Disidencias de las Farc negaron haber secuestrado a la senadora Aida Quilcué: “No tenemos nada en contra de la dirigente indígena”

Las disidencias de las Farc, a través de un comunicado firmado por el denominado Estado Mayor Central de las antiguas Farc-EP, negaron cualquier responsabilidad en el secuestro exprés de la senadora indígena Aida Quilcué, ocurrido el 10 de febrero de 2026 en la vía que conecta los municipios de Inzá y Totoró, en el departamento del Cauca.

El pronunciamiento, fechado el 11 de febrero y difundido en plataformas digitales, se conoció un día después de que la Fiscalía General de la Nación y autoridades regionales atribuyeran el hecho a la columna móvil Dagoberto Ramos, estructura disidente que tiene fuerte presencia en esa zona del país y que, según el reporte oficial, habría actuado con fines de intimidación política.

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En el documento, el grupo armado señala que “no tenemos nada en contra de la dirigente indígena y senadora Aida Quilcué” y afirma que valora su labor en el Congreso en defensa de las comunidades rurales. Asimismo, celebra que haya recuperado su libertad “sana y salva”, tras permanecer retenida durante aproximadamente cuatro horas junto a su esquema de seguridad.

Las disidencias sostienen que, una vez se conoció el secuestro, miembros de la comunidad internacional y autoridades indígenas se habrían comunicado con integrantes de las Farc-EP para informar sobre lo sucedido. Según su versión, negaron de inmediato cualquier responsabilidad y, a solicitud de esas autoridades, dispusieron unidades para “ayudar a encontrar el vehículo y sus ocupantes”.

En el texto también plantean que en el Cauca se estarían desarrollando supuestas “operaciones de bandera falsa” con el propósito de justificar intervenciones militares y mejorar la imagen de la Fuerza Pública. Incluso sugieren que este tipo de hechos podrían enmarcarse en dinámicas políticas más amplias, orientadas a generar temor en la población.

Otro de los puntos centrales del comunicado es el cuestionamiento a las versiones entregadas por la propia senadora. El grupo armado asegura que, en una rueda de prensa realizada en instalaciones de la Tercera Brigada del Ejército, Quilcué manifestó que las personas que la retuvieron “nunca se identificaron”. Sin embargo, señalan que en declaraciones posteriores a Blu Radio afirmó que los responsables se presentaron como integrantes de la columna Dagoberto Ramos.

“Esperamos que esto se aclare”, indica el documento, al tiempo que pide explicaciones a las autoridades indígenas sobre por qué no se registraron capturas durante el operativo que permitió la liberación de la congresista. El comunicado concluye con consignas históricas del grupo insurgente y está acompañado de símbolos alusivos a las Farc-EP.

¿Cómo van las investigaciones sobre el secuestro de la senadora Aida Quilcué?

El secuestro de Aida Quilcué provocó un fuerte rechazo en distintos sectores políticos y sociales del país. La senadora fue interceptada por hombres armados con fusiles mientras se desplazaba en su vehículo oficial. Tras su liberación, lograda el mismo día gracias a la movilización de la Guardia Indígena y la presión de operativos militares, fue trasladada a Popayán bajo estrictas medidas de seguridad.

Posteriormente, la congresista anunció que interpuso la denuncia formal ante las autoridades y aprovechó espacios institucionales para exigir al Gobierno Nacional mayores garantías de protección para líderes sociales y comunidades étnicas, que enfrentan un contexto de creciente riesgo en el Cauca debido al control territorial de grupos armados ilegales.

Hasta el momento, la Fiscalía no se ha pronunciado sobre el contenido específico del comunicado difundido por las disidencias. La investigación continúa en curso para esclarecer las circunstancias del secuestro y establecer responsabilidades en un caso que vuelve a evidenciar la compleja situación de orden público que persiste en esa región del suroccidente colombiano.

Organizaciones sociales del Cauca advirtieron que este episodio profundiza la sensación de vulnerabilidad en los territorios indígenas y reclamaron mayor articulación entre el Estado y las autoridades ancestrales para prevenir nuevas acciones armadas contra sus líderes.