Por primera vez en su historia, la Corte Constitucional de Colombia tendrá a dos mujeres al frente. A partir del 10 de febrero de 2026, Paola Andrea Meneses Mosquera asumirá la Presidencia del tribunal, mientras que Natalia Ángel Cabo ocupará la Vicepresidencia.
Este hecho marca un antes y un después en el liderazgo del máximo órgano de control constitucional, justo en un momento en que las decisiones judiciales están bajo la lupa y la relación con el Gobierno de Gustavo Petro atraviesa momentos tensos.
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Natalia Ángel se posesionará como vicepresidenta de la Corte
La llegada de Natalia Ángel Cabo a la Vicepresidencia asegura, según los acuerdos internos del tribunal, que será presidenta en 2027. Ángel Cabo es reconocida por su independencia: aunque en ocasiones coincide con el Ejecutivo, también ha tomado decisiones que se apartan de la línea oficial, sobre todo en temas de alto impacto.
Abogada de la Universidad de los Andes, Ángel Cabo ha trabajado como consultora para organismos internacionales como la ONU y el Banco Mundial. Actualmente preside la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-025, que trata sobre el desplazamiento forzado interno.
Entre sus decisiones recientes más importantes están la sentencia que relacionó desplazamiento forzado y cambio climático, así como fallos sobre transparencia algorítmica, moderación de contenidos digitales y reformas al sistema de justicia.
Su trayectoria académica es igualmente destacada. Ha dirigido el Departamento de Derecho Constitucional de la Universidad de los Andes y fundó en 2007 el Programa de Acción por la Igualdad y la Inclusión Social (Paiis), enfocado en derechos de poblaciones vulnerables. Además, participa en el Global Constitutional Seminar de Yale y en el Centre for Advanced Studies de la Universidad Humboldt.
Su trabajo ha sido premiado varias veces, incluyendo la “Mejor sentencia en favor de la diversidad y la inclusión” (2023) y la “Mejor sentencia de impacto social” (2024).
Paola Andrea Meneses Mosquera: nueva presidenta con amplia experiencia
Por su parte, Paola Andrea Meneses Mosquera asumirá la Presidencia tras el mandato de Jorge Enrique Ibáñez Najar, reconocido por su enfoque de acercamiento constitucional.
Meneses, abogada de la Pontificia Universidad Javeriana con especializaciones en Colombia y España, ha trabajado en cargos de alto nivel en el sector público y privado, incluyendo la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá, Redassist S.A., la Federación Nacional de Departamentos y la Superintendencia de Subsidio Familiar, entidad a la que llegó durante el gobierno de Iván Duque, con quien mantiene amistad de años.
También se desempeñó como delegada contra la Criminalidad Organizada en la Fiscalía y como asesora jurídica en servicios públicos.
Meneses ha recibido varios reconocimientos por su trabajo en la Corte, como la “Mejor sentencia en favor de la diversidad e inclusión” en 2021 y el premio a la mejor sentencia en los “Premios Sentencias 2024” por su labor en acceso a la justicia de migrantes, respaldado por Acnur, la Cidh y el Comité Internacional de la Cruz Roja.
Además, tiene experiencia docente como profesora de Derecho Constitucional en la Universidad Javeriana y ha impartido clases en la Universidad del Rosario y la Universidad Sergio Arboleda.
Su liderazgo no estará exento de retos. Entre los primeros temas que enfrentará están la emergencia económica y la reforma pensional. De hecho, si prospera la recusación del magistrado Ibáñez, Meneses podría asumir la ponencia de la reforma, lo que le daría aún más protagonismo en la Corte.
Según fuentes del tribunal, suele votar con el bloque conservador, pero también ha declarado impedimentos en casos relacionados con el sector extractivo debido a la vinculación laboral de su esposo con Ecopetrol.
El panorama en la Corte Constitucional se complica con la recusación presentada por la Presidencia contra siete de los nueve magistrados, incluidos Paola Andrea Meneses y Natalia Ángel Cabo, quienes asumirán el liderazgo del tribunal el 10 de febrero.
El recurso, firmado por Augusto Ocampo, secretario jurídico de Palacio, señala que los magistrados podrían verse afectados por el decreto de emergencia económica, que aumenta el impuesto al patrimonio para quienes tienen bienes iguales o superiores a 2.000 millones de pesos, generando un posible conflicto de interés.
La medida llega tras la suspensión provisional del decreto, solicitada por demandas de sectores empresariales y de la oposición. El presidente Gustavo Petro calificó esta suspensión como una “grosería e irrespeto personal” y una “aberración que pone en peligro el orden constitucional”.
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