada alimenta la repetición de la violencia contra los pueblos indígenas y sus líderes sociales.
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“No aceptaremos más silencio, ni dilaciones, ni expedientes archivados. La justicia debe actuar con contundencia, porque la vida de nuestros líderes no es negociable y la memoria de Enrique Cumbalaza exige verdad, justicia y no repetición”, indicó Cumbalaza, que sería familiar del fallecido líder.
Muerte de otros líderes en los últimos días
A la muerte de Enrique Cumbalaza, se suman otros hechos de sangre recientes que agravan el panorama para los defensores de derechos humanos y firmantes de paz en el país.
En menos de 36 horas, Heber Asprilla Rivas, firmante del Acuerdo de Paz de 2016, fue asesinado en Guapi (Cauca), y José Albino Cañas Ramírez, reconocido cabildante indígena, fue víctima de homicidio en Riosucio (Caldas), en ataques atribuidos a la acción de grupos armados ilegales en territorios donde la alerta es constante.
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Heber Asprilla Rivas, identificado como el primer firmante del acuerdo de paz asesinado en 2026, participaba activamente en procesos de reincorporación y formación en economía social tras su paso por el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (Etcr) Ariel Aldana en Tumaco (Nariño).
Las advertencias tempranas de la Defensoría del Pueblo, a través de la AT 013/25 y la AT 033/20, ya alertaban sobre el riesgo permanente en Guapi por la presencia y disputa entre grupos armados como el Frente 30 Rafael Aguilera y el Frente Carlos Patiño del Bloque Occidental Jacobo Arenas del EMC, el ELN y grupos locales. Estas organizaciones imponen normas y ejercen formas ilegales de gobernanza que agravan la vulnerabilidad de la población civil y de quienes impulsan procesos de paz.
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Por su parte, José Albino Cañas Ramírez ejercía como cabildante de la comunidad de Portochuelo en el resguardo indígena Cañamomo y Lomaprieta, en Riosucio. Fue atacado por hombres armados en la vereda Portochuelo, hecho que también dejó a una mujer herida.
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