Petro solicitó a la Corte Constitucional reactivar el decreto de emergencia económica ante crisis humanitaria en el Caribe

El presidente de Colombia, Gustavo Petro Urrego, solicitó a la Corte Constitucional considerar el levantamiento de la suspensión del Decreto Legislativo 1390 de 2025 de emergencia económica tras el empeoramiento de la situación humanitaria en los departamentos de Córdoba y Sucre.

Según la carta enviada por el mandatario, la crisis se intensificó en las últimas semanas, dejando al menos 14 personas fallecidas, más de 9.000 viviendas destruidas y cerca de 300.000 personas afectadas.

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La misiva, dirigida a las magistradas y magistrados del alto tribunal, detalla que el Gobierno acató la suspensión del decreto, pero advierte que la emergencia escaló a un nivel sin precedentes. El Ejecutivo reportó que más de 35.000 hectáreas productivas permanecen inundadas y que el sustento alimentario de miles de hogares está comprometido. “Una emergencia que ya está cobrando vidas”, señala el documento.

Causas extraordinarias y fenómeno climático sin precedentes

La administración de Petro atribuye la gravedad actual a la llegada de un frente frío de origen ártico al Caribe colombiano, acompañado de lluvias cuya intensidad no tiene registros previos en la región. El Gobierno sostiene que, aunque existían riesgos asociados al cambio climático, la situación actual no corresponde a una evolución previsible de esos riesgos.

“Lo que enfrenta Colombia en este momento supera cualquier escenario razonable de anticipación: no se podía prever ni su magnitud, ni su simultaneidad, ni el impacto humano que hoy se constata”, advierte el presidente. El Ejecutivo subrayó que informes técnicos anticipan la posible llegada de un nuevo frente frío, lo que podría agravar aún más la tragedia.

Limitaciones institucionales y llamado urgente

El presidente recalcó que el Gobierno nacional mantiene una acción coordinada a través del Consejo Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, pero advirtió que la suspensión del decreto limita la capacidad del Estado para actuar con rapidez y alcance suficientes.

De acuerdo con lo expresado por el mandatario, “cada día que pasa sin contar con todas las herramientas constitucionales disponibles significa más sufrimiento, más pérdidas y más riesgo para comunidades que ya han sido golpeadas duramente”.

Es preciso mencionar que, el escrito enfatiza que la solicitud no responde a un interés político ni ideológico, sino a la urgencia de proteger vidas humanas y evitar daños irreparables. “Aquí está en juego la vida de las personas, la protección de familias enteras y la posibilidad de evitar daños irreparables”, afirmó Petro Urrego.

Argumentos ante la Corte Constitucional

En la comunicación, el presidente subrayó el respeto a la labor de la Corte Constitucional y al control institucional, pero insistió en que los hechos sobrevinientes requieren una respuesta inmediata. “Gobernar en democracia implica respetar el control constitucional, pero también asumir la responsabilidad de proteger a la población cuando la urgencia es real y apremiante”, expuso.

La carta concluyó con el pedido formal de levantar la suspensión del Decreto Legislativo 1390 de 2025 para que el Estado pueda responder de manera eficaz ante una crisis que, según el Gobierno nacional, desbordó cualquier previsión inicial. “Levantar la suspensión del decreto no es un gesto político: es una decisión humana, constitucional y necesaria para salvar vidas”, finaliza la misiva.

Posibles escenarios y próximos pasos

El pronunciamiento presidencial llega mientras persisten las alertas por la continuidad del fenómeno climático. El Ejecutivo advirtió que la emergencia podría profundizarse, lo que genera expectativas sobre la decisión que la Corte Constitucional adoptará en las próximas horas o días, en medio de la presión institucional y social.

En uno de los pasajes centrales de la carta, Petro enfatizó la urgencia de la situación: “No es una discusión política: es una urgencia humana”, subrayando que la vida y la dignidad de la población dependen de una respuesta inmediata del Estado colombiano.