La Fiscalía de Ecuador reveló que una facción de las disidencias de las Farc habría participado en el el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, ocurrido el 9 de agosto de 2023 en Quito.
La información fue revelada por el ente acusatorio del vecino país durante la audiencia celebrada contra Wilmer Chavarría, alias Pipo, líder máximo de la organización criminal ecuatoriana Los Lobos, y señalado como responsable directo del ataque contra el político ecuatoriano.
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Según la investigación realizada por la entidad, hubo una cooperación entre miembros de Los Lobos y las disidencias de las Farc para la planificación y ejecución del magnicidio, motivada por el pago de grandes sumas de dinero a instancias de cuatro presuntos autores intelectuales.
Un testigo protegido, identificado como M.N.L.S., declaró al proceso que alias Gordo Luis, segundo al mando de Los Lobos “se encargó de entregar una fuerte cantidad de dinero a las disidencias de las Farc, con el fin de contratar a los sicarios que asesinaron a Fernando Villavicencio”.
Según la Fiscalía ecuatoriana, los sicarios responsables de la ejecución eran en su mayoría colombianos y formaban parte de redes articuladas por estos grupos criminales.
Otros detalles de la investigación
De otro lado, la Fiscalía de Ecuador detalló que, tras la muerte de Luis Antonio Norero Tigua, conocido como Leandro Norero o ‘El Patrón’, quien fue considerado como uno de los principales narcotraficantes de ese país, los organizadores del crimen acudieron directamente a ‘Pipo’ para que su estructura coordinara el asesinato de Villavicencio.
La investigación estableció que, una vez recibido el pago acordado, alias Pipo activó la organización y delegó a distintos integrantes tareas de comunicación, seguimiento y supervisión del operativo.
Además, la acusación menciona que Pipo accedió a información confidencial sobre supuestos contactos policiales encargados de la seguridad de Villavicencio, información que “presuntamente fue utilizada y triangulada para la ejecución del crimen”, según indicó la Fiscalía ecuatoriana.
Por este proceso, un total de cinco personas han sido condenadas a prisión como autores materiales hasta la fecha, incluyendo a alias El Invisible, identificado como uno de los ejecutores principales, así como alias Pipo, en la que la justicia ecuatoriana ordenó su prisión preventiva. Otros ocho involucrados han muerto antes de llegar a juicio, entre ellos siete sicarios colombianos que participaron directamente en el ataque.
Dentro de la causa también figuran como procesados el exministro José Serrano, los empresarios Xavier Jordán y Daniel Salcedo, así como el exasambleísta Ronny Aleaga. Todos ellos enfrentan cargos como presuntos autores mediatos del delito de asesinato.
Presencia de las disidencias en Ecuador
La escalada de las disidencias de las Farc en Ecuador ha transformado a estos grupos armados en una pieza central del crimen transnacional y la violencia interna.
Según estimaciones de las autroridades del vecino país, estas organizaciones han logrado avanzar hasta 160 kilómetros desde la frontera, patrullando zonas y distribuyendo panfletos en diversas poblaciones civiles.
Durante 2024 y 2025, la minería ilegal experimentó una expansión sin precedentes en el Alto Punino, impulsada por el control territorial de estas facciones. El dominio de rutas de narcotráfico y el crecimiento de las economías ilícitas han ido acompañados de altos niveles de deforestación minera, según mencionaron la fuerza pública ecuatoriana.
A comienzo de 2026, el Gobierno de Ecuador tipificó a las disidencias de las Farc como Grupos Armados Organizados (GAO) y las identificó abiertamente como objetivos militares.
Entre las estructuras con actividad destacada se encuentran el Frente Iván Ríos, con capturas recientes de líderes como Ángel Polibio Q., y los Comandos de la Frontera (CDF), que operan en la Amazonía, teniendo en cuenta que esta estructura armada fue responsables del asesinato de 11 militares ecuatorianos en Sucumbíos y Orellana (Ecuador), ocurrido en mayo de 2025.
Otras facciones, como la Segunda Marquetalia y el Estado Mayor Central (EMC), emplean el territorio de Ecuador como base logística y corredor para el transporte de cocaína hacia los puertos del Pacífico.
Por esta razón, el presidente ecuatoriano Daniel Noboa anunció un arancel del 30% a Colombia por la supuesta falta de cooperación en seguridad en la lucha contra el narcotráfico, lo que provocó una crisis diplomática entre ambas naciones.
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