Aunque se había mantenido fuera de los reflectores desde su regreso a Colombia en 2025, en la mañana del martes 26 de mayo se conoció que el exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons ya concretó su salida de prisión tras cumplir la totalidad de la pena impuesta por corrupcion.
La noticia fue confirmada por fuentes del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario a El Espectador, cerrando así uno de los capítulos judiciales más notorios de la política regional.
El exmandatario había sido extraditado desde Estados Unidos a Colombia en julio de 2025, tras cumplir parte de la condena en el extranjero. La Corte Suprema de Justicia lo condenó en 2018 por encabezar una red que desvió 9.000 millones de pesos en regalías del departamento mientras ejercía como gobernador entre 2012 y 2015. La sentencia fue resultado de un preacuerdo con la Fiscalía y contemplaba una pena de cinco años y tres meses.
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Lyons figuró como testigo protegido de la DEA, colaborando con autoridades estadounidenses y colombianas. Su testimonio fue determinante para que se procesara a más de 20 personas involucradas en el llamado cartel de la toga, una estructura dedicada a manipular fallos judiciales y archivar procesos mediante sobornos a magistrados y funcionarios del alto tribunal.
Tras quedar en libertad en Estados Unidos por orden de un juez, Lyons solicitó su regreso voluntario a Colombia. A su arribo, la solicitud de extradición seguía vigente y fue trasladado directamente a La Picota el 4 de agosto de 2025, donde terminó de cumplir la condena.
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El exgobernador enfrentó cargos por concierto para delinquir y fue hallado responsable de apropiarse de 8.900 millones a través de contratos del Fondo de Innovación, Ciencia y Tecnología, en complicidad con los exsenadores Musa Besaile y Edwin Besaile, según la Fiscalía.
El caso Lyons también puso bajo la lupa el Cartel de la Hemofilia, una red que permitió desviar más de 7.000 millones de pesos del sector salud mediante pagos indebidos a una IPS, sin contratos formales, destinados a pacientes hemofílicos.
La excarcelación de Lyons se produjo tras verificar el cumplimiento íntegro de la pena, lo que implica que ya no pesa ninguna restricción judicial sobre su libertad. El hecho marca el cierre judicial de un proceso que combinó cooperación con la justicia internacional y la revelación de redes de corrupción en las altas esferas.
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Un capítulo aún sin resolver: el crimen de Jairo Zapa
A pesar de la culminación de la condena contra Lyons, persiste un episodio abierto en la justicia de Córdoba: el asesinato de Jairo Zapa Pérez, exdirector de Regalías del departamento.
El cuerpo de Zapa fue hallado el 4 de agosto de 2014, en una fosa cercana a una finca perteneciente al entonces gobernador. La investigación de la Fiscalía vincula este crimen a las mismas irregularidades en los contratos de regalías por ciencia y tecnología, que han salpicado a varios exfuncionarios.
La Fiscalía citó a Lyons a rendir declaración en el marco de este proceso, mientras que la familia de Zapa mantiene la exigencia de justicia. La muerte permanece sin esclarecer completamente, y representa una de las aristas más críticas del entramado de corrupción que sacudió al departamento.
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La declaración de Lyons no solo permitió avanzar en las investigaciones contra el cartel de la toga, sino que facilitó sentencias contra exsenadores y funcionarios implicados en la desviación de recursos públicos en Córdoba.
De acuerdo con la Procuraduría, la estructura corrupta que operó durante su mandato desvió fondos destinados a la innovación y la salud, afectando gravemente la gestión pública regional.
Aunque la justicia dio por concluida la condena contra el exgobernador, quedan pendientes episodios como el asesinato de Zapa, que siguen exigiendo respuestas y esclarecimiento.
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