La Fiscalía emitió el viernes 6 de febrero de 2026 un sentido de fallo condenatorio contra cinco escoltas de la familia de Greeicy Rendón, al hallarlos responsables del secuestro y la tortura de dos trabajadores de la finca familiar ubicada en Rionegro (Antioquia).
Los hechos se remontan al 8 de marzo de 2023, cuando la familia Rendón denunció el hurto de varios objetos de valor almacenados en una caja fuerte propiedad de la cantante.
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Según la investigación del ente acusador, tras conocerse el robo, los escoltas habrían recurrido a la justicia por mano propia. Las víctimas, identificadas como Francisco Lenis y Elder Ruiz, fueron llevadas a distintas habitaciones de la finca, donde permanecieron privadas de la libertad y sufrieron agresiones físicas durante varias horas.
Fue un vigilante del sector quien alertó a la Policía tras escuchar gritos que provenían del inmueble. El fallo judicial recayó sobre Ariel Armel Ospina Mendieta, Kevin Alexander Bernal, Giovani Alberto Hernández, Brandon Steven Cruz y Gelbert Cárdenas Torres, que habían sido capturados y luego quedaron bajo detención domiciliaria mientras avanzaba el proceso.
La Fiscalía presentó diversas pruebas y declaraciones que respaldarían la acusación. En una de las declaraciones recogidas, una de las víctimas relató: “Luego de un rato me llamó el señor don Alberto, que es el padre de la señora Greecy, y me dice que suba, que los señores necesitan hablar conmigo, y al subir y llegar donde ellos se encontraban, uno me quita el celular, el señor Helbert Cárdenas, y me dice que nos fuéramos para otro lugar diferente, y ellos se quedan con el compañero José Francisco, quien estaba de ayudante conmigo”.
Este testimonio es parte del material probatorio que mostró la manera en la que los trabajadores fueron abordados, incomunicados y sometidos a presión física para exigirles la devolución de los elementos hurtados.
El vigilante que logró dar aviso a las autoridades también brindó su versión sobre los hechos: “Me dijo que don Alberto estaba hablando con dos personas, de esas que llegaron en esa camioneta, que era una gente como rara. Me quedé con la intriga porque ese carro es la primera vez que lo veía ahí… Escucho unos gritos de una voz masculina que decía que él no sabía nada. Esos gritos provenían de la finca de Alberto Rendón, y otra voz masculina le decía que hablaba o hablaba, le dijo también ‘¿va a hablar o no?’ Eso se lo dijo en dos ocasiones”.
La Fiscalía fue enfática en señalar que las declaraciones recopiladas, junto con la evidencia física, demostraron el grado de responsabilidad de los escoltas, conocidos como los “Hombres de Negro”.
El proceso judicial también involucra al padre de la artista, Luis Alberto Rendón, contra quien existe un escrito de acusación pendiente. El sentido de fallo condenatorio por el delito de tortura marca la primera condena en este escándalo que golpeó directamente a Greeicy Rendón y su familia. La lectura de la sentencia quedó programada para el 12 de febrero.
El supuesto rol del padre de Greeicy en el caso
El 28 de enero de 2026, la Fiscalía imputó oficialmente a Luis Alberto Rendón, padre de la cantante, por los delitos de tortura y secuestro agravado, atribuyéndole la calidad de determinador en los hechos registrados en una finca de su propiedad.
La decisión judicial se fundamentó en las denuncias presentadas por los trabajadores del predio, que declararon haber sido víctimas de retención ilegal, ataduras, golpizas y torturas por instrucciones directas de Rendón.
El expediente judicial detalló que durante el episodio también estuvo presente Lucy Ceballos, madre de la artista, que según la acusación habría dialogado con las víctimas para exigirles una confesión sobre el destino de los objetos presuntamente sustraídos. Asimismo, se precisó la supuesta presencia de un menor de edad, nieto de la pareja, que habría permanecido en silencio mientras observaba las agresiones.
Ante estos elementos, las víctimas anunciaron que solicitarán formalmente a los jueces que se examine la posible vinculación de Lucy Ceballos al proceso penal. Argumentan que su participación y comportamiento durante los hechos deben ser objeto de análisis judicial, ya que consideran relevante determinar el grado de involucramiento y responsabilidad en el contexto de las acciones que se investigan.
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