Si el Gobierno nacional mantiene o incrementa el salario mínimo en un 23,7%, más de 700.000 empleos formales correrían riesgo de desaparecer de forma inmediata. El impacto sería especialmente grave para los 2,1 millones de desempleados y los más de 13 millones de trabajadores informales que existen en la actualidad en el país.
Así lo advirtió un estudio elaborado por la Federación Nacional de Comerciantes Empresarios (Fenalco) en el que se sostiene que el incremento afectaría en mayor medida a más de un millón de micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), responsables del 93% del tejido empresarial nacional. De acuerdo con el presidente del gremio, Jaime Cabal, un aumento de tal magnitud dificultaría la sostenibilidad de estas empresas y favorecería la expansión de la informalidad laboral.
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“El comercio necesita reglas claras y decisiones responsables”, destacó el líder gremial, que estuvo en la reunión de la Comisión de Concertación que elabora un nuevo decreto ante la suspensión provisional que hizo el Consejo de Estado sobre el mismo y en la que presentó una carta en la que alertó que el resultado de la fijación de un salario mínimo exorbitante ya empieza a sentirse. También señaló que “un aumento excesivo del salario mínimo debilita a las micro y pequeñas empresas, impulsa la informalidad y termina afectando a los mismos trabajadores que se busca proteger”.
Las consecuencias de un ajuste considerable del salario se perciben con mayor fuerza en sectores donde la inflación anual, medida entre enero de 2025 y enero de 2026, registra alzas notables:
- Transporte: 25%.
- Comida fuera del hogar: 39%.
- Salud: 20%.
Según el análisis, el aumento de precios golpearía, sobre todo, a las familias con menores ingresos. De acuerdo con el gremio, más de un millón de micro, pequeñas y medianas empresas enfrentan en la actualidad incrementos superiores al 20% en las cuotas de administración, debido sobre todo al aumento de los costos de vigilancia y a la crisis de seguridad en distintas regiones.
Por qué no se puede reabrir el debate del aumento del salario mínimo
Fenalco enfatizó que no es jurídicamente posible reabrir el debate sobre los parámetros técnicos ni modificar las cifras oficiales dentro de la mesa de concertación. Las estadísticas económicas ya están definidas y deben respaldarse con fuentes oficiales. “No es posible reabrir la discusión ni cambiar los parámetros técnicos establecidos”, manifestó Cabal.
Y es que el Consejo de Estado recordó que el decreto previo relacionado con el salario mínimo fue suspendido, dado que no explicaba de forma verificable cómo los factores legales —inflación, productividad y crecimiento del PIB— influyeron en la cifra final. Cabal puntualizó que “aunque las cifras fueron mencionadas, no fueron ponderadas ni se presentó una operación lógica que permitiera reconstruir el peso específico de cada variable en la determinación final”.
Qué establece el proceso legal
El proceso legal establece que el Gobierno nacional debe expedir un nuevo decreto en un plazo máximo de ocho días, siguiendo de manera estricta los criterios definidos por la Ley 278 de 1996. Las cifras y datos utilizados deben proceder de fuentes oficiales y no pueden repetirse los contenidos del decreto anterior. Además, la fase de consenso con la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales ya concluyó, por lo que no se pueden modificar los parámetros técnicos ni las cifras.
De igual manera, el dirigente advirtió que apartarse del rigor técnico en este procedimiento generaría incertidumbre jurídica y pondría en entredicho el cumplimiento de las reglas legales diseñadas para la política salarial. “Cuando el salario mínimo se aparta de la productividad y de la inflación real, se afecta el empleo formal y se generan presiones inflacionarias adicionales”, apuntó.
El informe de la Federación también cita la posición de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que en su “Guía sobre políticas del salario mínimo” indica que establecer un salario mínimo demasiado alto, o aprobar alzas significativas, puede provocar efectos adversos por el encarecimiento de los costos laborales para los empleadores.
Gravedad de la informalidad laboral
El gremio sostiene que los incrementos desmedidos agravan la informalidad laboral y afectan el bienestar de las familias. Los efectos se perciben ya por medio de los aumentos en los precios de sectores esenciales y por la mayor incertidumbre en un entorno político y electoral sensible.
La organización recalcó que la política salarial más eficaz es aquella que prioriza el crecimiento sostenible y la estabilidad del empleo, lo que favorece la confianza a mediano y largo plazo. Insiste en que las acciones de corto plazo, motivadas por coyunturas inmediatas, suelen perjudicar el interés general y no ofrecen soluciones duraderas para los colombianos.
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