La amenaza armada contra periodistas en el sur de Colombia ha escalado tras la declaración pública del Frente Carolina Ramírez de las disidencias de las Farc, lideradas por Néstor Gregorio Vera Fernández, alias Iván Mordisco, que convirtió en “objetivo militar” a comunicadores de Mocoa, en Putumayo.
Esto desató una cacería que impacta tanto a los medios locales como a sus familias, señaló un informe por parte de la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) emitido la tarde del viernes 13 de febrero de 2026.
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El temor se intensificó luego de que una fuente advirtiera la existencia de una autorización explícita para ejecutar un atentado, lo que provocó alarma en organizaciones de derechos humanos y libertad de prensa, que reclaman respuestas inmediatas de las autoridades para evitar un desenlace fatal, señaló el diario El Tiempo.
La Flip evidenció este agravamiento al destacar que las condiciones para ejercer el periodismo en zonas de conflicto se deterioran de manera acelerada.
Adicional a lo anterior, se constató que los periodistas Dubán García y Hamilton Obando, de Al Día Noticias en Mocoa, sufren amenazas y coacciones directas, que se recrudecen por las disputas territoriales entre estructuras armadas como el Frente Carolina Ramírez –vinculado al Estado Mayor Central (EMC)– y los Comandos de Frontera, liderados por el hoy detenido Geovany Andrés Rojas, alias Araña.
El saldo por ataques a periodistas y desplazamientos en Colombia durante 2025: esto reveló la Flip
El informe anual de la Flip registró que en 2025 hubo 469 agresiones contra periodistas en Colombia, incluidas amenazas, hostigamientos, desplazamientos forzados, exilios, acoso verbal y judicial y ataques con explosivos.
De este total, 15 comunicadores tuvieron que abandonar sus territorios: cuatro de Antioquia, tres de Norte de Santander, dos de Nariño y uno respectivamente en Caldas, Córdoba, Guaviare, Huila y Magdalena.
Uno de los casos más graves fue el de Gustavo Chicangana, vinculado a Guaviare Estéreo, Caracol Radio y corresponsal de la Flip, que recibió cuatro heridas de bala tras un atentado a quemarropa a la salida de su casa en julio, y presenciado por su hija.
Este ataque obligó a Chicangana a trasladarse para salvaguardar su vida.
Además, siete periodistas se vieron forzados al exilio: cuatro hombres y tres mujeres procedentes del Huila, Antioquia, Atlántico y Bogotá, dejando a la vista una tendencia persistente de persecución a la prensa.
En otro aparte del informe por parte de la FLIP también se denunció que al menos 26 periodistas de 21 medios diferentes sufrieron acoso judicial, una estrategia que criminaliza y restringe la labor informativa.
Control y censura: la información como botín de guerra
El hostigamiento contra Dubán García y Hamilton Obando no es un hecho aislado ni reciente.
Ambos han padecido retenciones a manos de hombres armados que les exigieron producir y difundir contenidos favorables a esas estructuras ilegales.
La amenaza incluía represalias directas no solo contra ellos, sino también contra sus familias en caso de desobediencia, como parte de un intento sistemático de controlar el flujo informativo sobre el conflicto en Putumayo.
En enero, un panfleto dejó constancia explícita de la declaración de objetivo militar para ambos periodistas, instándolos a abandonar la región bajo advertencias que incluían ataques aun cuando contaran con protección oficial.
Frente a la inminencia del riesgo, la Flip le solicitó a la Unidad Nacional de Protección (UNP) que active sin demora los protocolos de emergencia y fortalezca los esquemas de seguridad.
Al mismo tiempo, la fundación exigió coordinación con la Fuerza Pública para garantizar condiciones reales de protección tanto para los periodistas amenazados como para sus equipos y familias.
En tanto que organizaciones de defensa de la prensa advirtieron en su pronunciamiento que el control de la información y el silenciamiento de voces críticas “forma parte de las dinámicas de poder que buscan imponer los grupos criminales”, reza en el comunicado.
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