La diligencia de indagatoria contra Luis Alberto y Rafael Herrera Herrera fue suspendida por dos motivos principales: la renuncia del abogado de Rafael y la queja presentada por la defensa de Luis Alberto, excampeón de la Vuelta a España de 1987.
Esta última acción obliga a que un fiscal delegado ante el Tribunal Superior analice la validez del auto que llamó a indagatoria.
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La ausencia de defensa legal dejó a Rafael Herrera sin posibilidad de comparecer, lo que hizo imposible continuar con el trámite judicial previsto. Por su parte, la queja de la defensa de Luis Alberto busca que la segunda instancia revalúe la decisión de citarlo, lo que agrega un nuevo obstáculo al proceso.
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La investigación, iniciada por la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, se fundamenta en pruebas que indicarían que los hermanos Herrera Herrera habrían recurrido a miembros de las extintas Autodefensas Campesinas del Casanare.
El objetivo habría sido que este grupo armado, que operó en la región del Sumapaz entre 2002 y 2003, retuviera a varios habitantes cercanos a sus propiedades en Fusagasugá.
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El caso permanece a la espera de resoluciones judiciales para definir la reanudación de la diligencia.
Los familiares de dos campesinos recibieron los cuerpos de sus seres queridos en diciembre, seis años después de que las autoridades hallaran los restos. La fiscalía de Colombia confirmó que aún están buscando a las otras dos víctimas, cuyos paraderos siguen sin conocerse.
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La investigación formal, anunciada el 28 de enero, involucra a Luis “Lucho” Herrera, exdeportista de 64 años reconocido por su histórica victoria en la Vuelta a España de 1987.
Según la acusación, dos exparamilitares lo señalaron de haber pagado para que desaparecieran y asesinaran a campesinos que supuestamente se negaron a venderle terrenos en Fusagasugá, localidad ubicada en el centro del país.
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El hermano del exciclista, Rafael Herrera, también fue señalado en las mismas declaraciones. Ambos fueron convocados a una indagatoria que inicialmente estaba prevista para el 6 de febrero, en la que deberán responder por el delito de desaparición forzada. De acuerdo con la legislación colombiana, esta conducta puede acarrear penas de entre 26 y 45 años de prisión.
El proceso judicial se desarrolla bajo la Ley 600 del año 2000, marco legal que regula los procedimientos penales en Colombia para casos de este tipo. La fiscalía explicó que tomó la decisión de abrir la investigación luego de hallar “elementos materiales probatorios” que sugieren la participación de los hermanos Herrera en la entrega de las víctimas a un grupo paramilitar.
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Los hechos investigados ocurrieron en 2002, en el contexto de operaciones de escuadrones de paramilitares, organizados originalmente para enfrentar a las guerrillas comunistas. Los exparamilitares implicados en el caso ya han sido condenados y declararon que los cadáveres de las víctimas habrían sido enterrados en una propiedad vinculada a Lucho Herrera.
El exciclista, conocido como el Jardinerito de Fusagasugá, sostiene que las acusaciones son un intento de “enlodar” su reputación. En junio de 2025, acudió de manera voluntaria con su esposa a una diligencia en la fiscalía, donde negó cualquier relación con estos hechos. No obstante, esa comparecencia no tuvo efectos vinculantes.
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Además, la fiscalía informó que Rafael Herrera deberá responder por otro cargo, el de acceso carnal violento, relacionado con el abuso a una menor de edad, situación que emergió durante la misma investigación.
La programación definitiva de la indagatoria depende ahora de la resolución de la queja presentada por la defensa de Herrera. Solo entonces se determinará la fecha en la que ambos hermanos deberán comparecer formalmente ante la justicia.
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