El ministro de Defensa ordenó una Junta de Inteligencia Conjunta para reforzar la seguridad de Petro tras denuncia de presunto complot

El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, confirmó que el Gobierno nacional activará una Junta de Inteligencia Conjunta (JIC) para evaluar y reforzar las medidas de seguridad del presidente Gustavo Petro, luego de las denuncias sobre un presunto complot que habría buscado sabotear la agenda presidencial y poner en riesgo al jefe de Estado.

El anuncio fue hecho a través de un mensaje publicado en su cuenta oficial en la red social X, en medio de una creciente tensión entre el Ejecutivo y la Fuerza Pública.

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“Nada puede ni debe ocurrirle al Presidente de la República de Colombia”, escribió Sánchez en su pronunciamiento público. En el mismo mensaje, subrayó que la seguridad del mandatario, elegido democráticamente, “es un asunto de Estado y una responsabilidad indeclinable de todas las instituciones”, marcando la línea oficial del Gobierno frente a las alertas de inteligencia reveladas en los últimos días.

Según explicó el ministro en la publicación, ordenó a la cúpula de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional activar y fortalecer todas sus capacidades de inteligencia y contrainteligencia, en coordinación con Interpol y organismos internacionales con los que Colombia mantiene convenios de cooperación.

El objetivo, señaló, es anticipar, identificar y neutralizar cualquier amenaza que pueda existir contra el presidente Gustavo Petro.

El pronunciamiento de Sánchez se dio luego de que el propio mandatario revelara la existencia de informes de inteligencia que advertían sobre un supuesto plan para introducir sustancias alucinógenas en uno de los vehículos del esquema presidencial, con el fin de afectar un encuentro de alto nivel con el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

De acuerdo con el presidente, esta información motivó decisiones inmediatas dentro de la Policía Nacional y encendió las alarmas sobre posibles infiltraciones en estructuras de seguridad del Estado.

En su mensaje en X, el ministro de Defensa precisó que la información que se recopile en los próximos días será analizada en una Junta de Inteligencia Conjunta, instancia encargada de evaluar los riesgos y definir las decisiones en materia de inteligencia, contrainteligencia y operaciones. “Para tomar las decisiones a que haya lugar”, indicó Sánchez, dejando abierta la posibilidad de nuevas medidas o ajustes en los esquemas de seguridad.

Asimismo, anunció que todos los datos e informes disponibles serán puestos en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación, con el propósito de identificar y judicializar a quienes estén detrás de las presuntas amenazas. Según el Gobierno, se busca que el proceso tenga un componente técnico y judicial que permita esclarecer los hechos y establecer responsabilidades penales.

La salida de Urrego de la institución

Este contexto coincide con la salida del general Edwin Urrego de la Policía Nacional, quien hasta hace pocos días se desempeñaba como comandante de la Policía Metropolitana de Cali.

Su retiro fue formalizado mediante el decreto 0147 del 11 de febrero, expedido por el Ministerio de Defensa, bajo la figura de “llamamiento a calificar servicios”, contemplada en la Ley 857 de 2003.

Aunque las autoridades no han detallado públicamente el nivel de involucramiento de cada funcionario, se confirmó que la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) identificó a un grupo de uniformados que, presuntamente, habría recibido instrucciones para interferir en la agenda del presidente.

Intentos periodísticos por obtener declaraciones del director de la DNI, René Guarín, no tuvieron éxito. Según reportes de prensa, el funcionario no respondió a las consultas relacionadas con la supuesta operación de sabotaje presidencial.

Por su parte, el general retirado Edwin Urrego rechazó categóricamente los señalamientos. Desde su perspectiva, la decisión tomada por la Casa de Nariño carece de fundamento sólido: “Primero, obviamente, empezar las acciones legales, porque sería una decisión basada en una desinformación y, por eso, pido que se profundice en la investigación para que todo se aclare”, afirmó el oficial a SEMANA.

Urrego, quien lideró acciones de alto perfil como el allanamiento a la residencia del entonces ministro del Interior, negó de forma categórica cualquier vínculo con la conspiración que se le imputa.

“Yo me encuentro sorprendido por lo que ha acontecido, por esa información que se le ha suministrado al señor presidente, que no se ajusta a la realidad; es realmente una desinformación”, subrayó Urrego.

El general consideró que la seriedad de las afirmaciones presidenciales exige no solo acción legal, sino una intervención firme ante el impacto potencial de estos señalamientos en instancias penales.

“Las acciones legales deben ir acompañadas o ir de frente a esa hipótesis, frente a esa situación. Esas manifestaciones hechas por el señor presidente son delicadas y tienen trascendencia incluso en lo penal. Entonces, obviamente, tendría que iniciar acciones legales también en ese sentido”, afirmó el general.